Para el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, la salida de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, afectará los esfuerzos para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Según explicó Marrero a EL VOCERO, tras la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) la Aafaf y la junta emprendieron una agenda de trabajo dirigida a atender dos asuntos al mismo tiempo, la efectividad del PAD para el próximo 15 de marzo y lo que sería el Plan de Ajuste de Deuda de la AEE (PAD-AEE). Sin embargo, al Jaresko anunciar que dejará su cargo efectivo el 1 de abril, el también secretario de estado sostuvo que para los próximos meses habrá que priorizar las discusiones sobre la efectividad del PAD y la deuda de la AEE.

“Ciertamente, la transición de la directora ejecutiva y la posible entrada de una nueva directora ejecutiva pudiese afectar. Yo creo que sería ingenuo pensar que eso no pudiese afectar los trabajos, por eso para nosotros es sumamente prioritario que durante los 60 días que tenemos al frente de nosotros se priorice lo que es la implementación del PAD y la reestructuración de la AEE”, declaró Marrero.

Hasta la fecha, el caso de Título III de la AEE se ha mantenido en suspenso en lo que se tramitaba el PAD del gobierno central. Sin embargo, todavía sigue vigente un acuerdo en apoyo a la reestructuración (RSA) con los acreedores de la corporación pública y que establece un cargo de transición para asegurar el pago de la deuda.

Ese RSA, no obstante, requiere de legislación habilitadora que, entre otras cosas, establezca el cargo de transición escalonado que comienza en 2.7 centavos por kilovatio/hora y llega hasta 4.4 centavos el kilovatio/hora para el 2044. Para Marrero, las discrepancias que han manifestado los legisladores sobre la imposición de este cargo a clientes con sistemas de energía renovable torna poco viable que se pueda aprobar legislación habilitadora.

“Entendemos que no hay un ambiente fértil para la legislación de ese RSA, así que nosotros vemos que tenemos que estar pensando en unas alternativas. Un plan B o un plan C. Hemos estado en comunicación con los asesores de la junta, incluso con los bonistas directamente, todo en aras de poder ser realistas y pensar en alguna alternativa en caso de que, como se vislumbra, no se logre la legislación para este RSA”, explicó Marrero.

“¿Cuál sería ese plan B? La ley orgánica podría ser. Es decir, los mismos ´power revenue bonds´ que ha emitido la AEE y que ahora mismo se buscan reestructurar podrían ser una opción. Ese mismo crédito, es decir, no un ´securitized bond´ (bono titulizado), sino un ´power revenue bond´ emitido en virtud de la ley orgánica con los mismos derechos que te da y los mismos remedios que provee la misma ley orgánica. Ahora, qué protección adicional tendría el acreedor. Tendría la protección de que esto iría a través de un proceso de Título III con una orden de un tribunal federal que determina cuál es la tarifa y cuál va a ser la reestructuración final que se va a dar”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara, Luis Raúl Torres, hizo eco de las intenciones del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, de que el tema de la AEE se atenderá posterior a la discusión sobre el presupuesto. Aun así, insistió que la reestructuración de la corporación pública no debería perjudicar el bolsillo de los consumidores.

“Lo importante sobre los procesos de la reestructuración de la deuda de la AEE es que el presidente de la Cámara, Rafael Hernández está muy consciente de que en la delegación cameral del PPD hay grandes preocupaciones y posiciones divergentes sobre ese proceso”, indicó. “También tiene claro que la reestructuración no puede ser a costa de más aumentos tarifarios e impuestos excesivos que sigan afectando el desarrollo económico de Puerto Rico y el presupuesto maltrecho de las familias y trabajadores de nuestro país”, añadió.

Torres destacó que la delegación conoce la urgencia de que la AEE pague los más de $700 millones que le debe al sistema de retiro de sus empleados.

Fuente: El Vocero

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