El gobernador Pedro Pierluisi dijo que, junto a sus asesores legales, evalúa la posibilidad de apelar la determinación de la jueza federal Laura Taylor Swain de declarar nula la llamada reforma laboral del 2022, estatuto que hubiera reinstalado algunos de los derechos que perdió la clase trabajadora del sector privado con la aprobación de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral de 2017 (Ley 4-2017).

“Ahora, los abogados me tienen que asesorar en cuanto a una posible apelación. Yo me veo inclinado a apelar por los méritos del asunto”, expresó el primer ejecutivo el domingo, tras participar en la asamblea general del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Al emitir su determinación el viernes, la jueza Swain señaló que el gobierno nunca proporcionó el análisis del impacto económico que tendría la Ley 41 de 2022, a pesar de las solicitudes e instrucciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“La Ley 41 y las acciones que se hayan tomado para implementarla son nulas y sin efecto ab initio (desde el inicio). Además, el Tribunal prohíbe y ordena de forma permanente que el gobernador u otras personas que estén en concierto o participación activa con el gobernador tomen medidas para ayudar a las partes privadas a implementar o hacer cumplir la Ley 41″, determinó la jueza.

Fue el pasado 20 de junio que el gobernador estampó su firma en el estatuto. Desde entonces, el ente fiscal alegó que la medida impactaría negativamente la economía y la participación laboral, aumentaría la migración y reduciría los recaudos del gobierno. “La práctica de promulgar leyes sin tener en cuenta o comprender las consecuencias económicas es la raíz de la crisis fiscal de Puerto Rico”, expresó la JSF en declaraciones escritas.

“Para lograr un crecimiento real y sostenible y un futuro de oportunidades, debemos seguir trabajando juntos para no implementar leyes que amenacen con retrasar los logros alcanzados”, agregó el ente fiscal tras conocerse la decisión.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, argumentó que la Ley 41-2022 era “buena” y que, a casi nueve meses de aprobada, “la tasa de desempleo, la tasa de participación laboral, la economía y los recaudos del gobierno central siguen creciendo”. “Nuestro gobierno apelará esta decisión, pero, al igual, continuará persiguiendo otras maneras de estimular el mercado laboral para continuar atrayendo más y mejores empleos”, expuso.

La Ley 41-2022 disponía reducir de nueve a tres meses el período probatorio para empleados nuevos y ampliar a 15 días la licencia por vacaciones.

“Tenemos que regresar a seis días de vacaciones anuales, que es un tiempo muy corto para que las personas pueden tener disfrute y ser eficientes en su área laboral”, señaló el representante Domingo Torres.

El también presidente de la Comisión cameral de Asuntos Laborales agregó que, con la anulación de la ley, prevalece la acumulación de 1,350 horas trabajadas para tener derecho al Bono de Navidad, período que había sido reducido a 700 horas. “Esto está surgiendo porque el gobernador no cumplió”, afirmo Torres.

Ambos estatutos mantenían en 12 días al año la licencia por enfermedad, pero la Ley 41-2022 permitía que los empleados a tiempo parcial acumularan medio día por mes, explicó Torres.

Entre las cosas que han permanecido garantizadas bajo ambas leyes, está el llamado “flexitime”, el esquema de pago de horas extra a razón de tiempo y medio, el derecho a acomodo religioso y el tiempo de 30 minutos de período de lactancia por cada cuatro horas de trabajo que tienen las empleadas parciales.

Decidida la apelación

Al sostener que el gobernador Pierluisi hizo una “defensa mediocre” de la Ley 41-2022, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, anunció que se reunirá este miércoles con sus asesores legales para determinar las próximas estrategias legales.

“Nosotros, en nuestro reclamo, estamos subsanando las deficiencias de la defensa mediocre del Ejecutivo de los derechos de los trabajadores. El Ejecutivo no cumplió… vamos a demandar, vamos a ir a Boston, aquí no hay duda ninguna. La decisión está tomada”, expuso Hernández.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, adelantó el domingo que se unirán al esfuerzo de la Cámara.

Hernández sostuvo que, aunque coincide con que el Ejecutivo no cumplió con la exigencia de la JSF, la determinación de la jueza Swain no entró en los méritos del impacto fiscal del estatuto, y en eso se enfocarán. “Obviamente, consideramos que el impacto es positivo porque tiene un efecto en la compra de bienes y servicios. Mi posición es que el dinero donde tiene que estar es en el bolsillo del trabajador”, expuso.

Dijo que la Junta ha excedido sus poderes al entrar en un asunto de “índole comercial privado” que no tiene ningún impacto en el presupuesto del gobierno. “El viernes, (la JSF) se volvió a exceder. Claro, el flaco servicio de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y ahora de Pedro Pierluisi ha perpetuado ese abuso”, dijo.

Mientras, el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, sostuvo que la anulación de la ley tiene un impacto “terrible”, especialmente entre los jóvenes que se están insertando en el mercado laboral y en los poderes de la Rama Legislativa.

“La Junta está asumiendo unos poderes de llegar, incluso, a limitar las facultades de la Legislatura con respecto a política pública del sector privado, y eso nos deja con un margen bien pequeño de acción y, bajo esa premisa, se pueden meter en prácticamente todo”, expuso Márquez.

Fuente: El Nuevo Día

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