El secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, reconoció que la economía de Puerto Rico ha mejorado notablemente desde que se invocaron las protecciones del Título III de la ley federal Promesa hace unos siete años, pero no tanto como para pagar lo que reclaman los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Asimismo, Marrero admitió que si bien el gobierno, de manera limitada, ha apoyado el Plan de Ajuste (PDA-AEE), la implementación del plan de pagos ante la consideración de la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, afectará a hogares y empresas en la isla y podría poner en riesgo el progreso alcanzado.

“Desde el día uno, tuvimos reparos con el cargo legado, dijimos que era prematuro un cargo y que no tenía que establecerse antes de que se aprobara un plan… No fue nuestro diseño”, dijo Marrero.

“El diseño del cargo y su itinerario, como ha trascendido, fue de la Junta (de Supervisión Fiscal o JSF). Nos opusimos porque entendíamos que antes de establecerse ese o cualquier mecanismo de pago, era fundamental tener la certeza de cuánto tendría que pagarse primero”, agregó el secretario de Estado en referencia al litigio que precisó -a menos que el Primer Circuito de Apelaciones dicte lo contrario- la deuda de la AEE con bonistas.

Hace un año, Swain concluyó que los bonistas no son acreedores asegurados de la AEE y que la corporación pública les adeuda unos $2,388 millones en lugar de los $8,500 millones que estos reclaman.

Marrero explicó que el gobierno dio su respaldo al mecanismo de pago en controversia porque el recorte que se aplicaría a los bonistas y otros acreedores de la AEE representa “una reducción significativa” del balance adeudado.

Además, crear una fuente de repago específica (una garantía que ahora no tienen los bonistas) sirvió para que la JSF consiguiera el respaldo del 40% de los acreedores de la empresa estatal, hablando en términos monetarios.

Los contrapesos al cargo legado

Así las cosas, dijo Marrero, mientras se dilucida la quiebra de la AEE, el gobierno ha buscado limitar el efecto del cargo legado en la tarifa eléctrica.

Explicó que el traspaso de la red eléctrica y la flota generatriz a dos entidades privadas -LUMA Energy y Genera PR- exigiendo cumplir con metas de ahorro y eficiencia es una de las estrategias que mitigará el impacto del cargo legado.

“Apostamos a la transformación del sistema eléctrico, a dejar atrás ese modelo monopolizado, al nivel de convertirse en una entidad obsoleta que se oponía a la cogeneración privada -que ha demostrado ser más económica- y a la energía renovable”, dijo el funcionario.

El segundo camino para poner a la AEE sobre sus pies, dijo Marrero, se encuentra en agilizar y llevar a término las obras capitales que se financian con fondos federales.

El tercer camino para combatir el efecto del cargo legado, según Marrero, se encuentra -precisamente- en el tribunal federal en Hato Rey, donde la jueza Swain –junto a la magistrada Judith Dein, aquilata el PDA-AEE.

Se espera que las vistas de confirmación del PDA-AEE terminen este lunes con los planteamientos finales de las partes.

Marrero explicó que desde que se canceló el llamado RSA de 2019, el gobierno ha advertido que los términos propuestos por la JSF para pagar a los acreedores de la corporación pública, representan -en la voz del execonomista en jefe del Fondo Monetario Internacional, Simon Johnson- “un peligro” a la economía local.

Y pagar un céntimo más, como reclaman GoldenTree Asset Management, el grupo organizado de Bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) y la aseguradora Assured Guaranty, descarrilaría todo lo hecho en favor de la economía, aseveró Marrero en entrevista con El Nuevo Día.

Marrero reconoció, empero, que según ha trascendido en las vistas de confirmación del PDA-AEE, los fondos federales asignados no serán suficientes para todo el trabajo que se necesita. Además, la AEE se expone a presiones operacionales por asuntos como los precios del crudo y por el pago de las pensiones, que también tendrá que reflejarse a la factura de electricidad.

Las movidas de la Junta Fiscal para pagar más a los bonistas

El pasado viernes, en el octavo día de las vistas de confirmación del PDA-AEE, Jurgen Weiss y Glenn George, expertos que analizaron la propuesta a petición de la JSF- indicaron que el cargo legado se modificó varias veces a fin de pagar más a los bonistas.

En principio, la JSF consideró cobrar un cargo fijo de entre $13 y $26 para pagar a los bonistas. Ese cargo fijo mensual se redujo a $1 (en el caso de hogares), pero se agregaron dos cargos por consumo, integrando los tres en el llamado “cargo legado”.

En una tercera versión del PDA-AEE, los cargos por consumo dependían de un umbral de consumo de 500 kilovatios hora (kwh). En la cuarta versión del PDA-AEE, ese umbral se redujo a 425 kwh para levantar más dinero por esa vía.

Otro ajuste que se hizo al modelo para implementar el cargo legado, prevé que, si los hogares reducen el consumo, esa merma se compensaría con ajustes en la factura de comercios e industrias.

Pero según los bonistas, por vía de sus expertos, Maureen Chakraborty y William Yackira, entre otros, la AEE puede pagar más porque la economía de Puerto Rico está mejor de lo que alega la JSF.

Durante el juicio, los bonistas objetores confrontaron a expertos de la JSF y de otros objetores -como el Sistema de Retiro de la AEE, la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), grupos ambientales y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE)- con múltiples datos económicos de Puerto Rico.

Un Puerto Rico y dos economías

Los bonistas argumentan que la AEE puede pagar más porque Puerto Rico atestigua cifras históricas de desempleo y de recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU). Además, en la siguiente década, el crecimiento económico de la isla promediaría 1.7%, según estimados de la Junta de Planificación.

“Las dos láminas, sacadas de contexto, fueron presentadas por los bonistas para intentar llevar a la jueza a concluir, de manera inmediata, que podemos pagar un porcentaje mayor”, dijo Marrero haciendo referencia a las presentaciones que ha utilizado en reuniones con casas acreditadoras y en foros con inversionistas y que los bonistas objetores utilizaron como evidencia a su favor.

Marrero explicó que tales presentaciones han sido necesarias para que Puerto Rico reanudara sus conversaciones con casas acreditadoras y comenzara a atraer nueva inversión. Aseguró que ha habido progreso económico, pero se trata de “una recuperación incipiente”.

“Nunca escucharás o verás a un oficial celebrar que las cosas están malas. Si hoy tenemos inversión es porque ha habido una mejoría y una estabilidad política y económica, pero de ahí a concluir que eso sucederá por los siguientes 30 años, eso es totalmente errado”, puntualizó Marrero.

Fuente: El Nuevo Día

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