Washington D.C. – El gobernador Pedro Pierluisi considera que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) “pone la carreta al frente de los bueyes” al querer definir en el Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía y Eléctrica (PDA-AEE), las tarifas futuras de electricidad, una política que insistió debe quedar en manos del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

“Es un ejercicio totalmente especulativo, porque ahora acabamos de contratar a Genera PR, precisamente, para que logre ahorros operacionales en la AEE”, argumentó Pierluisi, al comentar el PDA-AEE enmendado. El plan, de aprobarse, permitiría un recorte de 48% en la deuda de la corporación pública y provocaría, según la JSF, un aumento aproximado de 14% en la factura promedio de electricidad.

Pierluisi sostuvo que la ley Promesa obliga a que el plan de ajuste cumpla con “la ley y los reglamentos de Puerto Rico” e insistió en que el acuerdo del gobierno con Genera PR, para la administración de las plantas y el sistema de generación de electricidad, apuesta a que tanto la empresa como la AEE se beneficien, por partes iguales, de potenciales ahorros que se consigan.

“Básicamente (lo que la JSF) está diciendo es, ‘¿cuál es el costo de la deuda?’ Vamos entonces a dividir esto por 30 años e incluirlo en estos cargos (adicionales). No señor, eso no me parece un ejercicio correcto”, agregó el gobernador Pierluisi, en entrevista con este medio.

Teniendo en cuenta que desde hace más de siete años no se paga la deuda de la AEE, Pierluisi –quien regresaría este domingo a San Juan tras participar este fin de semana en la reunión de invierno de la Asociación de Gobernadores- afirmó que es lógico que el pago de las obligaciones de la AEE vaya a incluirse en el presupuesto de la corporación pública.

“Pero, es el Negociado (de Energía) el que, en su momento, tiene que revisar y decidir (una revisión de las tarifas). Eso no le corresponde ni a la JSF ni a los bonistas. Diría que la jueza (Laura Taylor Swain), a cargo del sistema judicial de bancarrota territorial, en su momento, va a tener que respetarlo, porque así está escrita la ley Promesa”, subrayó Pierluisi, quien ha adelantado que presentará su posición, por medio de sus abogados, al tribunal.

El récord del gobernador

Pierluisi recordó que se opuso al Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés) que se firmó en el 2019, por proponer un recorte de la deuda de la AEE, de solo cerca un tercio.

Ahora, se mostró complacido con el recorte que propone la JSF, que se acerca a un 50%.

“Me parece -dijo Pierluisi-, una reducción sustancial”.

El pasado jueves, la JSF enmendó el PDA-AEE con la expectativa de reducir las obligaciones de la AEE, de unos $10,000 millones a unos $5,680 millones. Si la jueza Swain avalara tal recorte, se adoptaría un cargo “híbrido” en la factura de electricidad de hogares, comercios e industrias en Puerto Rico, que tendría una partida fija y una variable, según el consumo de electricidad.

Para los hogares que no reciban subsidios, la partida fija sería de $13 al mes más el cargo variable por consumo.

Los comercios tendrían un cargo fijo mensual en el orden $16.25, pero aumentaría según el tamaño del negocio hasta $1,800 al mes más consumo. Lo mismo sucedería con clientes industriales.

El cargo “híbrido” podría extenderse por unos 30 años o hasta 50, en caso de que la AEE no logre recaudar lo suficiente para cumplir con la amortización prevista en la reestructuración en la mesa.

Sin embargo, los bonistas de la corporación pública se niegan a aceptar tal recorte.

Durante el proceso de mediación que se llevó a cabo el año pasado, los bonistas de la AEE estuvieron dispuestos a aceptar un recorte aproximado del 30%, con la expectativa de recuperar la diferencia a medida que la AEE se pusiera sobre sus pies.

Una propuesta insuficiente

El pasado viernes, el Instituto de Análisis Financiero y Económico de Energía (IEEFA, en inglés) advirtió que la propuesta de reestructuración enmendada por la JSF, dejará una carga financiera que impedirá que la AEE pueda tomar prestado a futuro para completar la restauración de la red eléctrica.

Según IEEFA, en los próximos 10 años, la AEE necesitará unos $20,000 millones para reconstruir todo el sistema eléctrico, pero de esa cifra, el gobierno federal solo aportaría unos $14,000 millones. La diferencia, según el plan fiscal de la AEE certificado por la JSF, se cubriría con aumentos en la tarifa eléctrica.

De acuerdo con IEEFA, mientras Puerto Rico dependa de combustibles fósiles, el sistema eléctrico continuará vulnerable a la volatilidad en precios de esta materia prima.

“El nombramiento reciente de New Fortress Energy (NFE) para operar el sistema de generación desde una perspectiva de política (pública) significa que las decisiones en torno al sistema de generación actual, probablemente se expandirá y extenderá la vida del uso de gas natural en la isla”, advirtió IEEFA.

NFE es dueña de Genera PR, la empresa que la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) seleccionó para operar la flota generatriz de la AEE por al menos 10 años y desmantelar tales activos una vez haya suficiente generación renovable en la isla, según el Plan Integrado de Recursos (PIR).

Fuente: El Nuevo Día

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