Los detalles de cómo se dará paso a las reformas estructurales y cómo se generarán los ahorros contenidos en el borrador del plan fiscal revisado del gobierno central quedará en manos de los jefes de agencias y dependencias gubernamentales, quienes establecerán sus prioridades al momento de confeccionar el presupuesto del próximo año fiscal.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, destacó que el borrador presentado el sábado contiene reformas estructurales centradas en las áreas de infraestructura, energía, desarrollo económico, y capital humano y bienestar, mediante las cuales se generarán ahorros sustanciales para el gobierno.

Para el año fiscal 2021-2022, las reformas estructurales deberían generar ahorros ascendentes a $27 millones, lo que aumentaría a $232 millones para el año fiscal 2024-2025, indica el documento.

La mayoría de estas reformas -como la de la Autoridad de Energía Eléctrica- se han estado discutiendo desde inicios del cuatrienio, reconoció Marrero. No obstante, sostuvo que el paso de los huracanes Irma y María en el 2017 y los terremotos de inicio de 2020 atrasaron su implementación y ahora se prevé que entren en vigor en el 2021, después de las elecciones.

“El plan fiscal es la hoja de ruta aspiracional. Es una ruta de aspiraciones sujeta a unas proyecciones de gastos, de iniciativas estructurales. Esa ecuación de más ingresos y menos gastos me da un sobrante para pagar la deuda. En el plan fiscal vamos a identificar las metas o el tamaño del salón, el tamaño de la casa, pero es en el presupuesto que entramos en las líneas particulares y ahí entramos en los números de dólares y centavos”, indicó el director ejecutivo de Aafaf cuando se le cuestionó el impacto real de cada una de las reformas propuestas.

Marrero sostuvo que varios de los modelos contenidos en el documento no son nuevos, sino que se trata de nuevas fases para encaminar los planes del gobierno. Por ejemplo, este destacó que la propuesta para crear un plan de retribución y compensación uniforme para los empleados del sector público es uno de los últimos pasos necesarios para implementar en su totalidad la Ley del Empleador Único, que permitirá mover trabajadores de una agencia a otra.

“El plan de retribución uniforme no es solo un incremento de salario, es más que eso. Es la última fase para viabilizar la Ley del Empleador Único, que se formen las clasificaciones a nivel de trabajo para poder viabilizar la transferencia de personal de una agencia a otra. Lo que estamos haciendo es viabilizando una de las reformas más importantes que se habían contemplado”, expresó Marrero.

El funcionario sostuvo que, a través de la congelación de plazas, programas de salidas voluntarias y de retiro temprano, se han reducido 18,000 puestos de empleo en el sector público entre el año fiscal 2016 y el 2019, lo que ha generado una disminución de 20% en los gastos de nómina.

El nuevo plan de retribución y compensación representará una inversión de $146 millones para el próximo año fiscal, y aumentará a $155 millones para el año fiscal 2025.

La revisión del plan fiscal del gobierno central ahora dará paso a la revisión de los planes fiscales de las corporaciones públicas -como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Universidad dePuerto Rico (UPR)- que también deben rendir cuentas ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Marrero señaló que varias de las medidas de este borrador que no estaban contenidas en planes fiscales anteriores responden a la inyección de fondos federales para el plan de salud del gobierno y para la reconstrucción tras los recientes eventos catastróficos.

Por ejemplo, indicó que aunque se mantienen los recortes en las asignaciones del Fondo General que reciben la UPR y los municipios, se determinó darles “un respiro”. Aunque los recortes a estas instituciones continúan en $499 para el año fiscal 2024, se aplazará por un año el próximo recorte a los municipios y se harán asignaciones adicionales para proyectos de infraestructura a la UPR.

El director ejecutivo de Aafaf reconoció que elementos contenidos en el plan fiscal revisado no son congruentes con el plan de ajuste de deuda trabajado por la JSF, entre ellos no tomar en cuenta el impacto a los municipios de pagar las pensiones y el plan médico de los empleados públicos si se deroga la Ley 29 y la oposición del gobiernoa reducir las pensiones.

“No es un proceso unidireccional, esto es un trabajo con la Junta que entendemos que hay que hacer. Trabajando las reformas estructurales, estamos convencidos que si miras a nivel mundial las medidas de austeridad, por si solas, no permiten a una economía echar hacia adelante y pagar la deuda. En la medida en que podamos redistribuir la carga contributiva, vamos a estar en esa posición de encaminarnos a la responsabilidad fiscal, a regresar al mercado de valores con condiciones favorables para Puerto Rico, como requiere la Ley Promesa”, sostuvo Marrero.

‍