Con una inversión de $1.3 millones, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) comisionó el estudio de Evaluación del Desempeño de Incentivos Económicos, para conocer el retorno de inversión de los distintos programas cobijados bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019).

Sin embargo, los datos utilizados para visibilizar el impacto real de los distintos programas pertenecen a diferentes años y toman en consideración diversos factores, por lo que no es posible calcular un Retorno de Inversión (ROI, en inglés) total, que refleje el impacto real.

Así lo sostuvieron Kevin González, economista de la firma Abexus Analytics, y Humberto Mercader, subsecretario del DDEC, durante una conferencia de prensa.

El sector que peor rendimiento demostró fue el agrícola, luego que se demostrara que de $39.9 millones que otorgó el gobierno en incentivo, solo generó un beneficio de $10.7 millones y 2,131 empleos directos. Esto supone un retorno de inversión de -73.2%, cuyos datos corresponden al año 2020, los más recientes.

Los incentivos incluyen exención del 90% del impuesto sobre la renta; exención del 100% del impuesto sobre bienes inmuebles si al menos el 35% de la propiedad se destina a la agricultura; 100% de exención del impuesto sobre patentes (impuesto sobre las ventas brutas) y otros impuestos municipales. A ello se suma el acceso a subsidios salariales, maquinaria y equipos, créditos para fertilizantes.

“Sembrar es complicado. Sin embargo, si nosotros convertimos y promovemos, e incentivamos, para que esa agricultura se convierta en un manufacturero de alimentos, ya entonces le añades un valor a la agricultura y ese valor añadido debe ser significativo en el aumento de positividad del sector agrícola en este análisis de incentivos. Pero, hoy por hoy, lo que tenemos en Puerto Rico como procesamiento alimentario es sobre muy limitado. La mayoría es agrícola y una porción agrícola bien pequeña”, explicó Manuel Cidre, secretario del DDEC.

Por su parte, Héctor Cordero, presidente de la Asociación de Agricultores, explicó que la industria agrícola continúa enfrentando retos ambientales, incluyendo la crisis climática y los efectos que tuvieron los huracanes, por lo que muchos de los incentivos están en programas que tienen que ver con la prevención.

“Algunos de estos incluyen incentivos para mejorar la infraestructura de la finca, por ejemplo. Por lo tanto, cuando tú haces una inversión en una mejora de una finca, no va a haber un retorno de la inversión tan rápido, como cuando tú lo haces dentro de la industria de la manufactura”, explicó Cordero.

El agricultor defendió los incentivos y recalcó que son importantes para dirigirse a la meta de la seguridad alimentaria.

“Nosotros producimos el 15% de lo que consumimos. No podemos ponernos miserables porque no tenemos un retorno a la inversión y quitarle los incentivos al sector agrícola, porque eso va a causar que la producción local se acabe”, enfatizó.

Mientras que el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González, informó que no haría expresiones al respecto, ya que desconocía de los hallazgos del estudio y no había podido analizar la proveniencia de los datos. Esto, pese a que del estudio se desprende que utilizó información de varias agencias, incluyendo a Agricultura.

Al sector agrícola le siguió el de las industrias creativas, con un rendimiento negativo de 49.5%, equivalente a incentivos montantes a $102.7 millones, con beneficios generados de $51.9 millones, entre los años 2020 y 2022. Se subsidiaron 45 proyectos, que contaron con un promedio de 122 empleos generados cada uno.

En cuanto el Turismo, demostró un ROI neutro de 3.2%, que le costó al gobierno $135.9 millones y generó un beneficio de $140.3 millones y 11,820 empleos.

Asimismo, la manufactura doméstica tuvo una tendencia similar, cuyo costo fue de $504 millones y generó ingresos de $531.9 millones, para un ROI de 5.5%.

En el estudio, los ingresos generados por corporaciones extranjeras incentivadas de la industria de la manufactura alcanzaron los $2.6 billones, tras un costo de $1.8 billones para un ROI positivo de 45.5%.

En lo que concierne a los inversionistas residentes (Ley 22) y la exportación de servicios (Ley 20), ambos incentivos mostraron un impacto positivo según la fórmula del retorno de inversión. Los programas tuvieron un costo de $356.1 millones y $184.4 millones, respectivamente, para un ingreso fiscal de $418.3 millones y $201.4 millones. Entre ambos, generaron 30,458 empleos directos en 2022.

“Aunque los incentivos han tenido impactos positivos en áreas específicas, es un hecho que existe un margen para mejorar su diseño y aplicación para asegurar un alineamiento con los objetivos estratégicos de desarrollo económico”, aclaró Cidre.

Fuente: El Vocero