Las reestructuraciones de deuda que ha completado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) han resultado en bonos con mayores fortalezas y garantías de repago y por ende, con mejor valoración, de lo pudieron tener los bonistas antes de la quiebra de Puerto Rico, indicó este viernes, el principal asesor financiero del organismo y principal de BGC Partners, David Brownstein.

A preguntas Sean O’Shea, un agresivo abogado que encabeza la Práctica de Litigio en Cadwalader, Wickersham & Taft, quien representa a la aseguradora municipal Assured Guaranty, Brownstein detalló las instrucciones que ha recibido de la JSF durante los pasados siete años, cada vez que se ha sentado a negociar con bonistas u otros acreedores: pagar todo cuanto sea posible dentro de la realidad fiscal y económica de cada entidad emisora de deuda del gobierno de Puerto Rico.

Durante un contrainterrogatorio de casi tres horas y que por momentos, se tornó agitado, resultando en objeciones repetidas por parte de la JSF, Brownstein indicó que fue su idea incluir un cargo separado –ahora bautizado como “cargo legado”- dentro de la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para pagar a los bonistas.

El financiero también dio forma a los Instrumentos de Valor Contingente (CVIs, en inglés) que se han empleado en el proceso de quiebra de Puerto Rico.

Los CVIs son una forma de pago que han recibido los bonistas en casi todas las reestructuraciones de deuda bajo la ley federal Promesa. El instrumento permite recibir compensaciones adicionales, cuando los ingresos que reciba la entidad gubernamental o el fisco, excedan las proyecciones establecidas cuando se aprobaron los distintos planes de ajustes del gobierno.

Al presente, los bonistas del gobierno central (Obligaciones Generales), incluyendo la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), tienen un CVI que se paga del exceso de recaudos no comprometidos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU).

De igual forma, los bonistas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y aquellos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), del Distrito de Convenciones (ADC) y para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) también recibieron CVIs como resultado Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central.

El gobierno central no es una alcancía

Durante el quinto día del juicio de confirmación del PDA-AEE, que se lleva a cabo en el tribunal federal en Hato Rey, Brownstein describió los CVIs como un buen instrumento, al tiempo que dejó entrever que el plan de pagos propuesto incluyó el cargo legado, así como los CVIs una vez la Legislatura no aprobó un proyecto de ley que habría permitido separar una cantidad de los recaudos de la AEE para pagar la deuda de la corporación pública, lo que se conoce técnicamente como titularización.

“Parte del reto que tenemos en Puerto Rico, ese fue el reto también con Cofina (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), ACT, y con las agencias de servicios (utilities), es que son entidades independientes del gobierno central”, dijo Brownstein al indicar que si alguien le hubiera convencido de que existía alguna otra forma de resolver la quiebra de la AEE utilizando al gobierno central, lo habría hecho.

Pero según Brownstein, nadie puede sugerir, ni siquiera la JSF, que el gobierno central sea “la alcancía” de las corporaciones públicas, en este caso de la AEE, porque existen otras obligaciones importantes que atender desde el gobierno central como financiar el programa de salud, por ejemplo.

Brownstein rechazó de plano las preguntas de O’Shea en torno a que el presidente de la JSF, David Skeel, esté “prejuiciado” hacia los acreedores y que, a ello, responda el recorte masivo que se ha propuesto contra los acreedores de la AEE.

“Lo probamos en Cofina, en el gobierno central, en (la Autoridad de) Carreteras”, dijo Brownstein.

“Lo que se me dijo fue que identificara cómo podemos pagar lo más alto que podamos, que no tuviera reservas en cuanto a la estructura de bonos que pudiera aplicarse dentro de la realidad que tenemos”, agregó Brownstein al resumir la premisa que ha servido de base para negociar con los acreedores. “Eso, simplemente, es lo que la JSF cree realmente”.

En su fogosa línea de preguntas, O’Shea preguntó a Brownstein su opinión acerca del exdirectivo de la JSF, Justin Peterson, quien renunció a su cargo en agosto del año pasado, alegando que no se prestaría para “engañar” a los bonistas de la AEE con un plan de pagos amañado.

Brownstein dijo que Peterson le parecía una persona honesta, pero tomó excepción al indicar que las expresiones del exdirectivo y socio de la firma de cabildeo washingtoniana DCI Group en torno a las negociaciones de la AEE eran incorrectas.

Sin embargo, el financiero admitió que no comunicó sus impresiones de la situación a Skeel u otros funcionarios de la JSF y que tampoco lo dejó por escrito porque no le correspondía hacerlo.

El beneficio para los bonistas

Acto seguido, Brownstein manifestó que todos los bonos reestructurados por la JSF han beneficiado a los acreedores por dos vías.

Por un lado, explicó el financiero, son estructuras de bonos legalmente más sólidas, es decir, que tienen más protecciones y posibilidades de recuperación que lo que pudieron tener los acreedores antes del proceso de quiebra.

A manera de ejemplo, de aprobarse el PDA-AEE, la corte retendría la jurisdicción para ordenar el pago en caso de que la corporación pública incumpla con sus acreedores.

En segunda instancia, los bonos reestructurados de Puerto Rico que se han vendido en el mercado secundario, se han vendido a par, o sea, al valor en que se emitieron inicialmente.

