Tras su primera reunión pública como director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica advirtió que las pretensiones del gobierno de Pedro Pierluisi de poner fin a ciertas medidas de austeridad contenidas en el plan fiscal, basado en parte en el financiamiento federal garantizado para los próximos cinco años, deben enmarcarse dentro de proyecciones de recursos disponibles a más largo plazo.

“Ahora mismo tenemos un escenario a 30 años que es lo que estamos mirando. El financiamiento de Medicaid termina en cinco años, el Congreso no proveyó una solución permanente que hubiera sido de más ayuda, algo que nos permitiera planificar, pero es lo que tenemos. Tenemos que mirar el impacto en el periodo más allá de los cinco años. Creo que a la isla le tomó mucho más de cinco años llegar al punto que nos llevó a la bancarrota, así que nos tomará mucho más que eso para salir de eso. Nuestro horizonte pienso que debe ser más extenso de cinco años”, puntualizó Mujica en la rueda de prensa luego de concluir la reunión, que también fue la primera de la JSF en el 2023.

El pasado martes, el gobierno sometió a la JSF el borrador del plan fiscal a cinco años que el organismo deberá certificar durante el primer semestre de 2023. En entrevista el jueves con El Nuevo Día, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, puntualizó que en el borrador no se encuentra “ninguna reducción incremental en los gastos del gobierno”, contrario a lo que ha ocurrido desde 2017, cuando la JSF inició su política de recortes que ha tenido efectos dramáticos en los presupuestos de agencias, corporaciones públicas y municipios.

Marrero, también secretario de Estado, mencionó que los gastos propuestos en el plan fiscal descansan, en gran medida, en la asignación de $19,420 millones de Medicaid por los próximos cinco años, que libera fondos estatales para otros propósitos, así como en lo que, a su juicio, sería la visión distinta que traería Mujica, pasado jefe de Presupuesto del estado de Nueva York.

Mujica no adelantó en la rueda de prensa si la JSF accedería a alterar las políticas de recortes que han pesado sobre los municipios –que para 2024 no recibirían un solo centavo del llamado Fondo de Equiparación– o sobre la Universidad de Puerto Rico (UPR), que, bajo el plan fiscal vigente, recibiría anualmente unos $460 millones del gobierno central, cerca de la mitad de lo que se le destinaba hasta el 2017.

El nuevo director ejecutivo de la JSF puntualizó que, independientemente de los recursos fiscales que eventualmente se asignen, las entidades públicas no podrán sostenerse a largo plazo sin las “reformas estructurales” que el organismo ha predicado desde su entrada en funciones.

“Voy a mirar todo. Ahora que estamos saliendo de la bancarrota podemos repriorizar algunas cosas. No puedo decir hoy, en mi día 20 (como director ejecutivo), que he planificado todo. La Junta se sentará y mirará esas cosas. Hay oportunidades de hacer reinversiones en algunas de esas áreas, pero esto no se trata de que, como estamos resolviendo la quiebra, podemos tomar todos los superávits y reinvertirlos. Hay que ejecutar las reformas o volveremos a donde estábamos”, planteó Mujica, quien describió como “crítico” el papel de la UPR y la educación primaria en el proyecto de desarrollo económico del país.

Al insistírsele si traería una nueva visión respecto al financiamiento municipal, Mujica replicó que su respuesta sería similar.

“No todo puede ser una prioridad. (…) Miraremos cuáles son las verdaderas prioridades, dónde se necesitan las reformas. Mi enfoque no estará en reformas temporeras o redactar planes en un papel. El enfoque tiene que ser ejecutar los planes, implementarlos y hacerlos permanentes, sabiendo que tienes los recursos y un escenario distinto al que tenías anteriormente”, expresó Mujica, de origen puertorriqueño.

En su conversación con este diario, Marrero resaltó, precisamente, una iniciativa que crearía el Fondo Municipal de Servicios Esenciales, al que el gobierno inyectaría $150 millones anualmente. Hasta hace seis años, el Fondo de Equiparación municipal contaba con asignaciones de sobre $350 millones al año, que se han ido eliminando paulatinamente a la luz de los planes fiscales.

Durante su primer mensaje como parte de la reunión, Mujica sí mencionó que, contrario a los esfuerzos que lideró su predecesora, Natalie Jaresko, enfocados en reestructurar las obligaciones del gobierno central y varias corporaciones públicas, su trabajo estará encaminado a lograr “crecimiento económico a largo plazo”, teniendo como pilares un modelo educativo sólido, mayores tasas de empleo y mejorando los trámites de permisología.

“La responsabilidad fiscal garantizará que Puerto Rico no revierta a los tiempos de crisis”, puntualizó, recalcando que su filosofía presupuestaria tiene como principio base “no gastar lo que no se tiene”. En ese aspecto abundó que, si bien el ejercicio de proyectar gastos y recaudos siempre incluye un grado de incertidumbre, es preferible errar del lado fiscalmente conservador.

Silencio de la JSF sobre contrato de generación

En la reunión, la JSF no abordó directamente el tema del contrato para la operación de las unidades generatrices, que ya ha sido aprobado por las juntas directivas de la Autoridad de Alianzas Público Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Marrero, en un aparte con la prensa, sostuvo que la JSF ya había notificado su aval al pacto que se extenderá por 10 años y que, según fuentes, se adjudicó al consorcio Genera PR, compuesto por New Fortress Energy, Peak Energy y Black & Veatch.

Cuando este medio cuestionó si, en efecto, la JSF había otorgado su visto bueno, el oficial de prensa del organismo indicó que más adelante se emitirían expresiones oficiales.

“El proceso está muy adelantado. Como saben, hubo un licitador seleccionado y estamos muy optimistas de que habrá un contrato formal muy pronto con el proveedor. Nosotros lo que miramos es si el proveedor puede tomar los activos de generación legados, operarlos eficientemente, poner a la AEE en posición de proveer energía confiable y a un precio razonable en el futuro”, afirmó el presidente de la JSF, David Skeel.

Tras el aval de ayer de la Junta de Gobierno de la AEE al contrato, el gobernador Pierluisi tiene 30 días para firmarlo y dar paso a la transición que, según Marrero, sería de 120 días.

Fuente: El Nuevo Día

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