Los pasados 15 meses han sido una prueba de fuego para el mundo como resultado del COVID-19, pero también el período donde los gobiernos han volcado recursos incontables –más que durante la Gran Recesión– para hacer contrapeso al saldo sanitario y económico de la pandemia.

Puerto Rico tuvo su cuota de esfuerzos propios. En medio de un proceso de bancarrota, utilizó $787 millones de sus ingresos para auxiliar a individuos y negocios y dar recursos a un sistema de salud desarticulado por la crisis fiscal.

Pero sobre todo, por su relación jurídico-política con Estados Unidos, en un pestañeo, Puerto Rico tuvo a su disposición $43,532 millones en fondos federales.

Lo sorprendente es que un gobierno incapaz de conceder subastas y contratos sin que haya dudas y cuestionamientos, y que no acaba de fortalecer sus sistemas estadísticos y financieros, entre tantas deficiencias, articulara en cuestión de días y semanas cerca de una veintena de programas para desembolsar la histórica cifra.

Hasta el pasado viernes, el gobierno había desembolsado casi la totalidad de los fondos asignados a gobiernos estatales y municipales a través del Cares Act, los tres cheques de estímulo a individuos, la asistencia alimentaria a estudiantes, los vales para universitarios y había articulado programas para auxiliar a Pequeños y Medianos Empresarios (Pymes), trabajadores por cuenta propia, hospitales, restaurantes y negocios vinculados a la actividad turística, entre otros.

Si en esa lista se incluyen los préstamos para la Protección de Nómina (PPP, en inglés) otorgados por la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés), las ayudas federales directas a individuos y negocios han totalizado al menos $25,594 millones en apenas 15 meses.

Pero con la misma rapidez que se asignaron los fondos, así también, llega el final de las ayudas recibidas.

Impacto y acción sin paralelo

“Ciertamente, la rápida acción permitió que no colapsara la economía y en el 2021, ha habido un rebote”, indicó el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero.

De acuerdo con Marrero, la ayuda provista a Puerto Rico por el gobierno federal no tiene comparable en la historia reciente de la isla.

En síntesis, en 15 meses, Puerto Rico ha recibido casi la mitad de su Producto Bruto y cerca del doble del presupuesto consolidado.

“Ningún hospital quebró, sabiendo que con lo que se anticipaba, aquí estas entidades apenas tienen liquidez para dos semanas. Las personas recibieron los distintos beneficios que se aprobaron. Tuvimos, como pasó en otros estados, nuestros obstáculos, pero se hizo lo necesario para que se utilizaran los fondos siguiendo las guías que dio el Tesoro”, indicó Marrero.

Cuatro estímulos en un año

El funcionario reveló que dos días antes de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced decretara el cese de la actividad económica para contener el avance del COVID-19 en la isla, la Aafaf comenzó a articular con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el primero de lo que serían cuatro paquetes de estímulo fiscal.

El programa local asignó los $787 millones para lidiar con la crisis de salud, incentivar a primeros respondedores y una ayuda directa a toda la población.

Ese plan fue seguido por tres a nivel federal: el Families First Coronavirus Response Act, Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act (Cares) -este gestionado en dos fases- y el American Rescue Plan Act (ARPA).

Según Marrero, los cantazos recibidos en las negociaciones con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y el gobierno federal luego de los huracanes Irma y María mientras dirigía la Oficina de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia (COR3), al igual que el proceso de preparación de los planes estratégicos, le curtieron para articular la respuesta fiscal a la pandemia.

Marrero sostuvo que O’Melveny Myers, el bufete que le asesora en la reestructuración de la deuda, y Ankura Consulting, así como CGI, que ha apoyado al COR3 colaboraron en los programas que se implementaron.

“Si hay un trabajo del que estoy más que satisfecho ha sido este. Quisimos ser lo más claros para transparentar el uso de los fondos porque sabemos que nos van a auditar hasta el lápiz y tenemos que estar blinda’os”, sostuvo Marrero.

El funcionario aseguró que Puerto Rico, figura entre las primeras cinco jurisdicciones de Estados Unidos en cumplimiento y rendición de cuentas.

De acuerdo con Marrero, aunque la mayor parte de los paliativos otorgados a individuos y negocios llega a su fin, una parte de los fondos asignados ha contribuido a que el gobierno sea más eficiente.

A manera ejemplo, explicó que las innovaciones en el Centro de Servicios al Conductor (Cesco) se han financiado con estos fondos. Allí, la pandemia forzó la adopción de nueva tecnología para realizar trámites que antes eran sinónimos de filas: renovaciones de licencias y transacciones de vehículos de motor, entre otros.

Además, según Marrero, aparte del impulso visto en los recaudos, Puerto Rico todavía tiene pendientes los fondos asociados con la reconstrucción tras los huracanes Irma y María y que llegarán a lo largo de la década.

¿Qué programas quedan activos?

Al presente, según la Aafaf, los programas activos y que suponen ayudas directas a individuos o negocios son el Programa de Asistencia por Desempleo a causa de la Pandemia (PUA) y la Subvención por Interrupción de Negocios (BIG).

