La Junta de Control Fiscal (JCF) presentó el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), que se sustenta en el aumento a los peajes por los próximos 30 años, la transformación administrativa de la corporación pública y un préstamo para cumplir con las obligaciones.

Sin embargo, el gobierno evalúa transferir las operaciones del expreso Martínez Nadal (PR-20), el expreso Luis A. Ferré (PR-52), el Corredor del Este (PR-66) y la PR-53 mediante una Alianza Público Privada (APP) para aminorar el efecto que tendría en los conductores el “calendario severo” de aumentos a los peajes.

El plan de reestructuración de unos $6,400 millones en obligaciones tiene el aval del gobernador Pedro Pierluisi, quien aseguró que su compromiso es lograr la confirmación expedita de lo propuesto y sacar a la ACT de la quiebra antes de que finalice el año, “para promover las mejoras a nuestras carreteras, la utilización efectiva de las APP en las carreteras con peajes, y maximizar la utilización de los fondos federales para la reconstrucción de todas nuestras vías públicas”.

Según Pierluisi, el plan ofrece “una vía para que el gobierno realice un proceso de APP para el manejo y mantenimiento de nuestras carreteras con peajes. Esto permitirá mejorar la calidad y la seguridad de las vías públicas de forma más eficiente”.

La ACT todavía opera las cuatro vías interregionales mencionadas —las más importantes del País—, las cuales le allegan el 72% de los ingresos, pese a que los peajes no han tenido un aumento de tarifa desde 2005.

Sin embargo, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) evalúa entablar acuerdos de operación —como hizo con Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, LLC (Metropistas)— porque, según Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), son pactos que disminuyen la responsabilidad fiscal y benefician el estado de las carreteras.

“Actualmente el plan evidencia que sí hace sentido para traerlas al estado de reparaciones mínimo, a allegar los recursos necesarios para mejoras y que nos permita reducir sustancialmente la presión del incremento de peajes. Estudios demuestran que podemos hacerlo sin implementar el calendario agresivo de aumentos en peajes. Por eso mismo fuimos enfáticos en reservarnos el derecho de pagar el efectivo en cierre, como usar una alternativa distinta mediante la Alianza Pública Privada”, explicó Marrero a EL VOCERO.

Como parte de las condiciones del plan de ajuste se establece que —además de reducir a $1,245 millones la deuda de Carreteras— también se incluya el pago de $389 millones en efectivo a los bonistas. Marrero fue enfático en que la transferencia no es un hecho, pero los análisis apuntan a que la gestión tendría sentido.

“No estás desvistiendo un santo para vestir otro. Al contrario, estás aprovechando un privado que tiene el ‘expertise’, el conocimiento, que a la larga puede implementar las cosas que el gobierno no puede tener. Aunque no los convenza, son mecanismos o herramientas que nos reservamos para saber si al cierre (del acuerdo) hace sentido. Hasta ahora proyecta que sí hace sentido y nos beneficiaríamos”, subrayó el titular de Aafaf.

Según se informó, la Autoridad de Carreteras se nutre de cuatro ingresos principales: peajes y tarifas del Tren Urbano, ingresos operacionales, multas de peajes y venta del sello que se coloca en el auto, así como el acuerdo de operación con Metropistas para manejar el puente Teodoro Moscoso, la PR-5 y la PR-22. El contrato de estas últimas dos vías fue renovado el pasado mes de febrero.

Marrero, quien también es secretario de Estado, indicó que cada año que pasa del acuerdo de operación para el puente Moscoso la balanza se inclina hacia un beneficio para el gobierno, por lo que considera que los nuevos contratos de APP que proponen podrían generar el dinero suficiente para que la ACT sostenga las operaciones y pague la deuda.

La junta fiscal destacó la labor de Metropistas, al señalar que la entidad ha demostrado éxito en sus métricas y desempeño. Desde 2019, según el ente regulador, 99% de la PR-22 está en buen estado o “justo”, en comparación con el 83% del resto de las carreteras en la Isla.

“El acuerdo de compartir ingresos se dispara como en cuatro, cinco años, que significa que cambia el ‘ratio’ (proporción) entre gobierno y operador, derivando 60% de los fondos para Carreteras. Es una estructura con mucho menos responsabilidad, porque lo que queremos es ingresos suficientes para pagar la deuda”, planteó Marrero.

Alza tarifaria

De acuerdo con la junta fiscal, los aumentos regulares a las tarifas de los peajes son necesarios para garantizar que la Autoridad de Carreteras tenga la capacidad de cubrir sus gastos y dar mantenimiento adecuado y continuo a las carreteras y al sistema de peajes.

Según David Skeel, presidente del ente fiscal, el Plan de Ajuste propuesto es un “paso importante” para ponerle fin a las dificultades financieras de Puerto Rico, porque se cumple con el mandato de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés).

“El plan, junto con el plan fiscal de la ACT, crea un cimiento financiero firme para garantizar la reparación, el mantenimiento y la futura inversión y así asegurar la movilidad de los residentes y permitir que las empresas transporten su mercancía eficientemente”, expuso Skeel en declaraciones escritas.

Para que el PAD funcione, según la junta fiscal, la ACT debe cumplir con las estipulaciones del plan fiscal certificado a finales de febrero, que incluyen construir y dar mantenimiento a las autopistas con o sin peaje y establecer una oficina de administración de peajes exclusivamente responsable de las autopistas en las que se cobra el paso.

El plan de ajuste dispone que Carreteras también debe transferir el Tren Urbano a la Autoridad de Transporte Integrado (ATI).

Recorte de sobre 70%

El PAD propuesto reduce la deuda por concepto de bonos de la Autoridad de Carreteras a $1,245 millones —de $4,200 millones en la actualidad—, lo que significa una disminución de 71%, basado en el acuerdo alcanzado en mayo de 2021 con los titulares de bonos, que incluye el pago de $389 millones en efectivo.

Para cumplir con esas exigencias, la junta aprobó que el gobierno preste $314 millones a Carreteras —pagaderos a 30 años y a un interés de 2.5%— pese a que en 2015 se aprobó “la crudita”, una ley que creó el impuesto al barril del petróleo que elevó el costo de la gasolina para proveerle solvencia a la corporación pública.

Marrero aclaró que el dinero de la crudita pasó al Fondo General, por lo que ya no son fondos con los que la ACT cuenta en exclusividad.

“La crudita ahora va para el Fondo General. Sí, (el recaudo) estaba garantizado o pignorado para emisión de la deuda de 1968 y 1998, que luego se reestructura. Ahora no tenemos una crudita disponible para Carreteras porque va para el Fondo General, de la misma manera que el ‘room tax’ iba para la deuda del Centro de Convenciones y ahora va para el Fondo General. Sí, esos ingresos existen. Sí, esos impuestos existen, pero se quedan para el Fondo General, que suple deuda, presupuesto, pensiones, todos los pagos en el presupuesto”, detalló Marrero.

Se informó que el gobierno decidió por el préstamo para la ACT porque por regla general la junta fiscal no permite “subsidios cruzados” a la Universidad de Puerto Rico (UPR), a los municipios ni a las corporaciones públicas.

El documento fue presentado ayer en el Tribunal Federal y debe ser aprobado por la corte en un proceso que, según se informó, se extenderá por varios meses.

Fuente: El Vocero

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