El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero, indicó que existe una “alta probabilidad” de que la Junta de Control Fiscal (JCF) cumpla este jueves con la fecha límite establecida por la jueza federal Laura Taylor Swain para la entrega de un Plan de Ajuste de Deuda (PAD) preliminar de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El también secretario del Departamento de Estado reiteró que el cumplimiento de este requisito impuesto por la magistrada a cargo del proceso de quiebra de la corporación pública bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) es “sumamente importante” ya que, “de lo contrario nos exponemos a que la jueza Taylor Swain evalúe si desestima o no la petición de Título III, lo que sería perjudicial para Puerto Rico”.

“Sin embargo, reiteramos que entendemos se debe poder presentar un plan según la fecha límite establecida”, sostuvo Marrero a través de declaraciones escritas a EL VOCERO.

De manera similar se expresó el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, quien opinó que la junta fiscal no se arriesgará a que la jueza Swain desestime el caso y proceda a nombrar un síndico para que se haga cargo del proceso de quiebra de la corporación pública.

“La junta va a radicar un plan independientemente que sea la primera de 20 versiones adicionales”, destacó Emmanuelli Jiménez, quien recordó que, en el caso del PAD del gobierno central, el documento tuvo 14 versiones.

El abogado especializado en procesos de quiebras argumentó también que el hecho de que la JCF otorgó al suplidor petrolero Vitol una clasificación separada al llegar a un acuerdo para reducir el total de su reclamo con el requisito de que la empresa no podrá oponerse a la confirmación del plan de la AEE, es muestra de que el ente fiscal se apresta a cumplir con la fecha establecida por la corte.

“Se trata de un acreedor minúsculo en comparación con los demás acreedores, pero con esta movida cumplen con uno de los requisitos que establece la Ley Promesa”, agregó.

No suelta prenda la Junta

EL VOCERO solicitó una reacción a la junta fiscal sobre el cumplimiento de la entrega de un PAD, pero su oficina de prensa indicó que “todavía estaban en negociaciones”.

Mientras, el director ejecutivo de Aafaf reiteró que “a lo largo del proceso de mediación se han discutido distintas alternativas con el fin de lograr llegar a un acuerdo consensual con los grupos de acreedores”.

“Esperamos que estas alternativas sean conducentes a un Plan de Ajuste (PDA) que pueda ser confirmado por la jueza federal Laura Taylor Swain”, resaltó Marrero.

Faltan elementos

En cambio, e independientemente de que la JCF cumpla con la fecha, Emmanuelli Jiménez anticipó que la primera versión del PAD solo cumplirá con los requisitos mínimos y dejará fuera elementos esenciales como el tratamiento que se le va a dar al sistema de retiro de los empleados de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), entidad a la que representa en el proceso, ya que este asunto todavía se encuentra bajo el proceso de mediación.

“El plan que presenten tampoco incluirá cualquier asunto relacionado a los acreedores no asegurados, que es una de las clases más grandes que hay en el proceso”, agregó el licenciado, quien insistió que el PAD inicial sufrirá “muchas modificaciones”.

En paralelo con la litigación

Por otro lado, Emmanuelli Jiménez recordó que, paralelo al proceso de quiebra, la junta fiscal enfrenta en las cortes varias litigaciones relacionadas a la deuda de la AEE.

“El asunto de la litigación con los bonistas es esencial para saber finalmente cuál será la reestructuración. De salir airosos, la junta tendría una flexibilidad bien grande a la hora de redistribuir los activos y el dinero que tiene la AEE, al punto que podría dar una mayor participación a los acreedores no asegurados y reestructurar el sistema de retiro de una manera menos onerosa”, aseveró el abogado.

Una vez presentado el PAD, que incluirá un escrito de divulgación con los elementos que permitirán a los acreedores determinar si votarán a favor o en contra, la jueza Swain establecerá la fecha de la vista para la aprobación del documento.

Dos o tres años más de la Junta

Entretanto, el gobernador Pedro Pierluisi ya está haciendo compromisos de cara al momento en que la junta fiscal no opere más en Puerto Rico. A su juicio estamos a “dos o tres años” para que el ente fiscal que supervisa las finanzas del gobierno finalmente se vaya del País.

El mandatario le prometió ayer al presidente del Banco de Desarrollo Económico (BDE), Luis Alemañy González, que seguirá pidiendo a la JCF que asigne fondos que ayuden a capitalizar el banco.

“Este banco puede administrarse efectivamente como ha ocurrido bajo mi administración. No nos vamos a quitar. Seguiremos presentando el caso ante la junta para convencer a la junta de que le dé apoyo presupuestario. De no ocurrir eso tiene mi palabra, señor presidente, de que yo me voy a ocupar de eso cuando no esté la junta”, afirmó el primer ejecutivo.

Según Pierluisi, la distribución de $125 millones en ayudas a 2,500 empresarios afectados por el huracán María bajo el Programa de Financiamiento a Pequeñas Empresas con fondos Cdbg-dr es una muestra de que el banco tiene espacio para crecer.

“Como yo lo veo, existe la necesidad y la conveniencia de tener un Banco de Desarrollo Económico en Puerto Rico, debidamente capitalizado con nuestros propios fondos. Yo sé que hemos pasado por un vía crucis, pero estoy convencido de que vendrán tiempos mejores desde el punto de vista fiscal y seguiremos dando la batalla ante la junta, mientras tengamos junta para convencerlos de que se le provea un presupuesto adecuado”, señaló el mandatario.

Los dos presupuestos más recientes han estado balanceados y el gobernador auguró que así se confirmará cuando se emitan los estados financieros auditados. Por lo tanto, faltaría que se aprueben otros dos presupuestos de la misma forma, sin importar que sea el que someta la Asamblea Legislativa o que se imponga el de la JCF, para iniciar el proceso de salida del ente fiscal.

La Ley Promesa, que es la que da vida a la JCF, también exige que el gobierno tenga acceso adecuado a los mercados de capital antes de que el gobierno pueda retomar sus finanzas.

“En ese renglón no anticipo problemas por el trato que estamos viendo y como los mercados han estado respondiendo en los bonos restructurados… han estado respondiendo muy bien a las reestructuraciones de deuda pública”, afirmó.

Sobre el programa de ayudas a comerciantes, Alemañy González reconoció que todavía faltan sobre 2,000 solicitudes por procesar, mientras que el universo de pequeños y medianos comerciantes en Puerto Rico se estima en sobre 48,000.

El presidente del banco restó importancia a que las ayudas hayan llegado a apenas un 10% de los comerciantes que a su entender también tienen a disposición otras ayudas.

Fuente: El Vocero

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