El gobierno redistribuyó cerca de $12.7 millones del presupuesto vigente para costear los gastos por concepto de liquidación de vacaciones y del pago de pensiones por lo que resta del año fiscal para los 1,129 empleados públicos que se beneficiaron de la Ley 80 de 2020, revela una comunicación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que expone el impacto del controvertido programa de retiro incentivado en las finanzas públicas.

La reprogramación de los $12,749,618, avalada por la JSF, no solo repercute sobre los últimos tres meses de este año fiscal 2023-2024, sino que también tiene efecto en los primeros cuatro meses del próximo año fiscal, que inicia el 1 de julio.

Los 1,129 exempleados del gobierno comenzaron a disfrutar del retiro desde el 1 de abril, al amparo de la “Ley del Programa de RetiroIncentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos”, luego que sus respectivas agencias realizaran un proceso de identificación de los “puestos no esenciales”. Al momento, ese proceso es objeto de cuestionamientos y escrutinio por parte de un grupo de empleados públicos que alega que la selección se hizo de manera arbitraria e, incluso, mediando criterios político partidistas.

La JSF, en una carta con fecha del 4 de abril, aprobó la reprogramación de fondos públicos solicitada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), que implicó la “redistribución de sueldos dentro de la nómina” para el pago del retiro, conocido como PayGo, desde el 1 de abril al 30de junio de 2024, y la extensión de fondos, hasta el 31 de octubre de 2024, para pagar por los desembolsos correspondientes a la liquidación de las vacaciones de los beneficiarios de la ley. Para esa extensión de fondos, se destinarían $7,385,711, de acuerdo con el desglose provisto en la carta.

También, la Junta aprobó una “transferencia interagencialentre el Departamento de Educación, el Servicio 9-1-1 y la Junta de Planificación para el mismo propósito, ya que estas agencias no tenían fondos suficientes dentro de su propio presupuesto del año fiscal 2024 para cubrir los costos totales de la implementación parcial” del estatuto, explica la misiva.

“Los montos aprobados no modifican el monto total del gasto presupuestario del Estado Libre Asociado”, subraya la JSF en su escrito dirigido a Juan Carlos Blanco, director ejecutivo de la OGP.

Costo de ventana de retiro “va a variar”

Rafael Martínez, principal asesor legal del titular de la OGP, explicó a El Nuevo Día que, en lo sucesivo, a partir del próximo año fiscal, el costo para el erario de esta ventana de retiro “va a variar”.

“Esta carta de reprogramación (de fondos) de la JSF atiende dos cosas. Lo que hay que pasar de la línea de nómina, que hay que reprogramar de la línea de nómina a PayGo, que es de donde se pagan las pensiones, y también contemplaba la liquidación de las vacaciones de esos empleados que participaron (de la Ley 80)”, indicó Martínez.

“También hay una extensión de vigencia de ciertas cuentas porque, el proceso de liquidación de vacaciones, algunas agencias estiman que le va a tomar posiblemente hasta el año fiscal que viene, así que por eso es que nos adelantamos y mantuvimos esas cuentas vigentes para que puedan continuar liquidando las vacaciones”, añadió.

Martínez aclaró que esa extensión era necesaria porque cada agencia debe realizar procesos de verificación y certificación antes de proceder a liquidar las vacaciones a los jubilados. A modo de ejemplo, mencionó que deben confirmar si el ahora jubilado tiene deudas con el gobierno. 

“Y algunas agencias, en ese proceso, liquidan más rápido, y adelantándonos a eso, entendimos que era prudente pedir la extensión de esas cuentas. No es que no tenían el dinero. Es que, cuando se acaba el año fiscal, todas las cuentas se congelan, aunque tengan dinero y balance. Esas cuentas (terminado el año fiscal) no se pueden utilizar a menos que la Junta autorice una extensión de vigencia. Por eso, tenemos que mantener esas cuentas de donde las agencias van a pagar esas liquidaciones para que estén vigentes más allá del año fiscal. Es una medida de precaución”, precisó el abogado.

Agregó que, en lo sucesivo, el gobierno debe destinar, en cada presupuesto, el dinero para cubrir las pensiones de estos retirados.

Sobre ese aspecto, el director ejecutivo de la Junta deRetiro del Gobierno, Luis Collazo, dijo a este medio que el gasto mensual en el pago de la pensión para los participantes de la Ley 80 será de $1,823,315.36. Por lo tanto, anualmente, el Estado desembolsará $21,879,784.32 sin contar el dinero a pagar, también mensualmente, para la aportación al plan médico, que se calcula en $94,800. El funcionario advirtió que esa cifra disminuirá a medida que los jubilados alcancen los 62 años.