Para Brownstein, quien ha gestionado unos $45,000 millones en emisiones o transacciones para sobre 200 entidades municipales, entiéndase, condados, distrito escolares y estados en Estados Unidos, las fortalezas legales otorgadas como resultado de la reestructuración benefician a los bonistas, pero también a Puerto Rico cuando llegue el momento de volver a tomar prestado en los mercados, lo que debe suceder a tasas razonables, uno de los mandatos dados a la JSF en Promesa.

“Estoy muy, muy orgulloso (de lo que se ha hecho)”, dijo Brownstein, quien indicó que las soluciones adoptadas en Puerto Rico han sido “únicas” en la historia de procesos de quiebras dentro del mercado de deuda municipal de Estados Unidos.

Y agregó que de la firma forma en que para 1974, diseñó mecanismos de pago que ahora son estándar en el mercado municipal, lo mismo podría pasar con los remedios propuestos para sacar a la AEE de la quiebra.

Los CVIs, el cargo legado, y las negociaciones con Blackrock

En el propuesto PDA-AEE, la JSF propone pagar a ciertos acreedores con bonos, a otros pagará dinero en efectivo y a otros pagará en una combinación de efectivo, bonos y CVIs.

En términos generales, los CVIs, se pagarán dependiendo de varios factores y bajo ciertas circunstancias.

El plan de pagos propuesto indica que los CVIs se pagarán después de que la AEE cumpla con sus gastos y pague los bonos que se emitirán en la reestructuración. Los CVIs se pagarán si las ventas de la AEE por electricidad exceden las proyecciones en el plan fiscal certificado de la corporación pública para el año fiscal 2023. Pero además, el pago dependerá de que el operador de la red eléctrica, LUMA Energy, consiga ciertas eficiencias y ahorros. Si esos factores se cumplen, los bonistas recibirán pagos a través del CVI-I. Y si el operador de la flota generatriz, Genera PR, logra lo propio, se pagarán los CVI-II.

Además, si bien el PDA-AEE contempla recortes agresivos, Brownstein explicó que los bonistas saldrán bien porque recibirán un bono “turbo”. Es decir, que mientras más ingresos genere la AEE, más rápido se pagaría la acreencia. En uno de los casos, tan pronto como en 9 años, según la declaración de Brownstein.

“Los nuevos bonos también tienen una cláusula de intereses que provee que si el cargo legado, en un año fiscal determinado, es insuficiente para pagar los intereses de los nuevos bonos, la AEE tendrá que implementar un aumento al cargo legado que permitirá a la AEE pagar el interés programado o entrar en impago”, reza la declaración de Brownstein que la jueza Laura Taylor Swain admitió como evidencia.

El abogado de Assured, O’Shea cuestionó repetidamente a Brownstein acerca del acuerdo con BlackRock Financial, el fondo de inversiones -que junto a otros como Taconic Capital- llegaron a un entendido con la JSF en agosto pasado, para poner fin a la quiebra de la AEE.

Como parte del acuerdo, BlackRock comprará ciertos bonos de la AEE y ese dinero se utilizará para pagar a otros acreedores de la corporación pública.

O’Shea preguntó por qué la JSF aceptó la oferta de financiamiento de BlackRock, en lugar de auscultar si podían conseguirse mejores términos. Tal financiamiento se pagará a una tasa de interés del 6%.

Brownstein contestó que la JSF no tenía muchas alternativas. Dijo que no siempre, se buscan ofertas en el mercado municipal, que la oferta de BlackRock se produjo en el proceso de mediación animado por Swain y el ente fiscal se corría el riesgo de compartir información material con entidades no sujetas a la confidencialidad de las negociaciones y que el calendario estaba en su contra. Ello, porque la JSF debía presentar un plan enmendado para finales agosto de 2023.

El nexo entre Citigroup y la AEE

De otra parte, Brownstein negó que hubiera algún conflicto de interés o que no se hubiera revelado la relación de su antiguo patrono, Citigroup Global Markets con Puerto Rico.

Desde el 2017 hasta enero pasado, Citi -que antes ganó millones de dólares estructurando bonos para el gobierno de Puerto Rico- asesoró a la JSF y su entonces director gerencial, Brownstein, se mantuvo a la cabeza de tal asesoría. En diciembre del año pasado, Citi determinó que cerraría su negocio de finanzas públicas, pero la JSF retuvo a Brownstein.

O’Shea preguntó a Brownstein si informó que su patrono era dueño de bonos de la AEE mientras él encabezaba las negociaciones y que Citi favoreció el PDA-AEE.

El financiero señaló que la JSF estaba al tanto de ello y que Citi hizo las divulgaciones necesarias. Agregó que supo del respaldo de Citi al PDA-AEE luego de que se produjo la votación. También negó que las decisiones tomadas en las negociaciones respondieran a que Citi o él recibirían comisiones adicionales en caso de que las reestructuraciones del gobierno se completaran con éxito.

En febrero pasado, Brownstein, quien ha trabajado por cerca de 40 años en transacciones de finanzas públicas en Estados Unidos, creó -BGC Partners-, descrita como una firma de reestructuraciones “boutique”. Brownstein devenga unos $850,000 al mes por sus servicios a la JSF.

Fuente: El Nuevo Día

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