El secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, está convencido de que la confirmación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central servirá para poner fin al clima de incertidumbre que ha pesado sobre Puerto Rico por causa del proceso de bancarrota que ha librado por los pasados cinco años.

Marrero también está convencido de que la reestructuración confirmada por la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain servirá para “poner fin” a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al tiempo en que Puerto Rico verá una mejora trascendental en las métricas fiscales que suelen considerar los inversionistas a la hora de emplear su capital.

“El plan es sumamente positivo para la isla, vamos a tener un balance sheet limpio y eso nos va a permitir priorizar recursos en otras áreas”, sostuvo Marrero, al destacar que cuando se consume el PDA, la isla verá una reducción de casi tres cuartas en el dinero que cada año destinaba a los bonistas.

Marrero catalogó como “una victoria que muchos pensaban no sucedería”, haber preservado intactas las pensiones de los jubilados del sector público mientras Puerto Rico logró concesiones económicas por parte de bonistas, aseguradores municipales, empleados públicos y retirados, así como suplidores del gobierno.

Una nueva relación de deuda

Sobre todo, según Marrero, cuando se concrete el intercambio de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Puerto Rico dejará atrás las métricas que hace unos años le ganaron titulares negativos a nivel internacional, así como la clasificación especulativa de la deuda pública por parte de las casas acreditadoras.

Marrero indicó que al consumarse el PDA del gobierno central y considerando las reestructuraciones ya pactadas y aquellas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Carreteras y Transportación, la relación entre la deuda pública que tendrá Puerto Rico y el tamaño de su economía rondaría un 50%.

Mientras, la deuda per cápita se reduciría a 44%, sostuvo.

De concretarse los estimados de Marrero y la Aafaf, Puerto Rico tendría una relación de deuda a Producto Interno Bruto (PIB) más favorable que el gobierno de Estados Unidos, que junto al vehículo de quiebra exigió al territorio remendar sus finanzas a través de la ley federal Promesa.

Según datos de la Reserva Federal de St. Louis, la relación de deuda a PIB de Estados Unidos se ubicó en 122% al concluir el tercer trimestre del año pasado.

Mientras, datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que el año pasado, Canadá, Francia, e Italia –parte del Grupo de los 7 o G7- tenían una relación Deuda/PIB de 116%, 115% y 157%, respectivamente. La relación Deuda a PIB de Alemania, en contraste, rondaba 70%.

En la región, la relación Deuda/PIB de México, República Dominicana y Panamá se calculaba en 60%, 67% y 61%, en igual secuencia, reflejan la base estadística del FMI.

El funcionario reconoció que promover a Puerto Rico como plaza de negocios ha sido difícil estos años. Relató que a menudo, los encuentros con potenciales inversionistas o empresas interesadas, terminaban con expresiones acerca del proceso de bancarrota de Puerto Rico como un riesgo legal y político.

Pero ahora, el funcionario responsable de que el PDA se convierta en realidad, aseguró que esas métricas, junto a los cambios estructurales en materia económica que se pondrán en marcha, servirán para “lograr que haya inversión” en la isla.

No preocupan las cortapisas

Implementar el PDA será una responsabilidad compartida entre Aafaf, el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Junta de Retiro, que es la agencia sucesora de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), relató Marrero.

A preguntas de El Nuevo Día en torno a diversas disposiciones en el PDA –entre estas, las leyes estatales que quedarán ocupadas por Promesa o la nueva Política de Manejo de Deuda que debe adoptar el gobierno, Marrero no vislumbró inconveniente.

Explicó, por ejemplo, que una vez la JSF y el gobierno lleguen a un acuerdo definitivo acerca de la pensión para los policías, ese acuerdo se incluiría en el PDA como parte de la estipulación entre las partes para anular las leyes 80 y 81 de 2020.

Asimismo, Marrero sostuvo que la JSF pretendía limitar de manera amplia el campo de acción de los poderes legislativo y ejecutivo del gobierno, incluyendo prohibir que se provean beneficios adicionales a los empleados públicos ante la pérdida de una pensión definida. Pero indicó que el PDA redujo esa limitación a 10 años y se permitiría a un gobernante hacer cambios siempre que pueda demostrar que hay recursos para financiarlos.

En términos financieros, Marrero sostuvo que el PDA es asequible para la isla, en especial, porque lo pactado con los bonistas ya contempla que Puerto Rico verá una caída en los recaudos de la Ley 154 de 2010 y más dinero –que tampoco se ha considerado en los cálculos para el pago de la deuda- circulará en la economía como resultado de nuevas asignaciones bajo el programa de Medicaid y el Ingreso de Seguro Social Suplementario (SSI, en inglés)

“No es un porcentaje escrito en piedra. Es un porcentaje en proporción a los ingresos”, dijo Marrero cuando El Nuevo Día preguntó si restringir a un 7.94% el margen de endeudamiento que tendrá la isla mientras el PDA esté vigente no será perjudicial a Puerto Rico.

En ese sentido, Marrero acepta que Puerto Rico tendrá que cargar con “la receta” de disciplina fiscal que trajo Promesa. Los pagos en el PDA ya comprometen el 7.2% de ese nuevo margen.

La respuesta a dicha restricción, dijo el abogado, se atiende ampliando la base contributiva y de recaudos y ello se logra aumentando la actividad económica, a través de reformas que permitan que las empresas locales se conviertan en exportadoras y en crear las condiciones para que la gente y las empresas regresen a Puerto Rico.

“Siento que estamos en un punto en que vamos a tener las condiciones necesarias para crecer”, destacó.

Fuente: El Nuevo Día

• Hoja Informativa del PDA

‍