Mientras se prepara para el litigio que busca definir la validez de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y los derechos de los bonistas, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha lanzado una oferta a aquellos inversionistas que poseen bonos no asegurados de la corporación pública.

La oferta -con fecha del pasado 27 de enero- propone a los bonistas no asegurados de la corporación pública aceptar, de antemano, un acuerdo de pago para sus acreencias que estará sujeto al desenlace de la demanda incoada por la JSF. Dicho litigio busca establecer si la deuda de la AEE se estructuró correctamente y precisar a qué partida o activos de la AEE tienen derecho los bonistas a la hora de intentar cobrar lo prestado a la corporación pública.

Según el documento, la propuesta de la JSF a los bonistas no asegurados de la AEE busca que estos acreedores acepten recibir un pago predeterminado y que podría variar según el saldo que tenga el litigio.

Concretamente, los bonistas que acepten la propuesta de la JSF recibirían -como mínimo- la mitad de su acreencia y la posibilidad de compensaciones adicionales, en caso de que el organismo prevalezca en el litigio. Los bonistas no asegurados tienen hasta el próximo 24 de febrero para tomar una decisión.

De confirmarse el Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE), dicho pago se haría mediante una combinación de una nueva serie de bonos (B) y una tajada del efectivo que la utilidad ha depositado en el fondo de reserva o “Sinking Fund” para pagar su deuda pública.

“Si la (JSF) prevalece en los cargos de alcance de gravamen y los cargos de recuperación por deficiencia (Lien & Recourse Challenge), entonces las reclamaciones de los bonistas que no acepten la propuesta solo recibirán su prorrata del efectivo en el fondo de reserva (”Sinking Fund”), lo que sería menos del 1% en esas reclamaciones, y no tendrán ninguna reclamación por deficiencia contra la AEE”, reza la oferta del organismo fiscal.

La propuesta de la JSF fue divulgada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés) este martes, a solo horas de que la jueza Laura Taylor Swain reanudara este miércoles, las audiencias de los Casos de Título III de Puerto Rico.

La propuesta también se produce luego de que el Equipo de Mediación -que a pedidos de Swain, busca una solución consensuada en el proceso de quiebra de la AEE- solicitó continuar con las negociones entre las partes. En una orden emitida el pasado viernes, Swain acogió el pedido y extendió los trabajos del Equipo de Mediación hasta el próximo 28 de abril.

Una batalla de casi seis años

Desde que la AEE se acogió al proceso de quiebra en mayo de 2017, los bonistas de la AEE y la JSF, pero también otros acreedores como los prestamistas que financiaron la compra de combustible, denominados como “fuel lenders”, están encontrados porque las partes interpretan los documentos y la escritura de la deuda de la corporación pública de manera distinta.

En términos generales, los bonistas alegan que tienen derecho a cobrar antes que otros acreedores; que su fuente de repago proviene de la venta de electricidad. También alegan que en un escenario de impago, si la partida asignada para el pago anual de los bonos no es suficiente, estos podrían emplear diversos remedios e incluso, acceder a otros activos de la AEE, más allá de los ingresos netos de la AEE, para cubrir cualquier deficiencia. En la jerga técnica y a la luz de un proceso de bancarrota, se trata de una obligación “recourse”.

Para los “fuel lenders”, que apoyan el PDA-AEE propuesto por la JSF en diciembre pasado, los bonistas no gozan de tal prioridad porque según sus contratos, el pago de los préstamos otorgados a la AEE para comprar combustible es parte de los gastos corrientes y operacionales de la corporación pública.

Dicho en palabras sencillas, los “fuel lenders” afirman que tienen derecho a cobrar su parte de los ingresos brutos que genere la AEE, mientras el pago a los bonistas saldría de los ingresos netos de la corporación pública.

A su vez, la lectura de la JSF es otra. Plantea el organismo, que los bonistas cobran su acreencia luego de que la AEE paga sus operaciones -como sería la compra de combustible, el pago de la nómina y las aportaciones al plan de pensiones de los trabajadores- y exclusivamente, del dinero que la AEE deposita anualmente en un fondo especial para pagar los bonos. En la jerga técnica, esa alcancía para pagar los bonos se identifica como “Sinking Fund” y en esa cuenta, según la escritura de bonos, cada año la AEE debe depositar el equivalente a 1.2 veces, el pago anual de la deuda pública.

