La jueza federal Laura Taylor Swain le recalcó en múltiples ocasiones a la Junta de Control Fiscal (JCF) que tiene hasta el 1 de diciembre para entregar un Plan de Ajuste de Deuda (PAD) preliminar de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Durante una vista ómnibus celebrada ayer para atender varios asuntos pendientes en el proceso de quiebra de la corporación pública bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), la magistrada cuestionó la razón por la cual el ente federal se tardó dos semanas en seleccionar un negociador principal y los motivos por los cuales no han integrado al equipo de mediación designado por la corte en los trabajos.

El abogado de la Junta Martin Bienenstock dio como excusa por la tardanza para designar a Citigroup Global Markets Inc. que otras entidades y personas mostraron interés en realizar esa labor, por lo que se “consideró las opciones y solicitudes de manera informal y luego se tomó la determinación”.

“No se perdió tiempo en los esfuerzos de la Junta por desarrollar una nueva propuesta para la situación generada por las litigaciones que han surgido y el determinar cómo negociar las mismas”, aseguró Bienenstock, quien describió a la JCF como un ente “agnóstico” a la hora de distribuir el dinero.

“La Junta no está intentando ahorrar dinero, tampoco está intentando pagar menos de lo que se puede pagar a los acreedores que están absorbiendo cierta pérdida. Ese nunca ha sido el objetivo”, sostuvo.

Ante los señalamientos de la jueza, Bienenstock comentó que “entregar un plan con consenso será difícil y tal vez no ocurra para el 1 de diciembre”, lo que provocó la reacción de Swain.

“No quiero ver un ‘placeholder’ presentado el 1 de diciembre, quiero ver algo que la Junta crea en buena fe que deba ayudarnos a movernos a la aprobación de un acuerdo. Esperaba mediación y reuniones como parte de la creación del plan. De no cumplir, cualquier reacción estará sobre la mesa”, advirtió la magistrada.

Por otro lado, Swain manifestó en sala su expectativa con relación a que la preparación del PAD “no fuera un proceso exclusivo de la Junta”.

“Era mi expectativa e intención que hubiera trabajo con el equipo de mediación y comunicaciones con otras partes involucradas en el proceso durante el mes de octubre y ahora en noviembre”, sentenció la jueza federal luego de que Bienenstock mencionó que integrantes de la JCF solo han “estado en contacto” con el equipo de mediación.

Pocos avances

Sin embargo, las expresiones del representante de la Junta fueron refutadas por uno de los integrantes del equipo de mediadores, la jueza Shelley Chapman, quien aseguró que en este punto virtualmente no ha habido ninguna comunicación “sustancial”.

“No tengo duda de que (la JCF) estaba trabajando duro, pero nosotros no tuvimos nada que hacer porque no había nadie con quien hablar durante esas dos semanas”, reiteró Chapman, quien manifestó que los mediadores sienten que son vistos como “adversarios”.

En cuanto a la fecha límite impuesta por la magistrada para la entrega del PAD, Chapman mostró preocupación por el cumplimiento de este paso esencial en el proceso.

“Si nos reunimos la próxima semana, ya estamos a 8 de noviembre, por lo que queda menos de un mes y estamos preocupados de cómo transcurrirá el proceso. Es cierto que los acreedores han estado esperando, pero de igual forma también está esperando el pueblo de Puerto Rico”, abundó la integrante del equipo de negociación, quien se mostró esperanzada de que, tras la vista ómnibus, su teléfono comenzará a sonar.

Asimismo, el licenciado Richard Mason, del bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y abogado de las firmas Cortland y Solus, dueñas de las líneas de crédito para la compra de combustible que utilizó la AEE, comentó que, aunque ha tenido conversaciones con Bienenstock, su cliente no ha recibido propuestas formales.

“La falta de acción en octubre fue sorprendente”, añadió Mason.

Cuestionan cambios de estrategia

Swain también cuestionó a la JCF sobre los cambios “dramáticos” en la estrategia con relación al desarrollo de Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés) de la AEE, a lo que Bienenstock respondió a los cambios experimentados por la corporación pública y el País tras el paso del huracán María en 2017.

“Después del huracán se hizo un estudio de los daños (de las instalaciones) para determinar qué podía pagar la AEE y se procedió de ese punto. Desde entonces los consumidores y negocios también dejaron la energía de la AEE a energía solar y eso es un asunto serio”, declaró Bienenstock.

Ante esta nueva realidad, el licenciado afirmó que la JCF tuvo que consultar con expertos para determinar un costo por kilovatio hora que pueda ser impuesto a los clientes de la AEE que no aliente a más personas a hacer la transición a energía solar y a la vez no representa una fuerte carga a la población pobre de la Isla.

Tomar en cuenta la realidad de País

Mientras, el licenciado Peter Friedman, quien representó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), previno a las partes de que el PAD debe tomar en cuenta “la realidad que vive Puerto Rico”.

“El resultado de este proceso va a costar dinero y se convertirá en un impuesto al pueblo de Puerto Rico, que tiene una tasa de pobreza de 66%, que es el doble que en Misisipi, y donde que existe un alto costo comercial comparado con otros estados”, indicó.

Friedman subrayó que desde la perspectiva del gobierno, el PAD “tiene que ir acorde con los mejores intereses de Puerto Rico”.

En marzo del 2022, el gobernador Pedro Pierluisi canceló el PAD de la AEE al destacar que su implementación no sería factible ni conveniente para los mejores intereses de los residentes de la Isla.

De otro lado, el el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Merrero, indicó que si la junta no presenta un plan de ajuste el 1 de diciembre, estos tendrían “que  explicar por qué la jueza no debe desestimar la petición de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica”.

El también secretario de Estado añadió que “independientemente de lo que ocurra el primero de diciembre, nuestro compromiso es continuar trabajando por el bienestar de nuestro pueblo especialmente los más vulnerables”.

En el proceso de quiebra de la AEE, la junta fiscal es el representantante exclusivo del gobierno como deudor ante los bonistas.

Fuente: El Vocero

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