La jueza Laura Taylor Swain, quien preside el caso de quiebra de Puerto Rico, determinó ayer que el grupo de bonistas ‘ad hoc’ de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no tiene una deuda asegurada, por lo que no se puede aumentar la factura a los clientes para pagar los sobre $8,400 millones que invirtieron en bonos.

Con la determinación, el reclamo de los bonistas se limita al valor de los ingresos netos de la corporación pública, que no obstante, todavía están sujetos a negociación con la Junta de Control Fiscal (JCF).

Para ente fiscal y el gobierno la determinación es un logro, y para quienes solicitan auditar la deuda de la AEE deja un sabor “amargo” porque no resuelve el asunto de que las pensiones —que siguen en riesgo— y no elimina la carga que se prevé reflejará la factura a los abonados para el pago del resto de las deudas.

Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), señaló que la decisión de Swain es consistente con los argumentos del gobierno de que los gravámenes de los bonistas de la AEE están limitados a los fondos depositados en cuentas específicas, establecidas bajo el Contrato de Fideicomiso que rige los bonos de la AEE.

“El tribunal determinó —contrario a los argumentos de los bonistas— que estos no tienen un gravamen o interés propietario en los ingresos futuros de la AEE. El gobierno está complacido de que el tribunal reconoció las importantes limitaciones sobre los gravámenes y reclamaciones de los bonistas”, expuso Marrero en comunicado de prensa.

El fallo se da casi siete semanas después de la vista en que los abogados de la junta fiscal insistieron en que el Trust Agreement que firmaron los bonistas, establece que solo tienen derecho al fondo en que la AEE debe hacer los depósitos para el pago de las deudas, luego de cumplir con la responsabilidad de los gastos operacionales y la compra de combustible.

Los representantes de los accionistas ‘ad hoc’ alegaban que no solo el Trust Agreement, sino la Ley de Quiebras, les daban protecciones que les permitirían cobrar de otros activos de la AEE.

Ahora las partes deben sentarse a negociar cuánto dinero pueden recibir y la jueza les ordenó regresar a la mesa de negociación para llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta que cualquier tarifa debe ser razonable y que los ingresos de la AEE deben utilizarse en primer lugar, para mantener, reparar y operar el sistema eléctrico de manera eficiente y económica.

“El gobierno continúa analizando la decisión del tribunal y los próximos pasos en el caso de Título III de la AEE, incluyendo el impacto de la decisión en el proceso del Plan de Ajuste. No obstante, esta determinación representa una victoria importante para nuestro gobierno y un paso más en viabilizar la salida de la autoridad de la quiebra”, afirmó Marrero.

La junta fiscal, por su parte, comunicó que acogía “con satisfacción la decisión” porque confirma su postura, y aseguró que le “complace” el rechazo al argumento de los bonistas de que tienen una reclamación general no garantizada por el importe total del principal y los intereses.

El tribunal limitó la reclamación no garantizada a los ingresos netos futuros durante el resto de la vigencia de los bonos.

“Para todos los efectos, la decisión del tribunal es una victoria significativa para el pueblo de Puerto Rico y sus esfuerzos por lograr un sistema eléctrico fiable y el crecimiento económico”, sostuvo el ente fiscal.

La abogada Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, señaló que la determinación es importante porque al reafirmar que no es deuda asegurada —a diferencia de otros tipos de bonos del gobierno— no tiene una prioridad de pago por encima de las pensiones o los gastos operacionales de la AEE.

Alertó que cualquier oferta que haga ahora la junta fiscal a los bonistas no debe poner en jaque el dinero de las pensiones.

Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE, se mostró cauteloso con la decisión.

Aunque aseguró que tiene una “importancia significativa”, también se establece que se materializará cuando ocurra el descargue y luego de la aprobación del Plan de Ajuste si es que se confirma.

Entiende que es crucial que no se emitan nuevos bonos que impliquen subir la factura para el repago.

Fuente: El Vocero

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