La controversia está servida desde el 2019, pero no ha sido hasta ahora cuando la jueza Swain ha comenzado a sopesar los argumentos de las partes. En parte, la jueza no atendió el asunto porque la JSF, volcó sus esfuerzos hacia la reestructuración del gobierno central, y porque el organismo y el Ad Hoc-AEE suscribieron a mediados de ese año un acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) que estuvo vigente hasta el año pasado, cuando el gobernador Pedro Pierluisi puso fin al entendido.

Lo tomas o lo dejas

De acuerdo con la oferta de la JSF, si el organismo prevalece en sus reclamos, los bonistas que acepten el acuerdo recibirían compensaciones adicionales a la recuperación mínima de 50%. Dichas compensaciones, sin embargo, se darían una vez otros acreedores en el PDA-AEE reciban ciertos pagos que, a su vez, están sujetos a otras condiciones. Entre esos acreedores figuran los suplidores y contratistas de la AEE, en la figura de los Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), los trabajadores de la corporación pública y el fideicomiso de pensiones de los empleados de la AEE.

Si los bonistas no asegurados, es decir, aquellos que no compraron un seguro en caso de que la AEE incumpla con sus pagos, transan con la JSF, estos serían incluidos en una clase particular dentro del PDA-AEE y sus reclamaciones serían reconocidas sin más cuestionamientos. Además, estos recibirían un Instrumento de Valor Contingente (CVI, en inglés) que les permitiría recuperar, posteriormente, el resto de sus acreencias.

En contraste, la propuesta advierte que aquellos bonistas que no suscriban el acuerdo con la JSF, recibirán una recuperación que dependerá del resultado del litigio.

Pero a su vez, la propuesta de la JSF propone recuperaciones distintas que dependen del número de bonistas que, finalmente, decida transar con el organismo.

A manera de ejemplo, si la JSF prevalece en la totalidad de la demanda, y ningún bonista acepta la propuesta en la mesa, los bonistas no asegurados recibirían el 0.21% de su acreencia. En cambio, si la JSF pierde el caso parcialmente, estos recibirían unos 46.42 centavos de dólar y si la JSF pierde la totalidad del caso, entonces los bonistas no asegurados cobrarían 51 centavos de su acreencia.

Asimismo, si un 25% de los bonistas suscribe la propuesta y la JSF prevalece en el litigio, estos recibirían la totalidad de su acreencia, mientras aquellos que rechacen el acuerdo recuperarían 0.28%. Si la JSF pierde el litigio (o sea, que prevalencen los bonistas), ese 25% de los bonistas que pactó con la JSF recibiría 50% y quienes no pacten recuperarían 51.8%.

Un tercer ejemplo en la propuesta de la JSF expone que si el 75% de los bonistas no asegurados de la JSF suscribe el acuerdo y el organismo gana el litigio, estos cobrarían unos 56 centavos de dólar mientras aquellos que no acepten el entendido solo recibirían 0.84% o menos de un centavo de dólar.

En ese ejemplo, según la propuesta, si los bonistas ganan el caso, entonces los bonistas no asegurados cobrarían 50 centavos de dólar y aquellos que se nieguen a aceptar la propuesta recibirían dos centavos adicionales, es decir, unos 52.81 centavos de dólar.

Reestructuración contenciosa

La propuesta de la JSF es el desarrollo más reciente desde que el pasado 16 de diciembre, el organismo radicó el PDA-AEE imponiendo un recorte de alrededor de 48.5% en los bonos emitidos por la corporación pública.

Entonces, la JSF cumplió con el requisito de presentar a Swain el plan para modificar las obligaciones de la AEE, estimadas en unos $10,000 millones, pero en paralelo, el organismo abrió la puerta para continuar con la impugnación de la deuda de la corporación pública, proceso que debe ocurrir antes del verano.

Empero, aunque este miércoles, el abogado principal de la JSF y socio de Proskauer Rose, Martin Bienenstock, dijo a Swain que el organismo podría anunciar nuevos acuerdos con otros acreedores, es poco probable que la jueza Swain pueda confirmar el PDA-AEE tal como ha sido propuesto.

Ello, porque en diversos escritos al tribunal, el Ad Hoc-AEE -que posee unos $4,000 millones de los $8,300 millones en bonos emitidos por la corporación pública- ya dijo a la jueza que rechaza la modificación propuesta.

Y justo después de que Swain dijo sentirse animada por la posibilidad de que la JSF allegue más adeptos al PDA-AEE, la abogada del Ad Hoc-AEE, Amy Caton, del bufete Kramer Levin, adelantó que este viernes se opondrán formalmente a que el tribunal arranque con el análisis de la Declaración Informativa, lo que representa la primera parte del proceso de análisis y confirmación del PDA-AEE.

Fuente: El Nuevo Día

‍