Collazo rechazó que la ley y el retiro de estos empleados, algunos de los cuales se acogieron a la jubilación con solo 42 años, sea oneroso para el erario. “No, de ninguna manera. Todo lo contrario. Genera ahorros al gobierno”, afirmó el funcionario.

Ahorros establecidos en estipulación final

La Ley 80 fue declarada nula, en mayo de 2022, por elTribunal Federal. Luego de una discusión entre el gobierno y la JSF se llegó auna estipulación que permitió la implantación parcial del estatuto. Los 1,129que finalmente se acogieron al retiro mediante la ley recibirán como pensión el50% de su salario, $100 mensuales de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años y el pago de sus vacaciones acumuladas.

La JSF exigió que los puestos de los retirados no se pueden llenar de nuevo, y para ello, el gobierno asegura que creó parámetros de fiscalización.

“La única forma que la JSF iba a permitir que esto se diera era que el gobierno le pudiera evidenciar los ahorros del programa. Nosotros le proveímos información a la JSF. Los ahorros quedaron establecidos en la estipulación final (presentada en el Tribunal Federal en febrero)”, dijo el director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno.

“Estas personas (los 1,129 jubilados) pudieran faltarle 10 o15 años para jubilarse. El efecto, si no se hubiesen jubilado, es que se les estuviese pagando el 100% del salario por 15 años. Mas, al jubilarse ahora, por esos 10 a 15 años, por darte un ejemplo, pues se le paga solamente el 50% del salario, así que hay un ahorro en nómina”, aseguró Collazo.

“Ese gasto se irá reduciendo en la medida que los pensionados por Ley 80 alcancen la edad de 62 años”, abundó.

De acuerdo con el gobierno, con la salida de estos empleados, el ahorro será de $116 millones en los próximos 10 años. La carta dela JSF incluye un anejo con las agencias con empleados acogidos a la Ley 80 de2020, que totalizan 48. La Autoridad de Puertos, la Administración para elDesarrollo de Empresas Agropecuarias, la Corporación del Fondo de Seguro deEstado y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio tuvieron, cada una, más de un centenar de empleados bajo el retiro incentivado.

A petición de El Nuevo Día, la Junta de Retiro proveyó un listado completo que desglosa la agencia, la edad y el cargo que desempeñaba cada uno de los 1,129 jubilados por la Ley 80. Resalta la cantidad de retirados en los renglones entre 40 y 50 años. El pensionado con menor edad tiene 42años, con 18 años de servicio y con un salario, al retirarse, de $5,279.65. Por ende, su pensión vitalicia será de $2,639. 83. Además, recibirá del gobierno la aportación de $100 al plan médico por 20 años, que equivale a $2,000.

Otros pensionados están en similar situación, de acuerdo con el listado. Uno de ellos tiene 44 años, 18 años de servicio público y un salario, al momento de pensionarse, de $6,147.92. El jubilado de mayor edad es de 79 años, con 21 años de servicio y un salario de $2,663, lo que significa que su pensión vitalicia será de $1,331.50 y no tendrá aportación al plan médico porque tiene más de 62 años.

Los jubilados estaban ubicados en posiciones como oficinista, agente comprador, agente informativo, analista de sistemas, especialista en recursos humanos, auxiliar de sistemas, entre otros.

En marzo, mientras se finiquitaba la salida de funcionarios con esta ley, el gobernador anunció el reclutamiento de 250 empleados públicos, en puestos como contador, contador sénior, administrador de base de datos, especialista en sistemas de información, operador de sistemas de información, asistente de recursos humanos, analista de política pública y desarrollador de aplicaciones, algunos de estos similares a los que ocupaban los ahora jubilados.

Cuando se le preguntó a Collazo si hubo comunicación interagencial antes de declarar un puesto “no esencial” de manera que se auscultara si el cargo era necesario en otra dependencia pública, contestó: “No todas las agencias y corporaciones participaron de la Ley 80″.

Los ahora jubilados recibieron su primer cheque de pensión el lunes,15 de abril, confirmó Collazo. Entretanto, sigue su curso un reclamo de información al gobierno de parte de más de una docena de empleados públicos que alegan que la identificación de los puestos “no esenciales” se hizo deforma arbitraria.

Fuente: El Nuevo Día