Casi seis años después de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitara la protección del Título III de la ley federal Promesa para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, ha separado tres días de su agenda esta semana para resolver lo que abogados y asesores -cobrando millones de dólares- no han podido acordar en innumerables horas de negociaciones y sesiones de mediación: cuánto realmente debe la corporación pública a sus bonistas y de dónde exactamente, les pagará.

Este martes, los abogados de la JSF y la Autoridad de Asesoría y Agencia Fiscal (Aafaf), así como aquellos del grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE), del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés); las aseguradoras municipales Assured Guaranty y Syncora Guarantee y de los fondos que administran las líneas de crédito para la compra de combustible, intentaron convencer a la jueza que entiende la quiebra del gobierno puertorriqueño que la otra parte estaba equivocada.

Desde ambos lados, los abogados navegaron un mar de citaciones jurídicas y se imputaron haber “inflado” los números en sus respectivos reportes y citaciones de expertos para su beneficio.

A lo largo de casi seis horas de argumentaciones, por ejemplo, surgieron referencias judiciales de todo tipo. Desde cómo estimar los ingresos que debe recuperar un casero que no ha recibido pagos de alquiler –controversia legal que se decidió hace un siglo; precedentes judiciales en estados como West Virginia, Connecticut y Colorado y hasta el término que puede aplicarse para computar la deuda de un préstamo hipotecario, según las leyes de Puerto Rico.

Todo ello, con tal de poner un monto en dólares y centavos a la deuda pública de la AEE y que se pagaría a través del cargo “híbrido” y otros cargos que aparecerán en la factura de electricidad por las siguientes tres décadas. Ello, de confirmarse el Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE).

En pobreza energética

Los abogados de los bonistas arremetían contra la JSF asegurando que sus clientes tienen derecho a cobrar su parte y que, tanto la ley orgánica de la AEE como la escritura de bonos de la corporación pública confieren remedios específicos, entre ellos el nombramiento de un síndico, para cobrar su acreencia.

Por su parte, los abogados del organismo que controla las finanzas públicas de Puerto Rico y del gobierno argumentaron que pese al revés que recibieron los bonistas de la AEE en marzo pasado, ese grupo de acreedores busca cobrar al menos $8,500 millones, aunque ello implique dejar a la corporación pública sin dinero para cubrir sus operaciones y al pueblo de Puerto Rico, sin servicio eléctrico.

Por momentos, las argumentaciones parecían tan técnicas que, en varias ocasiones, la jueza Swain preguntó por qué debía admitir y dar más consideración a leyes que nada tienen que ver con un proceso de quiebra o si el curso de acción que se sugería no dejaría a la AEE en una posición precaria al punto de “irnos a casa y apagar las luces en Puerto Rico”.

“Los bonistas van a mantener a los puertorriqueños en un estado de pobreza energética si quieren establecer en 6% el share of wallet (SoW en inglés) por los siguientes 25 años”, dijo Martin Bienenstock, principal asesor legal de la JSF, justo al inicio de las argumentaciones.

Partiendo del expediente judicial de la quiebra de la AEE, el SoW es uno de los conceptos más controversiales en el proceso de modificar las obligaciones de la corporación pública. En términos sencillos, el concepto hace referencia a cuánto dinero del presupuesto de un hogar se dedica al pago de electricidad.

En el caso de la AEE, la JSF argumenta que en Puerto Rico, la jurisdicción más pobre de Estados Unidos, si se acepta lo que piden los bonistas, los hogares dedicarían al menos seis centavos de cada dólar que reciban para pagar la factura de electricidad.

Según Bienenstock en estados como Mississipí, considerados entre los más pobres de todo Estados Unidos, el SoW ronda 3.2% y en esa jurisdicción, se considera que el 19% de la población vive bajo el nivel de pobreza.

En Puerto Rico, ese indicador ronda el 42%, aseguró Bienenstock.

“No hay base legal alguna para rechazar una reclamación y que no acumule intereses luego de la radicación de una petición de quiebra”, ripostó el abogado Gary Orseck, en nombre del Ad Hoc-AEE.

