“Felicitaciones… es agradable ver una victoria consensuada en la que ganan ambas partes (win win). Eso levanta los ánimos de vez en cuando”, dijo la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain.

“Ahora lleven ese buen ánimo a la batalla”, prosiguió la jueza que preside el proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico sin poder evitar reírse para posteriormente, felicitar a abogados, partes interesadas y el personal del tribunal por la temporada festiva que comienza.

Las expresiones de Swain se produjeron al dar por terminada la audiencia general de los Casos de Título III del mes de diciembre, celebrada el miércoles y en la que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la administración del gobernador Pedro Pierluisi adelantaron otro paso en el proceso de limpiar las finanzas públicas de Puerto Rico. Esto, una vez la jueza Swain avaló la modificación cualificada de la deuda de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés) bajo el Título VI de la ley federal Promesa.

Swain emitió su decisión, luego de que AmeriNational Community Services y Cantor Katz Collateral Monitor, firma que actúa como una especie de custodio de los activos que respaldan la deuda de Pridco, retiraran sus objeciones. Asimismo, el fiduciario US National Bank Association también avaló la transacción.

Haciendo la salvedad de que podría haber algún cambio en su orden escrita, Swain emitió en sala, su aval a la reestructuración de unos $189.6 millones en bonos de Pridco, señalando que el acuerdo entre la corporación pública y la firma de inversiones GoldenTree Asset Management, cumplía con los criterios para una reestructuración acordada entre las partes, según permite la ley federal que también creó la JSF.

El Título III de Promesa provee para que la JSF invoque las protecciones de ese capítulo para una entidad del gobierno territorial y desarrollar un plan de ajuste que -en el mejor de los casos- avalen los acreedores. El Título VI permite modificar lo adeudado de manera voluntaria, cuando la entidad deudora y los acreedores así lo acuerden.

Según el expediente del caso de Título VI de Pridco, la JSF y el gobierno consiguieron el respaldo de casi el 95% de los acreedores de la corporación pública.

Minutos antes de la decisión, el asesor legal de la JSF y socio de Proskauer Rose, Brian Rosen, informó a Swain que todos los escollos y objeciones en torno a la modificación de deudas de Pridco se habían superado y que los tenedores de apenas $10,000 en bonos de la dependencia se opusieron al acuerdo.

“Esto da una oportunidad para que Pridco continúe adelante con la encomienda de desarrollar su (cartera) de bienes raíces y evidencia nuevamente el crecimiento continuo y la capacidad de (Puerto Rico) para regresar a los mercados (de capital)”, sostuvo Rosen.

Rosen añadió que el acuerdo en torno a la deuda de Pridco debe consumarse este mismo mes, debido a que el Acuerdo de Reestructuración de la Deuda establece el 31 de diciembre como la fecha de expiración del acuerdo.

Por su parte, Mathew Cramer, abogado de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y socio de O’Melveny Myers, solicitó a la jueza Swain aprobar la propuesta modificación en la mesa, pues esta permitiría “pasar la página” y conseguir que Pridco se enfoque en contribuir al desarrollo económico de Puerto Rico.

En manos de un operador privado los edificios de Pridco

La aprobación de la reestructuración financiera de Pridco se produjo luego de un primer acuerdo extrajudicial pactado hacia el 2018 y de un litigio que se radicó a principios de año y que quedó en suspenso, una vez las partes acordaron negociar.

En tal litigio, GoldenTree solicitaba al tribunal tomar el control de las propiedades de Pridco ante la negativa de la dependencia de pagar su deuda pública.

Si bien tal escenario no se consumó, el pacto con GoldenTree requiere que, además de recobrar la acreencia con bonos y efectivo, Pridco traspase la gestión de su cartera de propiedades.

“Esto (el acuerdo) incluye incluir a un tercero manejador de activos, invertir en mejoras capitales críticas y operar una cartera de propiedades crítica para Puerto Rico de manera más eficiente”, dijo Cramer.

A las expresiones de Rosen se sumaron aquellas de Susheel Kirpalani, socio del despacho Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan y abogado de GoldenTree en el proceso de Pridco.

GoldenTree, el opositor de la Junta Fiscal en la AEE

Un sosegado Kirpalani, destacó que la transacción entre su cliente y la JSF era totalmente consensuada. “Es un win win para la isla y los bonistas”, dijo Kirpalani, quien antes jugó un papel crucial en la reestructuración de la Corporación del Fondo Interés Apremiante (Cofina).

El acuerdo entre Pridco y GoldenTree, como acreedor principal, se produce al tiempo en que la firma de inversiones mantiene una batalla acérrima contra la JSF por el proceso de quiebra en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

De aquí la exhortación de la jueza Swain de llevar el ánimo que prevaleció en la transacción de Pridco al proceso que discurre con la AEE.

Sin embargo, en su breve intervención, Kirpalani pareció indicar al tribunal que su cliente prefiere llegar a entendidos. Ello, al destacar que el acuerdo de modificación de deudas con Pridco es el tercero que GoldenTree pacta con Puerto Rico en el contexto de la quiebra.

“Aquí no hay reembolsos por honorarios, no hay pagos por negociar para GoldenTree”, dijo Kirpalani en lo que pareció una crítica a los pagos que la JSF ha propuesto para ciertos acreedores de la AEE por aceptar el plan de esa corporación pública.

El pacto entre Pridco y sus acreedores sería el quinto que se viabiliza bajo el Título VI de Promesa. Antes, el gobierno reestructuró la deuda del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en inglés), mientras queda pendiente el Fondo para el Desarrollo del Turismo (TDF, en inglés), que todavía no se ha finiquitado y debiera consumarse este año.

Fuente: El Nuevo Día

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