Sin precisar mayores detalles, el director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, mediante un comunicado de prensa, que la Junta de Gobierno de esa entidad pública aprobó -de forma unánime- el contrato para privatizar la generación de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En una entrevista posterior con El Nuevo Día, Fontanés advirtió que el acuerdo ahora debe ser ratificado por la Junta de Gobierno de la AEE, luego por el gobernador Pedro Pierluisi y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“No voy a entrar en los detalles específicos del término. Esta contratación va a la par de lo que establece el Plan Integrado de Recursos aprobado por el Negociado de Energía”, se limitó a decir Fontanés.

Tampoco quiso detallar cuál fue la compañía seleccionada para operar el sistema de generación hasta tanto se finiquite el proceso. Pero este medio confirmó, mediante fuentes, que la empresa seleccionada es Genera PR, la cual sería contratada por un término de 10 años.

Este diario había publicado previamente que Genera PR es una entidad en la que New Fortress Energy (NFE), empresa a la que la AEE le compra combustible, tiene participación.

El gobernador, una vez la APP sea presentada ante su consideración, tiene 30 días para actuar, indicó el funcionario.

Fontanés señaló que la aprobación de la nueva APP surgió tras una serie de reuniones en las cuales se discutieron los detalles del proyecto, se aclararon las dudas de todos los sectores y se atendieron las sugerencias de los presidentes de la Asamblea Legislativa.

Ocho compañías participaron del proceso para privatizar la generación de energía, pero solo dos entregaron propuestas, precisó Fontanés.

Se mostró confiado en que la APP esté finiquitada antes que finalice febrero. “En teoría, sí”, afirmó sobre la fecha para completar la transacción. Destacó que habría un proceso de transición, pero tampoco dijo cuánto tiempo tomaría.

Aclaró, no obstante, que esta transición no será igual que la que hubo entre la AEE y LUMA Energy, a cargo de la transmisión y distribución de la red eléctrica. “Es un proceso más corto que el proceso de transmisión y distribución. Es una operación de menos empleados”, dijo Fontanés.

El futuro de los empleados

Respecto a los empleados de la AEE, Fontanés sostuvo que aquellos “que no pasen al (ente) privado, dependiendo de sus funciones, algunos se quedarán en la Autoridad manteniendo sus funciones”. “Como siempre, ningún empleado va a perder su trabajo como resultado de esa transacción”, apuntó. Es decir, los funcionarios de la AEE que quieran solicitar trabajo a la empresa podrán hacerlo.

Fontanés aseguró, además, que la AEE no desaparecerá. “La AEE es la dueña de los activos. Mantiene las operaciones de generación eléctrica y de muchos otros activos que tiene”, indicó.

El director ejecutivo de la AAPP, así como los representantes del interés público en la Junta Directiva de esa entidad, Lisa Ortiz y Eduardo Ferrer, dijeron en entrevistas separadas que se atendieron todas las sugerencias en torno al acuerdo.

“Se llevaron a cabo múltiples reuniones. Los diferentes miembros de la Junta levantaron sus sugerencias y sus recomendaciones y, en particular, los miembros del interés público levantaron sus sugerencias y preocupaciones. Todas se atendieron y se incluyeron en el contrato”, dijo Fontanés, sin dar más detalles.

De la misma forma, se expresaron Ortiz y Ferrer. “Dentro del proceso de análisis y revisión, todos los temas cuestionados por los presidentes de la Asamblea Legislativa y lo que nosotros cuestionamos fue atendido”, se limitó a decir Ortiz. Ferrer sostuvo, por su parte, que se “consiguieron otros aspectos más en la negociación y el contrato”.

Las condiciones del liderato legislativo

Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, enumeró los seis puntos que exigieron fueran incluidos en la negociación, en particular que todo ahorro se refleje en una reducción en la tarifa eléctrica y que ninguna alianza público privada sobre la generación de energía puede arriesgar los empleos ni beneficios de empleados públicos.

Además, se incluyó que, para ejecutar cualquier contrato o alianza, se le debe dar prioridad a la contratación de empresas y empleados locales. También, los legisladores exigieron rendición de cuentas, acceso a la información y métricas relacionadas al desempeño del contrato, y que la extensión y los acuerdos posteriores tienen que contar con la aprobación de los representantes del interés público, según dispone la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (Ley 120-2018).

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, por su parte, también aludió a esas exigencias, y dijo que el cambio de modelo en la generación eléctrica era “anticipable”. “Los puertorriqueños han expresado la insatisfacción y deseo de cambio hacia un sistema eléctrico confiable y más económico”, apuntó.

El secretario de Estado y presidente de la junta directiva de la AAPP, Omar Marrero, no estuvo disponible ayer para preguntas. El primer ejecutivo le había encomendado conciliar las recomendaciones de Hernández y Dalmau con el contrato que se negociaba.

Fuente: El Nuevo Día

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