Una semana después de que Fiona ocasionara daños estimados en sobre $3,000 millones, y de que el huracán cegara la vida de 23 personas según cifras oficiales, la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, sacó la alfombra de los pies a los bonistas organizados de la Autoridad de Energía Eléctrica (Ad Hoc-AEE) y a las aseguradoras municipales que respaldan la deuda de esa corporación pública, al descartar, por el momento, la desestimación del proceso de quiebra bajo el Título III de Promesa.

Pero también llenó el cuarto de agua a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), al Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) e incluso a los jubilados y trabajadores de la AEE cuando indicó que el organismo fiscal debe presentar un Plan de Ajuste para esa corporación pública (PDA-AEE) en o antes del próximo 1 de diciembre.

Swain informó ambas determinaciones durante la audiencia general del mes de septiembre de los Casos de Título III que, luego de un aplazamiento por la embestida de Fiona, se celebró este miércoles.

Pero a su vez, la jueza, que ha presidido el proceso de bancarrota de Puerto Rico por los pasados cinco años, informó que dará una nueva oportunidad –aunque con exigencias- al proceso de mediación que hace unos cinco meses encomendó a los jueces mediadores Shelley C. Chapman, Brendan L. Shannon y Robert D. Drain. Dicho proceso se abortó el pasado 16 de septiembre cuando la JSF, los bonistas y aseguradores municipales de la AEE no pudieron ponerse de acuerdo.

En paralelo, Swain también dijo que permitirá que se diriman, limitadamente, las controversias que impiden un pacto entre las partes, incluyendo el tipo de gravamen que poseen los bonistas de la AEE. Ello, requerirá precisar si a la hora de cobrar su acreencia, los bonistas pueden acceder a otros activos de la AEE como podrían ser los ingresos brutos de la entidad u otro activo más allá de las cuentas especiales que se crearon pagar la deuda pública.

Swain comenzó la vista con las instrucciones de rigor y confirmó el recibo de los informes mensuales del gobierno y la JSF.

Movida para regresar al carril

Acto seguido, como si se tratara de la movida de una reina que busca proteger al rey en el ajedrez, Swain explicó a las partes, la solución -de tres vías- que ponderaba y lo hizo justo antes de que los abogados de la JSF, el Ad Hoc-AEE, las aseguradoras municipales, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), el UCC, la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y el Sistema de Retiro de la AEE (SRAEE) pusieran en marcha cualquier táctica de argumentación para inclinar la balanza a su favor.

No es la primera vez que la jueza Swain tiene que apretar la brida para que la reestructuración financiera ordenada por el Congreso, a través de la ley Promesa, continúe su curso.

Lo hizo hace casi un año, precisamente el 25 de octubre de 2021, cuando llamó a capítulo en una vista urgente a los líderes legislativos, al gobernador Pedro Pierluisi y a la JSF. Entonces, las partes discreparon públicamente, por semanas, y en mociones y réplicas al tribunal en torno al Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central.

En aquella ocasión, sin embargo, fue Swain quien, tras indicar que su paciencia se agotaba, tendría que considerar la posibilidad de desestimar el proceso de quiebra del gobierno central.

Fiona como telón de fondo

“Nos reunimos en medio de otro terrible desastre natural. Los pensamientos de este tribunal están con el pueblo de Puerto Rico… hay personas que lo han perdido todo”, dijo Swain al solicitar a las partes que intervienen en el proceso que tuvieran presente a aquellos que lidian con los efectos del desastre natural en la isla.

“Deseo al pueblo de Puerto Rico un pronto regreso a mejores circunstancias”, agregó la jueza al reconocer que, entre las personas que, apoyaban la vista en el tribunal o colaboraban en los procesos de Título III, había algunos que, en la isla, todavía carecían de agua y luz.

Las determinaciones de la jueza, que se conocerán en detalle cuando emita su decisión por escrito, fueron la respuesta a la retahíla de mociones y réplicas que llegaron a su despacho, una vez la JSF informó el fin de las negociaciones.

Swain admitió que albergaba la esperanza de que las controversias en torno a la deuda de la AEE se subsanarían en el proceso de mediación. Pero habida cuenta que no sucedió, la jueza estableció que atender tales discrepancias era “esencial”.

Según la jueza, urge que Puerto Rico deje atrás los escollos financieros que encara la AEE, pues tal situación se interpone en la complicada tarea de construir un sistema eléctrico resiliente y “bien administrado”.

“No voy a retrasar el proceso para confirmar un (PDA-AEE)”, dijo Swain mientras indicaba a los abogados que ajustaran sus argumentos a los lineamientos que había establecido.

La jueza anticipó que en el calendario que dejará establecido para completar la reestructuración de la AEE, el PDA debe confirmarse para junio de 2023. Dicho calendario comenzaría con el requerimiento de ciertas radicaciones tan pronto como el próximo 6 de octubre.

Si no se resuelve la quiebra de la AEE, los demás planes “fracasarán”

Tras la declaración de Swain, un pausado Martin Bienenstock, abogado principal de la JSF, no tuvo reparo alguno al rumbo que la jueza impartía al proceso.

Bienenstock, aseguró a la jueza, que luego de que la JSF puso fin a las negociaciones y lo informó al tribunal, el organismo ha mantenido muchas y “buenas” conversaciones con el Equipo de Mediación de la AEE para encontrar una solución.

