El gobernador Pedro Pierluisi frenó una medida legislativa que creaba un rango de prioridades públicas y comunitarias al destinar un nuevo uso a más de 500 escuelas cerradas en la Isla.

El Proyecto del Senado 274 fue vetado por el primer ejecutivo, informó La Fortaleza en un comunicado de prensa en el que se anunció la firma de una nueva ley que define los servicios de salud como esenciales. La movida ya fue notificada a los presidentes legislativos Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau mediante una carta.

Parte de los argumentos que utilizó el gobernador para descartar el proyecto es que ya existe un procedimiento a estos efectos en el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), entidad que pertenece a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Pierluisi sostuvo que la creación de la Comisión Multisectorial para el Manejo de las Escuelas Cerradas, propuesto en la medida, representaría una duplicidad de esfuerzos y mayor burocracia en el trámite de los planteles escolares en desuso.

También mencionó que la creación de ese comité tendría un impacto fiscal en los gastos del gobierno que no está contemplado en el plan fiscal ni en el presupuesto del año fiscal 2023 para el gobierno.

“La medida no identifica recursos”, afirmó.

Igualmente, el mandatario comunicó que es política pública de esta administración agilizar los trámites ante el CEDBI y ha dado instrucciones en esa dirección.

“De hecho, desde la creación del CEDBI y hasta octubre de 2022, se han aprobado 362 transacciones de arrendamientos o usufructos para planteles escolares en desuso a favor de entidades públicas y privadas. Además, el CEDBI ha autorizado 51 transacciones de compraventa para planteles escolares en desuso a favor de entidades públicas y privadas y actualmente tiene otras 51 transacciones de planteles escolares en proceso con entidades públicas y privadas”, señaló Pierluisi en declaraciones escritas.

Hoy temprano, el director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), Luis Gallardo Rivera, urgió al gobernador que firmara este proyecto.

La medida- de la autoría de la senadora popular Elizabeth Rosa- en específico priorizaba los usos públicos, municipales y comunitarios al momento de disponer de un plantel.  Además, propone un proceso uniforme y con sensibilidad hacia la comunidad y no le cerraba la puerta a iniciativas que podrían generar ingresos significativos para la comunidad o el Estado.

La misma contó con el apoyo de algunos senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Hay una realidad que tenemos que reconocer. Puerto Rico perdió población y entendemos que no era justificable mantener ciertas escuelas abiertas. Pero cerrar los planteles sin un plan de reutilización fue el gran pecado de nuestra generación. Ahora tenemos oportunidad de ir corrigiendo eso para el beneficio de las comunidades”, expresó Gallardo Rivera.

Según Gallardo Rivera, el proyecto implementa medidas para atender señalamientos identificados por una investigación publicada en el 2020 por la Universidad de Berkeley y el CRH, organización sin fines de lucro dedicada a promover la conversión de propiedades vacantes y abandonadas en activos para el desarrollo comunitario de Puerto Rico.

La investigación, titulada “Cierre de escuelas públicas en Puerto Rico: impactos comunitarios y recomendaciones”, demostró que entre el periodo de 2014 al 2019 únicamente se vendieron diez planteles por un total de $4.1 millones y se arrendaron sólo 113 de un total de 673 escuelas cerradas.

Paralelamente, la Oficina del Procurador del Ciudadano publicó en septiembre una investigación con hallazgos que incluyen: documentos con data sensitiva que nunca fueron retirados de planteles, propiedad y equipo público abandonado y utilidades de agua y luz aún sin desconectar en varios planteles en desuso alrededor de Puerto Rico.

De otro lado, la abogada del CRH, Alicia Díaz Santiago, denunció que el proceso actual disposición de escuelas cerradas y concesiones de uso no está atendiendo las necesidades de nuestras comunidades.

“Y lo triste es que mientras más pasa el tiempo, se siguen deteriorando estas facilidades. Esto afecta directamente la calidad de vida de las comunidades aledañas y municipios”, dijo.

Actualmente, el manejo y disposición de las escuelas públicas cerradas se rige por la Ley Núm. 26-2017, la cual está diseñada para la venta y alquiler de los planteles escolares sin priorizar las necesidades de interés público.

“La pérdida de fondos y activos públicos ha sido monumental y se ha lacerado la educación de miles de niños que se vieron afectados por el cierre de sus escuelas, muchas de las que han quedado en el abandono total perturbando la paz de las comunidades”, concluyó Díaz Santiago.

Fuente: El Vocero

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