San Lorenzo – En el inicio de las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE), el gobernador Pedro Pierluisi afirmó este lunes que el norte del gobierno, al cabo del proceso, es que se reduzca lo más posible el monto de las obligaciones de la corporación pública y que “se respete la jurisdicción” del Negociado de Energía en la fijación de la tarifa eléctrica.

“Lo que nosotros queremos, en el gobierno, es la mayor reducción de la deuda posible, deuda de la AEE, y que se respete la jurisdicción y el mandato de ley que tiene el Negociado de Energía en Puerto Rico para establecer las tarifas que pagamos todos los que consumimos el servicio eléctrico en la isla”, expresó Pierluisi en conferencia de prensa.

Recordó que el tema de la deuda de la AEE se comenzó a discutir con un recorte de solo un 15% cuando el gobierno contrató a la asesora Lisa Donahue, en septiembre de 2014, bajo la administración de Alejandro García Padilla.

“De ahí, pasamos a un plan de reestructuración de 30%, que yo rechacé como gobernador. Y ahora lo que está planteado ante el tribunal, básicamente, es una reducción de 75% en la deuda de bonos emitidos por la AEE. Hemos mejorado muchísimo. La juez (Laura Taylor Swain) es la que tiene la palabra final”, indicó el primer ejecutivo.

Sin embargo, enfatizó que no le corresponde a la jueza Swain, del Tribunal Federal, ni a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), determinar la forma en que la AEE “cumpla con su obligación de pago”.

“Jamás fue razonable pensar que aquí se iba a eliminar toda la deuda de la AEE, pero de haber estado proponiendo una reducción de 15% y ahora estar rondando por 75%, es una mejora irrefutable”, Pierluisi.

“Entiendo que nosotros estamos en muy buena posición para prevalecer. Es decir, yo entiendo que hay una alta probabilidad de que el plan que propuso la JSF, en cuanto a reducción de deuda -no en cuanto a tarifas, porque eso está fuera de lugar y es nuestro planteamiento constante-, sea confirmado”, añadió.

Según información provista por el gobierno, al presente, el 87% de las deudas sujetas a renegociación bajo la ley Promesa se resolvieron por vía del Título III o el Título VI del estatuto federal.

Pierluisi, a su vez, se mostró confiado en que la jueza Swain respete el ordenamiento legal local, es decir, los poderes del Negociado de Energía, creado bajo la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17 de 2019).

La JSF se expresó recientemente a favor de la permanencia de esa entidad pública, que tiene la responsabilidad de reglamentar, supervisar y hacer cumplir la política pública energética del gobierno, pero estableció que, si se aprueba el PDA-AEE, la reestructuración de la deuda va por encima de las leyes de la isla.

La JSF, no obstante, también dejó establecido que “el plan no anula la Ley 17 de 2019, no impide la transición de la generación de energía de la AEE a fuentes de energía renovable (…) y no pretende prevalecer ante la autoridad de fijación de tarifas del Negociado de Energía”.

Si la jueza confirma el PDA-AEE, los acreedores de la corporación pública comenzarían a recuperar parte del dinero prestado a solo semanas de la decisión judicial mediante la vía de compensaciones por apoyar el acuerdo. Luego, comenzarían a recibir pagos semestrales a partir del 1 de julio de este año.

Respecto al contrato suplementario de LUMA Energy, bajo el cual opecra el consorcio actualmente, de confirmarse el PDA-AEE, la activación del acuerdo principal estaría sujeta a negociaciones, que comenzarían una vez la sentencia sea final y firme, lo que supone aguardar a la resolución de cualquier trámite apelativo.

Bajo el contrato suplementario, el consorcio devengó $117 millones en el año fiscal 2021-2022 y $121.1 millones en el 2022-2023, al tiempo que se han presupuestado $128.6 millones en 2023-2024, para un total de $366.7 millones.

“Lo que no podemos es poner en peligro la estabilidad del sistema”, respondió este lunes Pierluisi cuando se le preguntó si estaría dispuesto a modificar el contrato de LUMA Energy.

Fuente: El Nuevo Día

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