El Comité Oficial de Retirados (COR) llegó a un acuerdo definitivo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que, si bien implicará recortes a este sector, el impacto de estos será -por mucho- menor a la fórmula que propuso el ente federal para ajustar la pensión de unos 167,000 jubilados del sector público y establece una reserva que permitiría el pago de esta obligación por los próximos 30 años.

El acuerdo, cuyos términos fueron examinados por El Nuevo Día, tira por la borda el recorte de 25% a las pensiones de los servidores públicos ya retirados que proponía la JSF, elimina el cálculo que requería considerar el Seguro Social como parte de los ingresos del jubilado y protege la aportación monetaria al pago del plan médico para aquellos que poseen ese beneficio.

De igual forma, de consumarse el acuerdo, los pensionados que verían un ajuste serían aquellos con un beneficio de pensión de más de $1,200 al mes y ese recorte podría ser revertido anualmente, si el gobierno maneja apropiadamente su presupuesto.

Según los estimados del COR, con el acuerdo, en esencia, aproximadamente uno de cada cuatro jubilados vería un ajuste en sus pensiones. La propuesta inicial de la JSF implicaba recortar la pensión de tres de cada cuatro retirados de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) para los empleados del gobierno y la Judicatura y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM).

En números específicos, con el pacto, unos 102,204 jubilados no verán recorte alguno en sus pensiones.

“Nadie quiere ver un recorte en su pensión, pero también hay que entender que el gobierno no tiene dinero para pagar todas sus obligaciones. No es un asunto de si hay dinero para pagar ahora, es si habrá dinero para pagar esta obligación a largo plazo”, dijo por su parte el presidente del COR y exjuez, Miguel Fabre al aceptar que para lograr ese objetivo de largo término fue necesario que una parte de los jubilados vean un ajuste en la pensión que reciben. “Si alguien tiene un mejor plan, que lo presente”.

El pacto es fruto de casi 12 meses de negociaciones entre las partes, un proceso en el que prevaleció la buena fe y donde no participó el equipo de jueces mediadores nombrados por la jueza Laura Taylor Swain, explicó el principal asesor legal del COR, Robert D. Gordon, del estudio legal Jenner & Block.

Según Gordon, el acuerdo con el COR sería parte del plan de ajuste del gobierno central y podría llevarse a votación de los jubilados este mismo año.

¿En qué consiste el acuerdo?

El acuerdo entre el COR y la JSF podría dividirse en dos grandes áreas. Por un lado, el recorte que verán ciertas pensiones y en el otro lado, la creación de una especie de alcancía para procurar que haya dinero para pagar las pensiones, aun cuando el gobierno pueda encarar un déficit presupuestario.

En el caso del recorte a las pensiones, en lugar de que la JSF aplique un recorte de 25%, el COR negoció para que dicho ajuste sea de entre 3% a 8.5% y se aplicará al beneficio de pensión que reciben los jubilados, cuando estos reciban más de $1,200 al mes.

Si bien al defender su fórmula, la JSF planteaba que el recorte a las pensiones rondaría 10%, la cifra hacía referencia al recorte promedio que se aplicaría. Inicialmente, la JSF también pretendía aplicar el recorte a cualquier beneficio de pensión mayor de $1,000 al mes. El ajuste negociado por el COR, no considera la aportación del plan médico como parte del beneficio de pensión.

Para la JSF, el beneficio de pensión implica el pago que recibe el jubilado, incluyendo los bonos de navidad, medicamentos o verano. En aquella fórmula, incluso se consideraba la aportación al plan médico como ingreso del jubilado. Ahora con el nuevo pacto, la aportación al plan médico no se considerará para determinar el beneficio mínimo de $1,200 por mes.

Para aplicar al recorte, según el COR, se ajustarán primero los bonos que recibe el pensionado hasta un máximo de 8.5% y de ser necesario, se recortará el cheque de pensión hasta llegar a ese horizonte de 8.5% o la cifra de $1,200, lo que ocurra primero.

Como parte del acuerdo, la JSF también se comprometió a crear una reserva para el pago de pensiones. A esta reserva se aportarán $175 millones desde el momento en que se apruebe el plan de ajuste del gobierno central hasta el año 2027.

Dicha reserva operará como un fideicomiso que quedará bajo la supervisión de los propios jubilados, según el acuerdo. Si fuera necesario, el gobierno podrá recurrir a esa reserva para pagar las pensiones bajo el sistema “PayGo” bajo ciertas condiciones.

El pacto con el COR entraría en vigor el 1 de julio de 2020 o el 1 de julio posterior a la confirmación del plan de ajuste de deudas del gobierno central, lo que ocurra más tarde.

El acuerdo entre el COR y la JSF se dio a conocer este miércoles, cuando la jueza Laura Taylor Swain lleva a cabo la audiencia de junio de los casos de Título III.

El pacto es el tercero que formaliza la JSF y que incide sobre empleados públicos activos o retirados. El pasado lunes, el Sindicato de Servidores Públicos Unidos llegó a un acuerdo separado que restituirá el principal de los ahorros de la jubilación del Sistema 2000. En tanto, la semana pasada, la Asociación de Maestros de Puerto Rico llegó a un pacto separado para sus representados.

Source: Los retirados y la Junta pactan para no recortar las pensiones a más de 102,000 jubilados

‍