El recién designado representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Omar Marrero, indicó ayer que la administración de gobierno continuará opuesta al recorte en las pensiones, por entender que es “innecesario” y afectará particularmente a maestros y policías que, en su momento, no cotizaron al Seguro Social.

Un día después de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced le nombrara como su representante ante la JSF, Marrero indicó que la revisión del plan fiscal, enviada la semana pasada al organismo, contempla el pago total de las pensiones vigentes. Adelantó que, si el tribunal aprueba el recorte como parte del plan de ajuste, el gobierno acatará la decisión, pero se ingeniará la forma de compensar a los pensionados por otra vía.

“Este no es el caso de Detroit”, dijo Marrero, también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Marrero recordó que el proceso de ajuste de deudas, en Detroit, incluyó un recorte a las pensiones, pero aseguró que, a diferencia de Puerto Rico, en la llamada meca automotriz, los trabajadores no habían visto recortes en sus beneficios antes de la bancarrota.

Según Marrero, la JSF propone un recorte a las pensiones, luego de que por más de una década, los empleados públicos vieran el menoscabo de sus beneficios, sea por ajustes en la fórmula para determinar la pensión, porque se aplazó la edad de retiro o se requirió trabajar más años. El abogado destacó que, si bien la discusión pública se ha centrado en el recorte de 8.5% de las pensiones vigentes, la JSF también propone congelar los beneficios de pensiones futuras.

Como resultado, una vez se apruebe el plan de ajuste, los jubilados no verán aumentos para contrarrestar el impacto de la inflación. Además, los empleados activos no serán elegibles para recibir el bono de Navidad, por ejemplo, y la pensión de estos estará sujeta al recorte de 8.5% que se negoció con el Comité Oficial de Retirados (COR).

Según el plan fiscal vigente, a partir de este año, el gobierno estaba llamado a congelar los beneficios que reciben los jueces y los maestros a través de sus respectivos planes de pensiones. En los primeros años, dice el documento, la congelación de beneficios ahorraría $1.3 millones anuales. Pero, a partir de 2026, ese ahorro en beneficios congelados rondaría $42 millones y, posteriormente, hasta $300 millones al año.

Golpe a maestros y policías

El recorte negociado entre la JSF y el COR plantea recortar 8.5% a todo jubilado con una pensión mensual de $1,200 o más, incluyendo, en esa cifra, una prorrata de los bonos que reciba el jubilado.

El objetivo de la JSF -según el plan fiscal vigente- es lograr, por la vía de la reforma a las pensiones, poco más de $180 millones en ahorros anuales o alrededor de $694 millones hacia el año fiscal 2024. La nómina de pensiones ronda $2,443 millones en este año fiscal.

La JSF alega que solo uno de cada cuatro jubilados verán un recorte en su cheque.

Pero, según Marrero, en ese 25% de afectados, los más golpeados serán maestros y policías.

Hasta 2014, según la valoración actuarial del plan de retiro de los empleados del gobierno, la pensión promedio mensual rondaba $1,092. De acuerdo con Marrero, la pensión promedio mensual de un maestro ronda $1,530 y aquella de un policía se ubica en $1,579.

“Tenemos que ver esto de una manera distinta. Es un recorte a servidores públicos que no pagaron Seguro Social”, dijo Marrero, al indicar que continúa en conversaciones con la JSF para evitar el recorte propuesto en el plan de ajuste enmendado.

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