La Oficina de Contraloría General (GAO, en inglés) describió como “un paso significativo en (la) recuperación de la crisis fiscal” de Puerto Rico, la reducción de un 55% de la deuda pública puertorriqueña que se ha conseguido hasta ahora por medio del proceso de reestructuración reglamentado por la ley Promesa. adoptada justo hoy hace siete años.

De la deuda de $63,100 millones que se ha reestructurado –sin incluir los ajustes pendientes en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés)-, el gobierno de la isla ha quedado con obligaciones financieras que alcanzan los $28,600 millones, según la actualización del informe de la GAO sobre las deudas públicas de los territorios estadounidenses.

El análisis refleja que los cinco territorios estadounidenses padecen de lo mismo: restricciones económicas para crecer y planes insolventes.

En cuanto al gobierno central de Puerto Rico, la reestructuración de la deuda representa que el servicio de la deuda -entiéndase el pago anual de intereses y principal— ha quedado, de cara a 2049, en $1,150 millones anuales, lo que “es significativamente menor, cayendo del 25% de los ingresos antes de Promesa a 6.1% en 2022″, agregó la GAO.

Solo falta reestructurar las deudas de la AEE y Pridco. En torno a este último, hay un acuerdo con los bonistas para reestructurar el principal de su deuda a través del Título VI de Promesa, de unos $150 millones, excluyendo los intereses. Pero, el proceso fue interrumpido por un litigio y negociaciones que no han terminado.

Promesa, firmada por el entonces presidente Barack Obama el 30 de junio de 2016, creó un proceso de reestructuración de la deuda de los territorios y, de inmediato, impuso en Puerto Rico una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas.

En el caso de la AEE, que se dirime bajo el Título III de la ley federal, el proceso quedaría pendiente por lo menos hasta otoño, pero puede permitir reducir en cerca de un 75% las obligaciones de esa corporación pública con sus acreedores: de unos $8,300 millones a $2,338 millones. En total, las obligaciones de la AEE rondan los $12,000 millones, al sumarse, entre otras cosas, los $3,600 millones en pensiones.

“Si bien los funcionarios del gobierno nos dijeron que no planean obtener préstamos de los mercados de capital en el corto y mediano plazo, han tomado medidas para proporcionar información a los inversores potenciales y las agencias de calificación crediticia”, indica el informe de la GAO, que encabezaron Ivonne Jones y Latesha Love Grayer.

Subrayó, además, que “el compromiso con la transparencia y la gestión financiera serán importantes a medida que el gobierno de Puerto Rico trabaja para lograr un presupuesto equilibrado en forma recurrente, una de las condiciones requeridas para el cese de la JSF”.

La sección 209 de la ley Promesa establece que la JSF podrá cesar sus funciones sobre el gobierno de Puerto Rico después de certificar por lo menos cuatro presupuestos balanceados de forma consecutiva, que se han elaborado presupuestos “en conformidad con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados”, sin los gastos exceder los ingresos, y que el gobierno de la Isla tiene un acceso adecuado, a corto y mediano plazo, a los mercados financieros, a intereses razonables.

La GAO afirmó que terminar con la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico en 2022 era una “condición importante para el crecimiento económico”.

Al referirse a la privatización de la administración del servicio eléctrico, la GAO destacó que en 2021, el precio promedio de electricidad de Puerto Rico fue más alto que todos los estados de Estados Unidos, con excepción de Hawai.

La GAO sostuvo que los pasos restantes para apoyar el crecimiento económico sostenido en Puerto Rico incluyen completar las reestructuraciones de deuda, “implementar reformas administrativas de la deuda, y reformas financieras administrativas y presentación de informes”.

También destaca que los ingresos por subvenciones y contribuciones aumentaron en 2021, en comparación con 2019, en 98% o $12,300 millones, pero principalmente debido a los miles de millones de dólares en asignaciones federales para mitigar el COVID-19.

La GAO hace un resumen sobre la situación fiscal de los otros cuatro territorios estadounidenses no incorporados:

Guam: “Al 30 de septiembre de 2021, la deuda pública total pendiente de pago de Guam era de casi $2,600 millones, o alrededor del 43% del Producto Interno Bruto (PIB) -$6,100 millones. El PIB ajustado por inflación de Guam disminuyó casi un 2% anual desde el año fiscal 2016 hasta 2021. La caída reflejó la disminución del turismo debido al Covid-19. Sin embargo, la economía de Guam está mostrando signos de recuperación. Se espera que la reciente apertura de la tercera base militar estadounidense en la isla estimule el crecimiento económico”.

Islas Vírgenes estadounidenses: “El PIB de Islas Vírgenes estadounidenses fue de $4,200 millones en el año fiscal 2020. Al 30 de septiembre de 2019, el último año del que Islas Vírgenes ofreció datos, la deuda pública pendiente era de más de $2,600 millones, o alrededor del 65 % del PIB de ese año. En marzo de 2022, Islas Vírgenes refinanció parte de su deuda. Esto creó una fuente de ingresos dedicada a financiar su sistema de pensiones, que a su vez, extendió temporalmente la solvencia de las pensiones. Sin embargo, la capacidad del gobierno de las Islas Vírgenes estadounidenses para acceder a los mercados de capital tradicionales es incierta. Esto lo deja sin flexibilidad financiera ya que enfrenta serios desafíos económicos, financieros y demográficos. Estos incluyen una población que se reduce, la dependencia de la volátil industria del turismo y prácticas de gestión financiera débiles”, reza el reporte.

Islas Marianas del Norte (CNMI, por sus siglas en inglés): “Al 30 de septiembre de 2020, la deuda pública total pendiente de pago de CNMI era de aproximadamente $114.1 millones, o aproximadamente el 12 % del PIB ($938.8 millones). Esto refleja la incapacidad de CNMI para obtener préstamos a través de los mercados de capital en los últimos años. CNMI ha tenido problemas para financiar su plan de pensiones. Los funcionarios de CNMI dijeron a la GAO que no están seguros de cómo el gobierno cumplirá con sus obligaciones financieras. Además, su economía continúa cayendo con perspectivas limitadas de recuperación a medida que su industria del turismo se enfrenta a dificultades y su casino más grande está cerrado y es poco probable que vuelva a abrir pronto. La gestión financiera y los informes de CNMI también han empeorado. Dado que las perspectivas financieras limitadas de CNMI y las prácticas de gestión financiera débiles persisten, CNMI corre el riesgo de sufrir una grave crisis fiscal”.

Samoa Americana: “Al 30 de septiembre de 2021, la deuda pendiente total de Samoa Americana era de $16.2 millones, o alrededor del 23 % del PIB ($710.8 millones). Esto refleja los préstamos recientes para invertir en su infraestructura. El plan de pensiones del gobierno tiene fondos insuficientes y el gobierno está aumentando las contribuciones para extender la solvencia. La economía de Samoa Americana es estable, pero sigue dependiendo casi por completo de la actividad generada por la fábrica de conservas de atún Starkist Samoa y el empleo público. Las perspectivas de crecimiento económico fuera de estas áreas enfrentan desafíos”.

Fuente: El Nuevo Día

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