Puerto Rico emitirá hoy poco más de $10,000 millones en bonos de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) e Instrumentos de Valor Contingente (CVI, en inglés) y pagará al menos otros $10,000 millones en efectivo a bonistas, empleados públicos y múltiples suplidores y contratistas del gobierno, transacciones que representan el práctico fin de la quiebra del territorio estadounidense y del proceso de reestructuración más grande en la historia de ese mercado municipal.

Luego de seis años sin pagar a los dueños de Obligaciones Generales (GOs en inglés) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), pero también a miles de suplidores y contratistas locales, con la entrada en vigor del PDA, el gobierno puertorriqueño marca una nueva etapa en el manejo de sus finanzas. Es el fin de cinco años de litigios y negociaciones bajo el Título III de la ley federal Promesa y —a juicio del equipo fiscal de la administración de Pedro Pierluisi y del presidente de la Junta de Supervisión Fiscal y su directora ejecutiva, David Skeel y Natalie Jaresko, respectivamente— Puerto Rico queda en mejor posición en todos los sentidos.

Para el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero, no importa la métrica que se utilice, el PDA del gobierno central deja a Puerto Rico con un cuadro de endeudamiento “sostenible”; en una posición comparable con otros estados de Estados Unidos y en mejor posición que otras economías como Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Es un perfil financiero, en palabras de Marrero, “más cómodo y limpio, que permite enfocarnos en desarrollo económico”.

“El mercado está bullish (optimista) con Puerto Rico”, agregó Marrero, al destacar el impacto que supone el fin de la quiebra para la isla.

Marrero hizo sus declaraciones en una sesión informativa con periodistas en la que se repasaron los aspectos más sobresalientes del PDA del gobierno central y en la que el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, y el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, reconocieron que todavía queda un trecho significativo por recorrer. En especial, según los funcionarios, se necesita dotar al gobierno de los recursos humanos, tecnológicos y operacionales para que el PDA pueda ejecutarse hasta el último día, es decir, hasta el año 2048. Será en ese año cuando, en esencia, los contribuyentes de Puerto Rico saldarán las obligaciones modificadas a la luz de Promesa y que comienzan a pagarse hoy.

¿QUÉ SE LOGRA CON EL PLAN DE AJUSTE?

A partir de hoy, con el PDA, el gobierno central recorta alrededor de $33,362 millones en obligaciones –es la cifra más reciente de la JSF- a unos $7,400 millones. De entrada, la cifra implica que el gobierno vería una reducción de 78% entre lo que adeudaba antes de Promesa y el balance que quedaría pendiente de pago.

Sin embargo, cuando se consideran los sobre $10,000 millones en pagos en efectivo que el gobierno hará a partir de hoy, tanto a inversionistas en Wall Street como a empleados públicos, suplidores y contratistas, entre otros, el recorte obtenido por la JSF ronda 46%.

Marrero destacó que la reducción más significativa se encuentra en el porcentaje que Puerto Rico dedicará al pago de la deuda. Antes, Puerto Rico utilizaba un 28% de sus recaudos por impuestos al pago de la deuda, ahora dicha carga se reduce a aproximadamente 6.5%.

“La estabilidad es uno de los aspectos más importantes de esta transacción. Estabilidad a nuestro gobierno y, por ende, a la economía de Puerto Rico”, sostuvo Blanco, al señalar que la modificación de la deuda por concepto de bonos deja al gobierno con un pago fijo por las siguientes dos décadas.

¿QUÉ SE PAGA HOY?

Según el gobierno, hoy se pagarán poco más de $7,900 millones a los bonistas del gobierno central y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR); unos $1,700 millones a empleados públicos, incluyendo los participantes del Sistema 2000; y otros $1,100 millones a acreedores no asegurados.

En el caso de los bonistas, estos también recibirán sus nuevos bonos de GOs y el CVI, que será el pago contingente en caso de que los recaudos del IVU y el arbitrio al ron superen las proyecciones.

Para Jaresko, si bien se ha prestado énfasis al efectivo que recibirán los bonistas, aproximadamente al menos un 30% de los pagos desembolsados hoy permanecerán en manos locales.

ATADOS AL PDA POR DOS DÉCADAS

Aunque el PDA reduciría el peso de la deuda pública, la modificación de deudas compromete -de todas formas- alrededor de una cuarta parte del presupuesto operacional de Puerto Rico por las siguientes dos décadas.

Esto, porque cuando se suma el pago de la deuda pública con el dinero que Puerto Rico dedicará al pago de las pensiones, cada año, entre 26 y 28 centavos de cada dólar que entre al fisco se utilizarán para tales fines.

“Es una obligación que asumimos”, dijo Marrero al plantear que esa proporción debe ir reduciéndose a medida que aumenten los recaudos al fisco y se reduzca el número de jubilados.

Tal vez, de todas las métricas que se utilizan para analizar el impacto del PDA, la más elocuente es el balance de efectivo que retiene el gobierno luego de Promesa.

De acuerdo con Parés Alicea, la caja principal del Tesoro de Puerto Rico debe quedar con aproximadamente $1,400 millones de capital operacional, una cifra que dista de la mediana de $950 millones que recomiendan organizaciones de finanzas públicas en Estados Unidos.

Según Parés Alicea, cuando Puerto Rico se acogió a la bancarrota en el 2017, en las arcas de Hacienda apenas había unos $267 millones.

Fuente: El Nuevo Día

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