Una decena de compañías foráneas controladas (CFC, en inglés) que operan en Puerto Rico ha solicitado enmendar sus decretos contributivos para acogerse al sistema de tributación que se creó con la Ley 52 de este año para sustituir el llamado arbitrio de 4%, indicaron ayer el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea y el director de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Carlos Fontán.
Según los funcionarios, la renegociación de los decretos contributivos debe completarse antes de que termine el año, justo cuando entrará en vigor el nuevo reglamento federal para implementar la Ley federal de Empleos e Impuestos de 2017 y que, a partir de 2023, no permitirá que las CFCs con presencia en la isla reclamen lo pagado a Puerto Rico -por concepto del arbitrio- como un crédito a nivel federal.
De acuerdo con Parés Alicea, unas 37 empresas o grupos controlados están sujetos al pago del 4%, pero la decena de compañías que renegocia sus decretos ante el DDEC figura en la lista de las 13 CFCs que más aportan al Fondo General de Puerto Rico por ese concepto. En ese sentido, a juicio del secretario, la cifra de conversiones en ciernes ofrece mayor tranquilidad al gobierno. Ello, porque la renegociación de los decretos con estas empresas permitiría que el gobierno ingrese por concepto de contribución sobre ingresos una cantidad similar a la que ha recibido como resultado del arbitrio.
Pero aparte de esa decena de CFCs, otras seis CFCs han solicitado información a Hacienda para migrar al régimen contributivo establecido en la Ley 52 de 2022, dijo Parés Alicea.
La transición del arbitrio del 4% al régimen de contribución sobre desarrollo industrial propició que temprano este año, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) redujera sus proyecciones de recaudos en unos $150 millones, un ajuste que a juicio de Parés Alicea no se justifica.
Parés Alicea y Fontán ofrecieron las cifras justo después de reunir a la plana mayor del sector industrial en Puerto Rico para comunicarle que el gobierno no hará cambios a la Ley 52, a pesar de la reciente aprobación de la Ley federal para la Reducción de la Inflación (IRA en inglés). Este estatuto federal, que sustituyó el llamado proyecto de infraestructura de la administración de Joe Biden adoptó una tasa alterna mínima de 15% para estas entidades operando en cualquier jurisdicción fuera de Estados Unidos.
La reunión se llevó a cabo en el edificio Intendente Ramírez, sede de la agencia tributaria local, y en esta participaron el presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Eric Santiago Justiniano, el representante de la Pharmaceutical Industry Association (PIA), Iván Román, al igual que otros directivos de varias manufactureras con presencia en la isla.
Luego de que en agosto pasado, el Congreso estadounidense aprobó el IRA, se produjo cierta confusión a nivel local, pues cuando se legislaron los cambios al arbitrio del 4% a nivel local, el texto de la Ley 52 estableció que Puerto Rico aumentaría, de 10.5% a 15%, la tasa contributiva sobre ingresos de desarrollo industrial aplicable a las CFCs si Estados Unidos acogía la tasa mínima global de 15% que impulsa el llamado G-7.
Según Parés Alicea, luego de un análisis realizado en Hacienda y conversaciones con personal del Departamento del Tesoro Federal, se determinó que la tasa mínima alternativa federal aprobada en el IRA, no activa la tasa de 15% incluida en la Ley 52 de 2022.
Fontán y Parés Alicea destacaron que la interpretación dada por Puerto Rico al IRA al igual que la Ley 52 de 2022 ofrecen una certeza de recaudos al fisco y a las empresas operando en la isla, pero también a la retención de unos 52,000 puestos de trabajo en las empresas que quedan sujetas a ambos estatutos.
Pero Parés Alicea también sostuvo que será algo complicado comprobar cómo se comportarán los recaudos como resultado de la transición del llamado arbitrio del 4% a la contribución sobre el ingreso de desarrollo industrial que aplicará a las CFCs que así lo deseen.
Al presente, los recaudos del arbitrio del 4% se reflejan como una partida separada dentro de los ingresos que recibe el Fondo General, pero en lo sucesivo, según Parés Alicea, los pagos que efectuén las CFCs se reflejarán en la partida de contribuciones corporativas.
“Lo próximo es continuar monitoreando el efecto de la transición al nuevo sistema sobre los recaudos, comparado con el arbitrio de 4%”, dijo Parés Alicea.
Fuente: El Nuevo Día
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