Según Orseck tampoco hay precedente legal para descontar la reclamación de sus clientes calculando a valor presente. “Eso es lo que propone la (JSF)”, insistió el abogado.

¿Por qué se disputan?

Bienenstock y Orseck solo fueron dos de casi de una decena de abogados que participaron del primer día del juicio para establecer cuánto tendría que pagar la AEE a los bonistas si la jueza Swain acoge el pedido de los bonistas y nombra un síndico en la corporación pública.

De entrada, se trata de un ejercicio hipotético, porque a la fecha, Swain no ha eliminado la suspensión automática de litigios, lo que permitiría analizar la conveniencia de un síndico en la AEE.

Pero también se trata de un proceso adversativo que radicó el fiduciario de la deuda de la corporación pública US National Bank en el contexto del proceso de Título III de la AEE.

El proceso adversativo fue parte de las negociaciones que llevaron a cabo la JSF y los bonistas el año pasado y que no llegaron a buen puerto.

Una vez el gobierno canceló el acuerdo pactado con los bonistas en el 2019, la jueza Swain ordenó a la JSF pactar un nuevo entendido y ante la falta de uno, radicar el PDA-AEE y a su vez, resolver en el tribunal las controversias de derecho en las que no había acuerdo.

En marzo pasado, parte de la disputa se resolvió. Swain determinó que los bonistas de la AEE son acreedores no asegurados, colocándolos en igualdad de condiciones con los pensionados y contratistas o trabajadores de la corporación pública.

En consecuencia, Swain también decidió que la única partida de dinero a la que tienen derecho los bonistas es aquella donde se depositen los pagos a los bonistas que a su vez, saldrán exclusivamente de los ingresos netos futuros de la AEE.

Si llegara un síndico a la AEE

Para la JSF, la deuda pública por concepto de bonos de la AEE no era tan valiosa como se alegaba. Ahora, con el fallo judicial a su favor y sabida la pobre situación financiera de la AEE y el hecho de que la factura eléctrica en Puerto Rico figura entre las más altas de Estados Unidos, la JSF propuso recortar a la mitad las acreencias de la AEE. En ese contexto, era necesario determinar cuánto podrían recuperar los bonistas mediante el PDA-AEE en la mesa vis a vis lo que estos podrían recuperar con un síndico en la AEE que ordene la revisión tarifaria, según dispone el contrato de bonos de la corporación pública.

A esos efectos, la JSF encomendó al experto en valoración David Plastino analizar a cuánto asciende la reclamación de los bonistas de la AEE.

Según Plastino, la reclamación ajustada de los bonistas de la AEE apenas rondaría $2,100 millones, una cifra inaceptable para esos acreedores.

Para el Ad Hoc-AEE aun cuando la jueza Swain les considera acreedores no asegurados, solo los bonistas de la corporación pública tienen un remedio específico para cobrar su acreencia, tanto en la ley orgánica de la AEE como en el contrato de bonos. Y a esos efectos, también hicieron sus estimados. El Ad Hoc-AEE contrató a Maureen Chakraborty y al hacer sus números, la experta aseguró que los bonistas podrían recuperar unos $8,500 millones de nombrarse un síndico en la AEE.

Para el abogado de Aafaf, Peter Friedman, entre otras cosas, se trata de números en el aire, pues las movidas de un síndico en la AEE podrían estar limitadas. Friedman recordó que ahora toca al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) dirimir cuánto se cobrará a los abonados en la factura de electricidad.

Una factura de 100 años

Mientras, Amy Wolf, abogada de Cortland Capital y SOLA Ltd, los fondos que manejan las líneas de crédito para la compra de combustible de la AEE y que pactaron con la JSF, hizo otra observación.

Si bien los expertos contratados por ambas partes coinciden en que la AEE puede pagar a los bonistas, Wolf marcó una diferencia crucial. Antes de pagar a los bonistas, hay que cubrir los gastos operacionales de la utilidad y según el informe de Plastino, si se pagara a los bonistas como estos reclaman, los abonados en Puerto Rico tendrían en sus facturas el cargo híbrido o legado para pagar la deuda reestructurada de la AEE por espacio de 100 años.

Fuente: El Nuevo Día

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