En el caso del PUA, el programa llegó a otorgar hasta $600 por semana a trabajadores desplazados a causa de la pandemia y trabajadores por cuenta propia. Dicho programa se habilitó en marzo del año pasado y estuvo vigente por unos cuatro meses. El programa complementario Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC), que sucedió al PUA el año pasado, otorga semanalmente hasta $300 de beneficio adicional al seguro por desempleo y termina el próximo 4 de septiembre, según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Bajo los distintos paliativos al desempleo, se asignaron a la isla unos $10,644 millones. Según el DTRH, hasta la semana pasada, se habían desembolsado unos $9,000 millones.

La inyección alivió el bolsillo de unos 500,000 cuentapropistas y otros 250,000 asalariados desempleados.

De acuerdo con Javier Tirado Polo, director de Programas de Recuperación para Aafaf, en el caso del BIG, el gobierno asignó $65 millones.

El programa –que continúa recibiendo solicitudes– busca ayudar a empresarios que no pudieron participar del PPP y está dirigido a compensar las pérdidas que dejó la pandemia, proveyendo alivios específicos para la compra de inventarios o pagar ciertos gastos del negocio, por ejemplo.

Según Tirado Polo, el programa se diseñó considerando la inteligencia que posee el Departamento de Hacienda acerca de los negocios que podrían ser elegibles.

Pero de acuerdo con Tirado Polo, habida cuenta que en algunos programas, los fondos no se han utilizado a plenitud, la Aafaf ha optado por crear nuevas iniciativas cónsonas con los usos permitidos por el gobierno federal. Ese ha sido el caso de un programa de ayuda para Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), al que se han transferido unos $23 millones.

El programa de reciente creación aspira a que estas instalaciones puedan fortalecer sus servicios de salud a la población médico-indigente.

El calendario federal

Según Marrero, inicialmente, los fondos del Cares Act debieron utilizarse en o antes del 31 de diciembre de 2020, pero una enmienda al estatuto federal permitió que dicha fecha se postergara por un año. Ahora, en ciertos programas como las ayudas a municipios, el período para utilizar las asignaciones se extendió hasta el 2024.

Otros programas directos a individuos como la Transferencia Electrónica de Beneficios por la Pandemia (P-EBT), que benefició a 340,000 estudiantes de escuelas públicas y privadas en la isla, continuarán vigentes hasta este verano y el aumento de 15% en los beneficios del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) estaría vigente hasta el próximo 30 de septiembre.

El subsidio federal por servicio de internet o EBB, en inglés –que gestiona directamente la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés)– estará disponible hasta que se agoten los $3,200 millones asignados por la agencia federal para todo Estados Unidos o hasta seis meses después de que se declare el fin de la emergencia por el coronavirus.

Mientras, en el caso de ciertos fondos otorgados a través del ARPA, también conocido como el plan de rescate del presidente Joe Biden, el gobierno tendrá unos dos años para obligar los fondos y hasta el 2026 para gastarlos.

Las moratorias y ejecuciones

Otro programa que continúa vigente parcialmente son las moratorias para préstamos hipotecarios.

De acuerdo con Peter Torres Greer, presidente de la Asociación de Banqueros Hipotecarios en Puerto Rico (MBA, en inglés), luego de la pandemia, los bancos y los principales garantizadores de hipotecas –entiéndase Federal Housing Administration (FHA), Rural Development Administration, la Administración de Veteranos, así como las empresas gubernamentales de hipotecas Freddie Mac y Fannie Mae– otorgaron períodos de gracia a sus clientes.

Para diciembre del año pasado, según Torres Greer, alrededor de 104,000 consumidores en Puerto Rico solicitaron algún tipo de moratoria en sus hipotecas.

Pero la cifra no implica que todos los pedidos de moratoria se otorgaron o que estas duraron el tiempo máximo otorgado, expresó Torres Greer.

De acuerdo con Torres Greer, todos los programas de moratorias por el COVID-19 han terminado a excepción del programa de FHA y de Rural Development. Estos continúan aceptando solicitudes hasta el 30 de septiembre próximo.

Sin embargo, el máximo de tiempo que se otorgará bajo estos programas es de seis meses desde la fecha en que se apruebe la solicitud.

En el caso de los procesos de ejecución de hipotecas y lanzamiento, estos están detenidos hasta el próximo 31 de julio.

“Hasta este momento no se ha decretado ninguna extensión adicional”, sostuvo Torres Greer al indicar que los consumidores con problemas financieros todavía pueden acceder a los programas de mitigación que regularmente están disponibles.

Impacto de poca duración

Desde la perspectiva del economista José Alameda, los paliativos asignados por la pandemia tienen mérito, pero su impacto económico es temporal y poco transformador.

“El problema aquí es que la gente y los políticos se pasan anunciando que vienen fondos federales, pero se les olvida decir que esos fondos llegarán para mitigar el daño que ha tenido la economía”, dijo Alameda al explicar que las ayudas federales no son recursos adicionales para la economía local sino contrapesos a lo perdido.

Según Alameda, “el otro problema con estos fondos es que vienen a sustituir ingresos que dejaron de recibirse y ahora, se van a gastar en artículos y bienes importados, donde el efecto multiplicador es menor”.

“La cadena de manufactura donde se hizo esa computadora o ese televisor no está en Puerto Rico… entonces, si vemos crecimiento, ese crecimiento no es sostenible”, planteó el catedrático de Economía en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.

Fuente: El Nuevo Día

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