Aunque el presupuesto operacional aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es menor al que avaló a última hora la Legislatura, los fondos asignados para el año fiscal que recién comienza no dejarán en precario a los municipios, ponen énfasis en proyectos claves de agencias, como el Departamento de Educación, y permiten reanudar obra permanente, trascendió ayer en una breve reunión pública del organismo.

En el cónclave, los funcionarios de la JSF, que ahora llevan la batuta en los procesos de presupuesto e implementación de planes fiscales ante la ausencia de un director ejecutivo en propiedad, destacaron que, tras la reestructuración de la deuda del gobierno central, este puede invertir en mejoras capitales y en mejorar salarios y servicios a la población.

Mientras Ginorly Maldonado, directora de Presupuesto para el gobierno central en la JSF, aseguraba que los municipios recibirán más dinero del Fondo General que lo asignado hace un año, su homólogo en Infraestructura, Alejandro Figueroa, destacaba que, por primera vez, la JSF pudo aprobar el presupuesto de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tal como fue presentado.

Ese avance, reconoció Figueroa, descansa en los aumentos anuales “modestos” que ha aplicado la corporación pública y que, entre los años 2018 al 2022, han representado unos $252 millones en ingresos adicionales que han salido del bolsillo de los consumidores.

Ese también fue el caso de la Corporación del Seguro y Supervisión de Cooperativas (Cossec), destacó, por su parte, María López, directora de Pensiones, Cossec y la Universidad de Puerto Rico (UPR) en la JSF.

Hubo tiempo demás

Al concluir la reunión pública, el presidente de la JSF, David Skeel, indicó que el organismo aprobó el presupuesto tras conceder varias extensiones de tiempo a la Legislatura.

Skeel lamentó que no pudiera repetirse el proceso de consenso que se dio hace un año entre el gobierno de Pedro Pierluisi, la Legislatura y la JSF.

Igual pesar transmitió el directivo Antonio Medina, quien no participó de la reunión, pero en un mensaje escrito -que leyó Skeel- señaló que el comportamiento de la clase política en torno al presupuesto durante la pasada semana era similar a las decisiones que llevaron a Puerto Rico a la quiebra.

Skeel rechazó que la ausencia de un director ejecutivo en propiedad afectara los trabajos para conseguir la aprobación del presupuesto.

“Nosotros extendimos el tiempo (de presentación del presupuesto) cuatro veces, no fue que no fuimos flexibles”, manifestó el experto de Derecho de Quiebras.

Según las cartas de la JSF, la Legislatura debió aprobar el presupuesto el pasado 14 de junio y la fecha se aplazó repetidamente hasta el 25 de junio.

“No se cumplió con el cronograma”, dijo, por su parte, el asesor legal general de la JSF, Jaime El Khoury.

Este último hizo referencia a la sección 202 de la ley federal Promesa, el inciso que modificó la aprobación de presupuestos desde la llegada de la JSF.

Skeel se mostró optimista en que el programa de ingresos y gastos que entró en vigor ayer pueda convertirse en el segundo presupuesto equilibrado, según requiere la sección 209 de Promesa.

El presupuesto consolidado para el año fiscal que recién comienza ronda unos $28,000 millones, incluida en esa cifra un presupuesto con cargo al Fondo General ascendente a $12,426 millones.

El proyecto 1367

La JSF aprobó el presupuesto el pasado jueves a eso de las 5:00 p.m. Unas dos horas después, la Cámara de Representantes aprobó el que se negoció con el Senado. Este asignaba unos $49 millones más al presupuesto del Fondo General.

En paralelo, Pierluisi firmó el proyecto 1367 que creó un régimen alterno al llamado arbitrio del 4%, pieza clave en las finanzas públicas. Si bien la firma del proyecto -ahora convertido en la Ley 22- permitió la aprobación del presupuesto, German Ojeda, también funcionario de la JSF, indicó que la medida es evaluada por el organismo.

Por lo pronto, dijo Ojeda, el presupuesto que se aprobó descansa en proyecciones menos holgadas cuando se trata del impuesto que pagan las Corporaciones Foráneas Controladas (CFCs en inglés).

A partir de enero próximo, las CFCs no podrán reclamar dicho pago en sus planillas federales, lo que ahora pende de que el Tesoro estadounidense avale los cambios hechos al régimen con el proyecto 1367.

El balance presupuestario

Independientemente de quién lo aprobó, dijo Skeel, el presupuesto vigente sería el segundo que incluye el pago de la deuda pública.

En febrero pasado, la JSF enmendó el pasado presupuesto para incorporar los resultados de la reestructuración financiera del gobierno central y la confirmación de ese Plan de Ajuste (PDA).

Skeel explicó que no será hasta que se completen los estados financieros para el año fiscal 2022 y el ciclo que apenas comienza que pueda confirmarse si ambos ejercicios fiscales serían los primeros dos presupuestos equilibrados a la luz de Promesa.

“No vamos a saber hasta que se auditen los estados financieros”, dijo.

Al presente, el gobierno ha publicado los estados financieros auditados hasta el 2019.

Durante la trigésimo sexta reunión pública, los directivos y funcionarios de la JSF ofrecieron un resumen de los presupuestos del gobierno central, la AAA, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés), Cossec y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

La saga con la Legislatura

En síntesis, cada año, la JSF debe ofrecer al gobierno una proyección de recaudos y presentar un calendario de trabajo para que la rama Ejecutiva presente el presupuesto ante la consideración del organismo y un período de tiempo para identificar y corregir posibles violaciones a los planes fiscales. En ese proceso, también se establece el tiempo que tendrá la Legislatura para su análisis y correspondiente aprobación.

El Khoury explicó que la fecha de aprobación establecida en el calendario para la aprobación del presupuesto considera que la JSF tenga un último turno para constatar que lo aprobado por la Legislatura sea cónsono con el plan fiscal vigente.

Según las cartas de la JSF, la Legislatura debió aprobar el presupuesto el pasado 14 de junio, fecha que se aplazó una semana a pedidos del presidente del Senado, José Luis Dalmau. Ante el incumplimiento con la nueva fecha de aprobación, fijada para el 22 de junio, la JSF otorgó dos días más sin éxito alguno. El pasado lunes, la JSF dio un nuevo chance y ante la inacción de la Legislatura, ayer, el organismo adoptó el presupuesto y lo certificó.

Skeel sostuvo que lo aprobado por el organismo refleja buena parte del gasto presupuestario por el gobierno.

Durante su intervención en el cónclave, el gobernador Pierluisi coincidió con Skeel, pero objetó la postura de la JSF con respecto a la financiación de los municipios y también que el organismo no aprobara fondos para programas específicos. Se trata de asignaciones muy pequeñas en un presupuesto que ronda $28,000 millones, reconoció.

El mandatario anticipó que espera lograr ahorros a lo largo del año fiscal para que esos proyectos que quedaron sin fondos puedan concretarse y pidió a la JSF que se ponga las pilas cada vez que reciba un pedido suyo para reasignar fondos presupuestarios de una partida a la otra.

Fuente: El Nuevo Día

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