Más allá de las discrepancias en cuanto a dólares y centavos, el gobierno de Pedro Pierluisi objeta y combatirá el lenguaje incluido en la última versión del presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) un lenguaje que, según el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, limita el uso de los fondos federales disponibles.

“Se añadió un lenguaje que les daría control sobre todos los fondos federales, incluyendo los de reparación y eso no es aceptable, además de que no es consistente con la Ley Promesa, que limita la jurisdicción de la Junta”, indicó Blanco a El Nuevo Día al anticipar que el lenguaje no será incluido en el presupuesto que Pierluisi someterá hoy a la Legislatura.

“No hubo discusión”, dijo Blanco al señalar que fue una sorpresa para La Fortaleza que se incluyera el texto, recogido en la Sección 12 del presupuesto de la JSF.

Se refirió a la sección del presupuesto donde, según él por primera vez desde que la JSF prepara el informe de ingresos y gastos del Gobierno, se incluyó un mandato al Ejecutivo para que le presente a la JSF un plan de trabajo que detalle cómo es van a desembolsar fondos correspondientes a las siguientes leyes: Ley del Fondo de Respuesta por Desastres, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés), la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA, por sus siglas en inglés), la Ley Suplementaria de Respuesta y Alivio por el Coronavirus (CRRSAA, por sus siglas en inglés) y la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés).

“La mejoría en los informes va a ayudar a prevenir y combatir reclamos actuales por mal uso, fraude, malversación y abuso. Por lo tanto, el Gobernador deberá someter informes semanales detallando los desembolsos que se hagan y el uso del dinero federal recibido”, lee parte del texto. Ese informe semanal se confeccionará por agencia, programa, categoría, recipiente y sub-recipiente. También tendrá que ofrecer un detalle de los contratos otorgados, un detalle de las métricas utilizadas e información sobre el tiempo que se tardan las reclamaciones.

El portavoz penepé en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, indicó que su delegación no va a favorecer ese lenguaje.

En un aparte con El Nuevo Día, Blanco detalló algunas de las discrepancias más importantes entre el Ejecutivo y la JSF en torno al presupuesto. Esta mañana Blanco se reunió con la conferencia legislativa del Partido Nuevo Progresista y dijo confiar que los cambios que propone Pierluisi al presupuesto serán acogidos por la mayoría popular.

“Tengo excelente comunicación con ambos”, dijo Blanco al referirse a los presidentes de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara de Representantes, Juan Zaragoza y Jesús Santa Rodríguez, respectivamente.

“Preveo que vamos a tener un buen nivel de cooperación en muchas áreas”, dijo.

El dinero de los municipios ha sido el tranque principal con la JSF.

“Se ha mantenido en su posición de que no va a permitir nuestra propuesta de que los municipios no tengan que aportar al Plan Vital”, indicó Blanco. La propuesta de La Fortaleza es que no paguen nada debido a avances en legislación a nivel federal y ahorros en el prepuesto.

“Tenemos fondos suficientes para liberar a los municipios de esa responsabilidad y que los municipios no no tengan que pagar”, dijo Blanco.

El funcionario de La Fortaleza indicó que la propuesta más reciente de la JSF es que los gobiernos municipales aporten $120 millones.

“Es una diferencia considerable”, dijo.

En cuanto a la contribución del Fondo General a los municipios, lo que se conoce como el Fondo de Equiparación, la propuesta del Gobierno es aumentar esa partida de $101.9 millones a $145.9 millones. La JSF busca eliminar el Fondo de Equiparación “y están insistiendo en una reducción”, dijo Blanco.

“Lo que queremos es que no se den más recortes y que se quede al mismo nivel”, indicó.

En el caso de la Universidad de Puerto Rico, dijo Blanco, la postura de la JSF es que el presupuesto sea de $550 millones cargados contra el Fondo General y otros $40 millones condicionados a dos metas específicas: lograr “eficiencias administrativas” y realizar modificaciones al sistema de retiro.

Entre los $550 millones figura el Fondo de Becas de $50 millones legislado en el Senado.

“Presentamos algo distinto, que era $620 millones. Ya conseguimos $40 millones y estamos de acuerdo con eso, pero queda una discrepancia de $29 millones”, indicó Blanco. “Puede que queden unas deficiencias en fondos, pero vamos a continuar mirando opciones como fondos ARPA para cerrar la brecha. También hay dinero disponible en el proyecto federal de infraestructura para programas de banda ancha y tecnología”, dijo.

Según La Fortaleza, están en peligro los fondos de la Oficina de la Comunidad Sorda, una legislación firmada en el 2021. La propuesta del Gobierno es que se asignen $300,000 para su operación y la JSF plantea que no se asigne dinero ya que supuestamente tiene impacto fiscal. En el caso de la Oficina de la Defensoría de Personas con Impedimentos, el Gobierno propone $600,000 y la JSF no asigna dinero.

“Está legislada y también nos dijeron que cero”, dijo.

Esta mañana Gabriel Corchado Méndez, titular de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), advirtió en declaraciones escritas sobre el peligro que representa la propuesta del ente fiscal.

“Dejaría sin fondos federales la DPI y por consiguiente, todo empleado cuyo salario es sufragado parcialmente con fondos federales, serían sufragados en su totalidad con fondos estatales. ¿Qué significa esto?, que nuestra nomina recibe de golpe un incremento de más de $600,000 anuales”, señaló Corchado Méndez.

Corchado Méndez indicó que, si bien entiende que necesita $1 millón para la implementación total de la ley que creó la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda, este próximo año fiscal la necesidad es de $350,000 “para comenzar el proceso administrativo de dicha Oficina”, dijo.

Blanco por su parte, indicó que la JSF no contempló en el presupuesto el $1 millón necesario para lo que se conoce como la “gerencia de proyecto” de la construcción del nuevo hospital de Vieques. El ente fiscal tampoco asignó $1 millón para el Fondo de Energía Verde y no atendió un reclamo para el Centro de Diabetes de $1.4 millones.

La JSF redujo esa cantidad por $1 millón.

“Están exigiendo unos ajustes operacionales y que encuentren un lugar nuevo y que busquen eficiencias administrativas con el Departamento de Salud”, afirmó Blanco.

Aunque el presupuesto de la JSF contempla una serie de aumentos salariales a empleados públicos consignados en el Plan Fiscal, no contempla dinero adicional necesario para honrar aumentos adicionales a oficiales correccionales, bomberos y técnicos de emergencia médicas.

“Tenemos sobre $300 millones en aumentos y mejoras en las condiciones de trabajo de los servidores públicos, pero hay diferencias particulares en cantidades adicionales en estos grupos críticos, como también son los empleados del Instituto de Ciencias Forenses”, dijo Blanco al sostener que los incrementos en el Plan Fiscal no son suficientes.

Por ejemplo, en el caso de los bomberos, para que se les honre un aumento salarial de $500 mensuales separado al contemplado en el Plan Fiscal harían falta $3 millones.

La JSF ha rechazado una reducción en los contratos propuesta por el Ejecutivo de $67 millones. El ente fiscal, indicó Blanco, plantea que el Gobierno no ha logrado “el nivel operacional que necesita” y que hacen falta los contratos.

Fuente: El Nuevo Día

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