A pesar de que Puerto Rico recibirá sobre $12,000 millones en fondos federales para reconstruir su sistema eléctrico, la astronómica cifra no será suficiente para completar tales trabajos al tiempo que, sin acciones prontas y concretas, los hogares y empresas en la isla se exponen a más interrupciones y a un servicio más caro si depende de la generación de energía con unidades temporeras.

Tal escenario salió a la luz durante un interrogatorio a la ingeniera Ellen Smith, una ejecutiva de la firma FTI Consulting y ducha en sistemas eléctricos, en las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE) que se llevan a cabo en el tribunal federal en San Juan.

Smith–junto a otros asesores- fue la persona que recomendó a la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) contratar a LUMA Energy y Genera PR como operadores de la red eléctrica y la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), respectivamente. Este miércoles, la ingeniera fue la primera testigo en el proceso que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con el objetivo de recortar el 75% de las acreencias de la corporación pública.

En el tercer día de la audiencia del proceso de confirmación del PDA-AEE, los abogados del grupo organizado de bonistas que se opone al plan de pagos propuesto (Ad Hoc AEE), cuestionaron a la ingeniera, así como al presidente de la JSF, David Skeel, acerca de las referencias y datos que se utilizaron para determinar cuánto podrá pagar la AEE a sus acreedores a través del cargo legado que pagarían los abonados y cuánto ha mejorado el servicio eléctrico en Puerto Rico como resultado de la contratación de Luma y Genera PR.

Regaño sutil

El contrainterrogatorio a Smith estuvo a cargo del abogado Stuart T. Steinberg, socio de Dechert LP y abogado del Ad Hoc-AEE, y comenzó minutos después de que la jueza Laura Taylor Swain indicó en corte su pesar porque buena parte de los abogados que representan los acreedores opuestos al PDA-AEE no estuvieron presentes durante la audiencia del martes.

Durante el segundo día del juicio de confirmación del PDA-AEE, sobre una docena de residentes de Puerto Rico rechazaron contundentemente el plan de pagos propuesto y aseveraron que no podrán pagar el cargo legado que pretende imponerse.

Uno de los ciudadanos que se expresó en torno al PDA-AEE catalogó el cargo como “un demonio” que pesará sobre los hogares y empresas de Puerto Rico por 35 años.

Swain describió los testimonios de los residentes que acudieron al tribunal como “bien pensados y preparados”.

Con su línea de preguntas, Steinberg intentó demostrar que el sistema eléctrico se encuentra en mejor posición que antes del proceso de quiebra y gracias a la supuesta buena gestión de los operadores contratados mediante el mecanismo de APP, habrá una mejora en el servicio, así como ahorros que aliviarían el bolsillo de los consumidores.

Partiendo de la línea de preguntas, tales eficiencias -que los abogados opositores citaron en unos $5,000 millones en el caso de LUMA y sobre $200 millones anuales en el caso de Genera- darían espacio para que los abonados de la AEE paguen más que lo propuesto en el cargo legado.

Mientras Steinberg interrogó a Smith, el abogado Glen M. Kurtz, de White & Case, también abogado de los bonistas opositores hizo lo propio con el presidente de la JSF a quien preguntó -por más de unas tres horas y media- desde el ingreso de los hogares que se utilizó como base para determinar cuánto podrían pagar los abonados de la AEE hasta por qué algunos acreedores recibirán comisiones, intereses y recuperaciones distintas a pesar de tener reclamaciones similares. Esto, de confirmarse el PDA-AEE.

Según Smith, LUMA y Genera han conseguido avances en sus respectivas encomiendas, pero queda por hacer.

Un sistema que no necesariamente está mejor que antes

La ingeniera que, en reportes citados por los abogados habría escrito que tanto LUMA como Genera PR han alcanzado logros “sustanciales” a la hora de gestionar el sistema eléctrico, señaló que solo “eventualmente”, se verán ahorros en las operaciones de LUMA y Genera, así como un mejor servicio.

Sin embargo, cuando fue interrogada por el abogado de la JSF, Michael T. Mervis, la ingeniera indicó que, a medida que los operadores han entrado a gestionar el sistema eléctrico, se han topado con experiencias distintas.

En Estados Unidos, según Smith, un plan de manejo de vegetación para resguardar líneas eléctricas se gestiona cada tres o cinco años, pero en Puerto Rico, ese no puede ser el caso porque la vegetación crece muchísimo.

Asimismo, en Puerto Rico, conectar a clientes con sistemas renovables a la red tiene que hacerse manualmente versus la dinámica en diversas compañías eléctricas en Estados Unidos, donde el proceso se hace de manera automática, explicó Smith.