Dijo que, si la JSF demandó a los bonistas de la AEE hace unos tres años, lo hizo porque procesalmente, el organismo solo tenía dos años para presentar tales reclamos al tiempo que subrayó la importancia de aclarar los derechos que alegan tener los bonistas.

Bienenstock sostuvo que a diferencia de un proceso de Capítulo 11, la sección del Código de Quiebras dirigida a la reorganización financiera de empresas, en el cual las controversias se resuelven buscando pagar más o menos, el proceso de reestructuración en la AEE es distinto.

“Si la AEE no se reorganiza, ninguno de los otros planes (de ajuste) podrán llevarse a término”, dijo Bienenstock al indicar que si la JSF no viabiliza un PDA con una tarifa que los negocios y las personas puedan pagar, todo lo demás “fracasará”.

El abogado recordó que la JSF debe impulsar una reorganización a la luz de su mandato en Promesa, conseguir la disciplina fiscal y asegurar el regreso de Puerto Rico a los mercados de capital, y a su vez, pagar a los acreedores la mayor cantidad que sea posible.

Bienenstock reconoció además que tanto las posturas adoptadas por la Legislatura en torno a la deuda de la AEE como la controversia en torno a LUMA Energy son “una complicación” que podría incidir en el proceso de preparación del PDA-AEE.

“Vamos a necesitar cierta flexibilidad”, agregó el abogado ante el calendario que impondría Swain, tanto para canalizar los litigios como para confirmar el PDA-AEE.

Un deudor no puede estar en quiebra “para siempre”

Los argumentos de Bienenstock encontraron un muro en la voz de Amy Caton, abogada del Ad Hoc-AEE y otros abogados de las aseguradoras municipales y los prestamistas de las líneas de crédito de combustible o “fuel lenders”.

“Un deudor gubernamental no puede estar en quiebra por siempre”, dijo Richard Mason, del bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, y abogado de las firmas Cortland y Solus, dueñas de las líneas de crédito para la compra de combustible que utilizó la AEE.

Mason sostuvo que nunca habrá “un momento bueno” para que un deudor cumpla con su responsabilidad. “No hemos recibido nada”, dijo Mason, al señalar que hace cinco años, todos los acreedores se pusieron de acuerdo sin afectar los contratos de la AEE con sus trabajadores y ahora, se ha cerrado la puerta.

Caton, socia del bufete Kramer Levin, sostuvo que no había más tiempo que perder y sugirió a Swain que si procede con el calendario y la JSF no cumple con éste que, de inmediato, proceda con la desestimación del proceso de quiebra.

Las presiones políticas, los costos “ocultos” y el contrato de LUMA

Para Caton, los eventos en torno a Fiona y la consecuente interrupción del servicio eléctrico son prueba de que Puerto Rico paga “los costos ocultos” de permanecer en un proceso de quiebra por un tiempo tan prolongado.

La abogada indicó a Swain que -si litigan- que se haga proactivamente y anticipó que prevalecerán ante la JSF. También reafirmó que la AEE cuenta con recursos para pagar hasta el último centavo de lo que adeuda a sus clientes.

Sobre todo, Caton destacó que la corporación pública recibió unos $10,500 millones en fondos federales para reparar la infraestructura y hasta el mes pasado, solo había utilizado unos $180 millones para ese fin.

Para la abogada, quien no hizo referencia a la dilación y los confusos trámites que el gobierno federal impuso a Puerto Rico para utilizar los fondos asignados a la isla luego del huracán María, el rezago en la reconstrucción del sistema eléctrico obedece a la quiebra de la AEE.

Desde la perspectiva de Caton, poner fin a la quiebra permitiría que -al nombrarse un síndico en la AEE- se designe a un grupo de profesionales que administre esa entidad.

Según Caton, al cabo de cinco años en quiebra, “las presiones políticas” no han hecho bien al proceso, al punto de poner en riesgo el contrato de LUMA Energy como operador de la red eléctrica y tampoco han resultado en un mejor sistema eléctrico para la población.

Swain preguntó a Caton, si realmente creía que desestimar el proceso de quiebra ayudar a la AEE y restablecería el acceso a los mercados, en lugar de continuar el camino de reorganización bajo Promesa.

“No hay una bala de plata, pero mantener el status quo no ha funcionado”, dijo Caton al plantear que un síndico tendría más poderes que la JSF para poner en cintura a la AEE.

El UCC y la Utier

Mientras la JSF y los bonistas se mostraban interesados en regresar a la mesa de negociación, el UCC y la Utier, reiteraban que sin cambios sustantivos al proceso será otra pérdida de tiempo e incluso, podría influenciar las negociaciones o los litigios injustamente.

“No hemos sido parte del proceso de mediación”, insistió el abogado Luc A. Despins, representante del UCC al señalar que la estrategia de “secuencia” que han utilizado los jueces mediadores es inadecuada.

Según Despins, continuar negociando con los bonistas y excluir a sus representados, cuando estos podrían encontrarse en el mismo nivel (”pari-passu”) que los bonistas de la AEE si así se demuestra en el litigio, sería errado.

En términos similares se expresó la abogada Jessica Méndez Colberg, en representación de la Utier y el SRAEE.

“Creemos que dar paso a tres procesos paralelos, mediación, litigar y confirmar un PDA será una carga pesada y costosa”, dijo Méndez Colberg al coincidir con Swain en su postura de no desestimar el proceso de Título III.

Ante los señalamientos, la jueza mediadora Chapman dijo que recibía las críticas del UCC, la Utier y el SRAEE y que se considerarían seriamente.

Fuente: El Nuevo Día

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