A un año de la implementación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) del gobierno de Puerto Rico, existen opiniones encontradas sobre la capacidad de dicho acuerdo para impulsar el desarrollo económico del País, estimular la creación de empleos y hasta el ahorro que representó para el pueblo.

Para el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero Díaz, el plan ha tenido un impacto palpable en la economía local al levantar la “nube de incertidumbre” que se generó tras el impago de la deuda constitucional en 2016 que convirtió a la Isla en la “Grecia del Caribe”.

“El plan nos mejora como un destino de inversión y hemos podido reactivar el Programa de Alianzas Público Privadas, lo que quedó demostrado con el interés histórico que mostró LUMA, Genera PR, la privatización del sistema de transportación marítimo y más reciente con el tema de cruceros y las nuevas autopistas que estamos concesionando”, señaló el también secretario de Estado, quien destacó la tasa de participación laboral se encuentra en un 44.4%.

“También, si miras el mercado luego del cambio de mano de los créditos de Puerto Rico de los fondos buitres o ‘hedge funds’ a los fondos tradicionales, se han vendido muy bien y hemos aprovechado varios renglones como el alza de intereses. Puerto Rico sigue teniendo un ‘yield’ muy bueno y sigue siendo triple exento, por lo que siempre va a haber apetito para este tipo de crédito”, agregó el funcionario.

A pesar de este cambio de imagen, Marrero Díaz acentuó que el gobierno no contempla la necesidad de acudir a los mercados de capital en los próximos años debido a la gran cantidad de fondos federales disponibles para financiar y rehabilitar la infraestructura.

“Durante el último año hemos estado dando una actualización de los resultados a distintos grupos de inversionistas en Nueva York y Miami y hemos estado en conversaciones con las casas acreditadoras de manera periódica”, comentó el director ejecutivo.

Liberó mucha liquidez

En cambio, el economista Heriberto Martínez Otero fue más cauteloso a la hora de afirmar que el PAD ha estimulado el crecimiento de la economía local ya que entiende que una reestructuración de deuda de este tipo, en la que se redujeron las obligaciones generales del gobierno de $34,000 millones a $7,400 millones no necesariamente se va a ver en el desarrollo a corto plazo.

“La implementación del plan tuvo un impacto fiscal prácticamente inmediato. Se ajustó el servicio de la deuda por los próximos 30 años y si hay sobrante entonces se convierte en lo que se conoce como instrumento de valor contingente. En términos del pago anual en el presupuesto, comparado con el servicio a la deuda en años anteriores a la quiebra es sustancialmente menor”, comentó el experto, quien tiene a su cargo la dirección de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes.

Martínez Otero agregó que, a nivel fiscal, el PAD permitió al gobierno “liberar mucha liquidez que estaba aguantada en el fondo de deuda en lo que terminaba el proceso”.

Servicio de la deuda

Asimismo, el economista se mostró convencido de que Puerto Rico no confrontará problemas por los próximos cinco a 10 años para pagar el servicio de la deuda.

“Todavía tenemos el efecto multiplicador de los fondos federales de la reconstrucción y tenemos el tema de la inflación. Mucha gente no recuerda que los bonos son deuda del gobierno que se paga en dólares, no con productividad. En ese sentido la inflación es mala para la ciudadanía y la economía, sin embargo, el único efecto positivo que tiene es que permite aumentar recaudos y se minimiza el impacto del servicio de la deuda”, explicó Martínez Otero.

Al año, con el PAD se estableció un pago fijo de $1,150 millones, que incluye las obligaciones reestructuradas del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y otras deudas constitucionales y la que generó la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

De haber un sobredesempeño de la economía, de los ingresos que entran al erario por el Impuesto de Venta y Uso (IVU), particularmente la porción del 5.5%, se realiza un pago adicional a los acreedores y al gobierno.

De acuerdo con la Aafaf, el año pasado el gobierno hizo el pago de $1,150 millones, de los cuales $770 millones eran para las obligaciones generales y también pagó otros $361 millones destinados al instrumento de valor contingente.

Argumentos contra el plan

En cambio, el abogado experto en temas de quiebra, Rolando Emanuelli Jiménez, catalogó el desempeño del PAD como un “fiasco” ya que tan siquiera ha permitido al gobierno la oportunidad de crear un presupuesto balanceado que tome en cuenta deudas pendientes como la que las agencias tienen por sobre $259 millones con la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

“Los presupuestos no están balanceados porque el gobierno le debe a Edificios Públicos más de $200 millones, le debe más de $200 millones a Energía Eléctrica y tienen un déficit que tienen que buscar $1,300 millones para cumplir con los requisitos que tienen de mejoras de capital y esto ocurre porque  hicieron unos compromisos demasiado altos”, subrayó el licenciado, y lamentó que en el proceso ni el gobierno ni la Junta de Control Fiscal accedieron a auditar la deuda, específicamente la de Cofina.

Cambios a sistemas de retiro

Asimismo, Emanuelli Jiménez apuntó a los cambios implementados al sistema de retiro de los empleados de gobierno y a lo que llamó el virtual desmantelamiento de otros como los de los maestros y la judicatura, como uno de los mayores obstáculos que enfrenta el gobierno a la hora de reclutar nuevos empleados.

“El sistema de retiro siempre fue el atractivo principal de la gente para trabajar en el gobierno porque tradicionalmente los salarios en el servicio público han sido bajos y el sistema de retiro compensaba. Ahora con un 401K y todas las tormentas financieras que hay que pueden provocar perder todos los ahorros de repente, ¿realmente la gente va a trabajar en el gobierno? ¿A quién van a reclutar?”, señaló.

Fuente: El Vocero

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