Por casi cinco horas, la jueza del distrito federal Laura Taylor Swain, que ha presidido la bancarrota de Puerto Rico por los pasados siete años, escuchó los primeros argumentos del caso de Título III de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mientras a las afueras Tribunal Federal, un grupo de ciudadanos animado por la Asociación de Jubilados de la AEE y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), arremetían contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el plan de pagos que crearía un cargo legado para pagar a los bonistas y otros acreedores por los siguientes 35 años.

Fue a eso de las 12:30 p.m. de este lunes que Swain entró a la sala cuatro del edificio Clemente Ruiz Nazario, en Hato Rey, para escuchar el reclamo del gobierno de Puerto Rico, principalmente de la voz del abogado Peter Friedman, a un mejor futuro por la vía de un nuevo sistema eléctrico que no atente contra la recuperación económica que experimenta la isla. Y también escuchó un llamado de jugadores clave del mercado municipal estadounidense a que no se dé paso a una propuesta contraria a derecho. Esto durante el primer día del proceso de confirmación del plan propuesto por la JSF para poner fin a la quiebra de la que fuera la principal empresa estatal de Puerto Rico.

“La AEE no es solo un problema económico”, dijo el principal abogado de la JSF y socio de Proskauer Rose LP, Martin Bienenstock, a la jueza Swain a los pocos minutos de tomar la palabra en la ronda de presentaciones iniciales en torno al PDA-AEE.

De acuerdo con Bienenstock, siete años después de que se invocara el Título III de la ley federal Promesa para la AEE, la JSF ha conseguido una solución que compensará a los acreedores, pero a su vez, permitirá la continuidad de las operaciones de una dependencia pública como también requiere el Capítulo 9 del Código de Quiebras cuando se trata de entidades municipales en Estados Unidos.

Según Bienenstock, el pobre estado de la red eléctrica ha tenido un impacto adverso en la población puertorriqueña, lo que quedó evidenciado con los desastres naturales que experimentó Puerto Rico.

De aquí que, según el abogado de la JSF, si bien el ente fiscal interesa pagar a los bonistas cuanto sea posible, en cada decisión en torno a la AEE, se tuvo presente el riesgo que podría significar para Puerto Rico –y a su vez, para los acreedores- acordar un plan de pagos que hogares y empresas en la isla no puedan costear, o que resulte en que más personas opten por la energía renovable como ya han hecho unas 50,000 familias, citando cifras LUMA Energy.

Los planteamientos de Bienestock sirvieron de pie forzado para que su colega y también asesora legal de la JSF, Margaret Dale, comunicara a Swain la coyuntura en que se gestó el PDA-AEE.

La abogada, quien indicó que seis de las 18 clases en el PDA-AEE respaldan la propuesta, presentó en corte algunas fotos de los desastres causados por los huracanes Irma y María en el 2017, seguidos por los terremotos que sacudieron particularmente el sur de la isla tres años más tarde.

Según Dale, es esa población que ha sufrido embate tras embate -y en la que una tercera parte, recibe ingresos por debajo de los niveles de pobreza-, la que ahora pagará un nuevo cargo en su factura de electricidad y por ello, dicha obligación no puede ser extraordinaria.

Partiendo de las cifras ofrecidas por Dale, a manera de ejemplo, los hogares que consuman unos 425 kilovatios hora (kwh) verán un aumento cercano a $100 al año como resultado del PDA.

Puerto Rico no debe quedar a oscuras

Fue entonces cuando Peter Friedman, abogado de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) indicó a Swain que es ella quien puede decidir el futuro que tendrá Puerto Rico.

“Puerto Rico no debe regresar a la oscuridad”, dijo Friedman estableciendo una analogía entre los meses en que la isla quedó a oscuras en el 2017 -cuando colapsó la red eléctrica por causa del huracán María- y el caos legal y financiero que habría si no se confirma el PDA-AEE.

De acuerdo con Friedman, si el proceso de reestructuración de la AEE no se consuma o se hace mal, Puerto Rico y su futuro económico y el de su gente irá a mal.

Un cargo legado que no puedan pagar los abonados, explicó Friedman, hará imposible hacer las mejoras que necesita el sistema eléctrico, una encomienda que ya de por sí no puede llevarse a cabo.

Según Friedman, aún sin pagar la deuda, este año, la JSF solo pudo aprobar unos $99 millones para mejoras capitales en la AEE pese a que el sistema de generación necesita invertir unos $200 millones para ese fin.

Friedman aprovechó su turno para desacreditar las expresiones del exdirectivo de la JSF, Justin Peterson, quien al renunciar a su cargo el año pasado, verbalizó que el PDA-AEE es fruto de un engaño orquestado por el ente fiscal y sus asesores.

Las expresiones del exdirectivo figuran entre los argumentos de los bonistas objetores al PDA-AEE.

“Después de 10 años sin recibir pagos y siete años ante este tribunal es hora de seguir adelante”, dijo por su parte, el abogado Andrew Rosenberg, quien representa a los bonistas mayoritarios de la AEE, un grupo que encabeza el gigante institucional Blackrock y que surgió cuando los bonistas se dividieron en medio de las negociaciones con la JSF.

También se expresaron a favor del plan, las firmas de inversiones dueñas de los préstamos para la compra de líneas de combustible y el asegurador municipal National Public Finance Guarantee y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés).

Desde modelos errados hasta marionetas

Pero minutos después, los principales acreedores en contra del PDA-AEE buscaron deshacer los argumentos de la JSF y a Aafaf.

Thomas Lauria y Glenn M. Kurtz, ambos socios del bufete White & Case y abogados de la firma de inversiones GoldenTree Asset Management dijeron a Swain que lo hecho por la JSF es contrario a derecho.

De entrada, Lauria y Kurtz aseguraron que sus clientes no recibieron las ofertas generosas que se hicieron a Blackrock o a los llamados “fuel lenders” y que al preparar el PDA-AEE, la JSF hizo distinciones entre acreedores.

Kurtz aprovechó su turno para refutar a la abogada Dale al señalar que es ilógico pensar que los ingresos de los hogares no aumentarán en los próximos años y que en Puerto Rico, solo el 1.18% de los abonados de la AEE tienen la mediana de ingreso que la JSF utilizó como base para sus cálculos.

El abogado también indicó que la JSF incluye en los gastos ineludibles de la AEE, los pagos que hace a los operadores Genera PR y Luma, pero olvida incluir los ahorros de la privatización que deberían compartirse con los acreedores. Solo en el caso de LUMA, dijo Kurtz, la AEE lograría ahorros de $5,000 millones durante la vida del PDA-AEE.

“La mayoría de las reclamaciones son idénticas”, aseguró el abogado G. Eric Brunstad, socio de Dechert y abogado del resto de los bonistas opositores al agregar que sus clientes no recibirán los beneficios de los bonistas que pactaron con el ente fiscal.

“Son marionetas”, expresó Sean F. O’Shea, socio del bufete Cadwalader, Wickersham & Taft y abogado de la aseguradora Assured Guaranty, haciendo referencia a los asesores de la JSF y a su vez, de lo expresado por el exdirectivo de la JSF, Peterson, durante una deposición acerca de los trabajos de la JSF.

Mientras, los abogados de los bonistas y aseguradores tuvieron casi cuatro horas para expresarse, a favor del PDA-AEE, el presidente de los jubilados de la AEE, Johnny Rodríguez apenas tuvo cuatro.

En español, Rodríguez pidió a Swain no aprobar el plan de pagos en la mesa, simplemente, porque sus representados y las familias en Puerto Rico no podrán pagar su factura de la luz.

Fuente: El Nuevo Día

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