De igual forma, según la ingeniera, las unidades generatrices que fueron transferidas a Genera se encuentran en las últimas o ya terminaron su vida útil, una situación que Smith dijo espera que la AEE tenga muy presente.

Según Smith, al presente, se trabaja en otra APP para una generatriz nueva que quemaría gas natural o hidrógeno. La unidad aportaría 300 megavatios al sistema. Tal inversión, así como baterías, “peakers” más eficientes y la energía renovable podrían cubrir la demanda energética de la isla. Pero Smith no ofreció fecha alguna acerca de cuándo tales mejoras estarían en funciones.

De aquí que la ingeniera indicó que, Genera preparó un análisis de “urgencia crítica”, que ya está en manos de la AEE, pues varias de las unidades generatrices necesitan reparaciones urgentes para que continúen funcionando. Pero, a lo sumo dijo Smith, varias de tales unidades no durarán más de cinco o 10 años, por lo que Puerto Rico se expone a tener que recurrir a más unidades de generación temporera como las adquiridas recientemente por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias.

“La generación temporera es demasiado costosa”, dijo la ducha en sistemas eléctricos al agregar que recurrir a ese tipo de unidades también significa un servicio poco confiable.

Cómo se concibió el cargo legado y los acuerdos que sustenta el plan

Mientras el testimonio de Smith no aportó claridad a que los abonados de la AEE vean un ahorro en sus facturas, lo que a su vez, permitiría pagos más altos a los acreedores, el contrainterrogatorio al presidente de la JSF, sirvió a los bonistas para confirmar que la JSF diseñó el cargo legado en el PDA-AEE utilizando información de los hogares, pero no de comercios e industrias que consumen y pagan más electricidad.

Entre otras cosas, los bonistas opositores argumentan que la JSF utilizó como referencia una mediana de ingresos que no corresponde a la realidad de los abonados de la AEE. Esto, por que el 46% de los abonados no pagará el cargo legado y porque casi la totalidad de los ingresos de la AEE provienen de hogares, empresas e industrias que tienen un ingreso por encima de la mediana de $25,000 que se utilizó como referencia.

Los abogados opositores también consiguieron demostrar que la JSF llegó a acuerdos y aceptó términos con ciertos acreedores que no se otorgaron a otros.

El interrogatorio se tornó tenso en ocasiones, así como en objeciones constantes por parte del abogado de la JSF, Michael Firestein, Casi tres horas después del interrogatorio a Skeel, la situación resultó en una especie de regaño de la jueza Swain a Kurtz. Esto, cuando la jueza indicó que debía definir mejor sus preguntas, o “estaremos aquí hasta el año que viene”.

Skeel rechazó de plano que luego de ofrecer unos $5,600 millones a los bonistas en un primer plan de ajuste, la JSF recortara esa oferta casi a la mitad, es decir a unos $2,500 millones, porque la JSF prevaleció en los litigios que buscaban definir los derechos de los bonistas.

El experto en Derecho de Quiebras expuso que la JSF recurrió a la mediana de ingresos de los hogares porque el organismo entendió que era lo más adecuado y que estableció que un hogar en Puerto Rico no debe gastar más del 6% de sus ingresos, en la jerga técnica “share of wallet” o SoW, en inglés, una partida que ya sería “extremadamente alta”.

Skeel admitió que en el caso de los prestamistas para la compra de combustible (”fuel line lenders”), estos recibirán como parte de su pago, un año de intereses acumulados luego de la petición del Título III de la AEE y que la aseguradora National Public Finance Guarantee recibirá una compensación por haberse sentado a negociar con la JSF.

”Su cliente tuvo la oportunidad de aceptar la oferta que se hizo y su cliente decidió ejercer su derecho”, contestó Skeel a Kurtz mientras subrayaba que cuando la JSF hizo ofertas, las hizo a todos los acreedores.

Agregó, sin embargo, que los acuerdos que se pactaron contienen recuperaciones y términos distintos porque responden a momentos distintos en las negociaciones.

Aceptó, por ejemplo, que ahora habría bonistas que recuperarían el 177% de su reclamación, según el PDA-AEE, pero indicó que ello responde a que pactaron antes de que se produjeran los fallos adversos a esos acreedores.

Asimismo, admitió que el PDA-AEE contiene una provisión para pagar efectivo -financiamiento de salida, en la jerga técnica- a los acreedores porque fue una sugerencia que hicieron los bonistas mayoritarios (MAHG, en inglés) de la corporación pública. Tal propuesta del grupo encabezado por Blackrock surgió durante el proceso de mediación y por ello, no se hizo disponible a otros acreedores.

Skeel debe continuar en la banca de los testigos el jueves cuando será interrogado por el Sistema de Retiro de la AEE y grupos ambientales.

Fuente: El Nuevo Día

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