La Junta de Control Fiscal (JCF) comenzó a analizar la viabilidad de extender el pago del Bono del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) del gobierno de Puerto Rico a los empleados de las dependencias que no están cobijados por el mismo.

El ente federal confirmó a EL VOCERO que recibió la misiva de parte del director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, en la que se requirió la autorización para extender la bonificación a todos los servidores públicos.

Se indicó que la evaluación se encuentra en manos del equipo a cargo de asuntos presupuestarios del gobierno de Puerto Rico (Commonwealth Budget) y que, al momento, no hay un estimado de cuánto tiempo tomarán en llegar a una determinación.

El desembolso representaría un costo aproximado de $60 millones, según Aafaf.

Ayer, sobre 100,00 empleados públicos recibieron el bono que, en la mayoría de los casos, totalizó $2,954 y que para aquellos trabajadores representados por la organización Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPU) ascendió a $11,360 debido a que el sindicato apoyó la aprobación del PAD del gobierno central.

El gobernador Pedro Pierluisi adjudicó esto al “crecimiento económico y el ajuste en las finanzas públicas” a través de una publicación en sus perfiles en varios medios sociales.

Sin embargo, quedaron excluidos de la bonificación los trabajadores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) como aquellos que laboran en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Denuncian discrimen

Precisamente, integrantes de varios sindicatos que representan a estos trabajadores como la Unión Independiente Auténtica (UIA) y el Programa de Solidaridad de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Prosol-Utier) se concentraron ayer frente a La Fortaleza para reclamar su inclusión en el grupo que recibirá la bonificación.

“La Autoridad (de Acueductos) es una de las agencias olvidadas por el gobierno de Puerto Rico y ya nuestros empleados están cansados de que se siga discriminando en contra de ellos. No nos queda de otra que irnos a la calle y protestar para que el pueblo sepa lo que está sucediendo”, aseveró Luis de Jesús Rivera, quien preside la UIA, organización que cobija a los trabajadores de la AAA.

Rivera catalogó la exclusión como un acto de “discrimen” al destacar que otras corporaciones públicas, como la Autoridad de Edificios Públicos y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, sí fueron incluidas dentro de las dependencias beneficiadas.

La semana pasada, integrantes de la UIA hicieron un llamado a los empleados de la AAA a ausentarse como parte de un movimiento denominado como el ‘water flu’ y que tenía como fin llamar reclamar al gobierno mayor atención debido a que también quedaron excluidos de otras bonificaciones otorgadas en los pasados meses, mientras que el pasado miércoles decretó un paro de 24 horas.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán Crespo, aseguró que se encuentra atenta a cualquier gestión de la junta que “favorezca y sea de beneficio” para los empleados de la corporación pública.

“Para este año fiscal 2022, la AAA realizó la revisión de las escalas salariales y puso en vigor un aumento para nuestros empleados que refleja una inversión de $13.5 millones aproximadamente”, indicó la directiva en declaraciones escritas en las que agregó que estos trabajadores también recibieron un bono de Navidad.

Una responsabilidad moral

Mientras, el director ejecutivo Aafaf argumentó que el impacto de las medidas de austeridad implementadas desde la imposición de la junta fiscal por parte del Congreso estadounidense ha resultado en una disminución en el salario neto de los servidores públicos, por lo que considera justo que el bono sea extendido a la totalidad de empleados públicos.

“Debido a la inflación histórica que vivimos, recortes presupuestarios y el cumplimiento estricto de las medidas de austeridad, el salario neto de los servidores públicos se ha visto reducido en un 15%. Ante la efectividad de las medidas económicas sentimos que es una responsabilidad moral extender el beneficio a todos los empleados del gobierno”, recalcó.

En la misiva enviada a la junta fiscal, Marrero puso a disposición asesores y personal de Aafaf para “identificar potenciales fuentes dentro de los recursos presupuestarios disponibles para el año fiscal 2023”.

El pasado martes, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia mencionó que para sufragar la extensión del bono con el dinero sobrante producido por el exceso de recaudos que generó el gobierno durante el pasado año fiscal.

Fuente: El Vocero

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