Aunque persisten múltiples retos, ante los ojos de KPMG, la capacidad operacional del gobierno de Puerto Rico ya no está en duda, y así lo dejó establecido al certificar el Informe Financiero Auditado (CAFR, en inglés) del año fiscal 2019.

Según la carta de la firma de contabilidad y auditoría que acompaña el CAFR 2019, tras la confirmación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, el auditor KPMG cambió su postura en torno a la viabilidad del gobierno puertorriqueño. Ello, por entender que el examen financiero a diversos componentes del gobierno y a los distintos fondos que este gestiona apunta a que la información provista es apropiada y se compiló y calculó utilizando los pronunciamientos o métodos de contabilidad gubernamental requeridos.

A esos efectos, KPMG eliminó la opinión de potencial incapacidad para continuar operando o “going concern” como se conoce en la jerga técnica, y emitió “una opinión limpia”, otro término técnico, cuando se trata del gobierno central y otros fondos como aquellos separados para el plan de pensiones, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), el fondo para pagar la deuda pública y aquellos de la Administración de Servicios de Salud (ASES) y la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

Para el año fiscal 2014-15, cuando era evidente que el gobierno no tenía efectivo suficiente, la isla había perdido su grado de inversión como emisor de deuda y no había plena claridad acerca de cuánto debía el gobierno por concepto de pensiones u otras obligaciones, luego de diferencias con la administración de Alejandro García Padilla, KPMG aceptó certificar los estados financieros, pero emitiendo una opinión cualificada acerca del gobierno central, lo que se considera una señal de alerta.

La decisión de KPMG supone un giro en el perfil financiero del gobierno puertorriqueño, pues la determinación pone fin a los cuestionamientos acerca de la operación gubernamental de Puerto Rico a futuro y acerca de la capacidad de este, tanto para honrar la deuda pública como para continuar ofreciendo servicios a la población.

Aunque KPMG emitió una opinión limpia acerca del gobierno central, mantuvo su opinión cualificada sobre otras entidades como la Universidad de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Es un estado financiero que refleja unos grandes avances y hallazgos en el manejo de las finanzas públicas de Puerto Rico”, dijo el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, al agregar que si hace unos ocho años, la opinión adversa de KPMG fue objeto de amplia discusión pública, ahora es apropiado reconocer los avances que ha alcanzado Puerto Rico cuando se trata de las finanzas públicas.

Según Parés Alicea, con la publicación del CAFR 2019, se ha detenido “el sangrado” que había en lo que atañe a la publicación de estados financieros por parte del gobierno.

La ley federal de Valores requiere a todo emisor de deuda municipal publicar sus estados financieros cada año, un requisito con el que Puerto Rico no cumplió a tiempo por casi dos décadas.

Parés Alicea aseveró que la agencia debe radicar el CAFR 2020 este mismo año y que aspira a radicar el CAFR 2021 temprano en el 2023, lo que casi pondría a la isla al día con la disposición federal. El CAFR debe radicarse en o antes del 1 de mayo luego del cierre de cada año fiscal.

“(En el CAFR 2019,) se va viendo ese proceso de renegociación que se dio el cuatrienio pasado y en este… (pero) no puedo indicar que es un solo factor. Básicamente es hacer un mejor trabajo a nivel de recaudos, ser un poco más estricto a la hora de los desembolsos, cómo se custodian los fondos públicos, el manejo de las cuentas, hasta cuándo tiene el gobierno para girar en contra fondos (asignados) en un año particular, separar los fondos del tesoro de la cuenta operacional de lo que fue antes el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Creo que son aspectos que incidieron en lo que se ha manifestado en estados financieros”, indicó el funcionario, quien sostuvo que esperaba convertirse en el secretario de Hacienda que ponga al día la presentación de los informes auditados del gobierno.

De acuerdo con Parés Alicea, aunque para el 2019, Puerto Rico continuaba insertado en las negociaciones para reestructurar su deuda pública, cuando se publica el CAFR, se ofrece una narrativa de los eventos más recientes que han ocurrido en la entidad, sea en el sector público o privado. Habida cuenta que en enero pasado, la jueza Laura Taylor Swain, confirmó el PDA del gobierno central, ese dato y otros resultaron en el cambio de opinión del auditor externo.

No obstante, una opinión limpia o no modificada, como también se conoce en la jerga técnica, no significa que no haya déficit.

En ese sentido, aunque para el año fiscal 2019, Puerto Rico seguía en negativo, otro elemento significativo del CAFR 2019, a juicio de Parés Alicea, es que por primera vez, comienzan a verse los resultados de las medidas adoptadas por el gobierno y también de las determinaciones que se tomaron a la luz de Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Retrocede el déficit acumulado

El CAFR ofrece una radiografía financiera del gobierno como un todo. Es decir, es un informe que retrata en un momento en el tiempo los activos que tiene el gobierno central y lo que adeuda a corto y largo plazo. Es un análisis que permite conocer el estado de situación de las distintas entidades que integran el gobierno central, pero también de las corporaciones públicas.

Según el CAFR 2019, al concluir ese año fiscal, los activos del gobierno como un todo, ascendieron a $25,144 millones o 19% más que en el año fiscal 2018. En contraste, las obligaciones se redujeron, de unos $96,017 millones a unos $84,850 millones, para una reducción de casi 12%.

Como resultado, el déficit acumulado del gobierno que llegó al pico histórico de $72,320 millones en el año fiscal 2018, se redujo al año siguiente en aproximadamente $12,500 millones, según el CAFR 2019.

“La baja en la posición deficitaria neta total se debe principalmente a una ganancia extraordinaria en la reestructuración de Cofina, de aproximadamente $6,300 millones, un aumento en las subvenciones de Estados Unidos de aproximadamente $3,100 millones, un aumento en los ingresos por impuestos de $1,700 millones y una ganancia en la reestructuración de la deuda del BGF de aproximadamente $915.3 millones”, reza el informe financiero.

“Este proceso de reforma y de transformación a nivel de fin publicas la implementación de Promesa, con sus defectos y virtudes, y las aportaciones que hizo la JSF, yo creo que se van manifestando en los resultados que se están viendo”, agregó Parés Alicea al señalar que cuando se analiza el CAFR 2019, las medidas implementadas en ese año habrían hecho posible que Puerto Rico comenzara a pagar la deuda pública en ese momento, aún sin la reestructuración provista en Promesa.

Fuente: El Nuevo Día

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