Al margen de las conclusiones del Estado Financiero Consolidado y Auditado de Puerto Rico (CAFR, en inglés), el secretario de Estado, Omar Marrero, insistió en que el presupuesto de 2022 sí está balanceado y que el señalamiento en el informe divulgado esta semana no es otra cosa que una disposición del proceso de contabilidad.

El Nuevo Día publicó que, según el CAFR 2022, el presupuesto con cargo al Fondo General terminó con un déficit de $3,283 millones, dando al traste con el requisito de que el ejercicio de ingresos y egresos en ese año fiscal fue balanceado y, por consiguiente, uno de los que requiere la Ley Promesa como requisito para la salida de la Junta de Supervisión Fiscal.

Marrero, también director ejecutivo de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), dijo a este rotativo que los señalamientos en el CAFR son “un asunto totalmente contable”.

“Es un asunto mecánico. Básicamente, ellos reconocen un evento extraordinario. En esa fecha, al tener que hacer unos pagos y, obviamente, al hacer una enmienda al presupuesto, se dio un evento extraordinario y así lo entienden los contables”, dijo Marrero.

El secretario hizo las expresiones, precisamente, luego de presentar detalles de la deuda de Puerto Rico y los planes de ajuste adoptados por el gobierno durante un foro de contabilidad y auditoría gubernamental auspiciado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA).

A preguntas de El Nuevo Día luego de participar en el foro, insistió en que no considera que haber sacado dinero para pagar la deuda implique un desbalance para el presupuesto de ese año, como sí estima el informe de contabilidad.

“Confiamos que en 2026 tendremos los cuatro presupuestos debidamente balanceados, incluyendo el primero del servicio a la deuda. ”

El presupuesto operacional se mantuvo en la raya

“En ese año, hubo un evento extraordinario por el pago del servicio de la deuda en virtud a la efectividad del Plan de Ajuste (PDA). Pero si sacas ese evento extraordinario, el hecho indiscutible, irrefutable y constatable es que el gobierno de Puerto Rico no gastó más de lo que generó. En ese sentido, el presupuesto estaba debidamente balanceado”, afirmó.

Se le preguntó entonces si, para efectos del gobierno, el presupuesto de 2022 sería uno de los presupuestos balanceados que ha tenido el país.

“De la manera que lo veo es que, si tomas en cuenta ese evento extraordinario, por definición y por las reglas contables, va a haber ingresado menos porque no hay manera que hubiésemos generado ese ingreso en un año. Pero es un evento extraordinario”, dijo.

¿El presupuesto está balanceado?, cuestionó este rotativo.

“Esa determinación la vamos a tener en el momento que sea apropiado, pero nosotros confiamos que en 2026, tendremos los cuatro presupuestos debidamente balanceados, incluyendo el primero del servicio a la deuda”, respondió.

El Nuevo Día preguntó a la JSF si el año fiscal 2022 se consideraría como el primer año de presupuesto balanceado para efectos de la Ley Promesa. El organismo dijo por escrito que “se encuentra revisando los estados financieros auditados”.

Para verano la decisión de la jueza Swain

Por otra parte, Marrero dejó saber que para este verano, esperan una decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain sobre la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Según el funcionario, la decisión de la jueza debe llegar una vez baje la decisión del Circuito de Apelaciones en Boston en el caso de los bonistas que apelaron un fallo de la jueza, quien limitó el gravamen de estos bonistas a los fondos que dedica la AEE para pagar la deuda pública.

“Primero debe estar bajando la (decisión) del Circuito. Una vez tengamos esa decisión, Swain debe estar emitiendo la suya. Entendemos que en algún momento en el verano debe ser razonable tener eso. Pero reconocemos la complejidad del tema y hay litigios pendientes. Pero esa es la expectativa, que en algún momento en verano debe haber una decisión”, indicó Marrero.

En marzo pasado, se llevó a cabo la vista de confirmación del PDA de la AEE ante la jueza Swain. La JSF solicitó que confirme el plan que recortaría 75% de las obligaciones de la AEE.

Marrero se expresó confiado en que el gobierno prevalecerá tanto en Boston como en el tribunal de la avenida Chardón en Hato Rey.

“Nuestra expectativa es que se confirme la decisión de Swain en cuanto al gravamen se refiere. Pero entendemos que tenemos que esperar porque también los bonistas sostienen que la decisión de Swain fue errada en derecho”, dijo Marrero.

“Con esas decisiones no quiero especular en cuanto a cuál debe ser el resultado. Nosotros confiamos en que, al igual que ha pasado con otras decisiones, sea confirmada porque normalmente los tribunales revisores o de apelación le dan mucha deferencia a lo que fue el juicio a nivel de distrito. En ese sentido y conforme a lo que ha sucedido anteriormente, esperamos que esta decisión se confirme”, indicó el funcionario.

Fuente: El Nuevo Día

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