El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega, indicó que si Puerto Rico no consuma el pacto (RSA, en inglés) alcanzado con el grupo organizado de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (Ad-Hoc AEE) y Assured Guaranty se expone a pagar la totalidad de dicha deuda al tiempo en que se mostró confiado en que lograrán el respaldo que necesitan de otros acreedores.

“No aprobar el acuerdo implica un nivel de riesgo que no es responsable asumir ya que nos exponemos al posible pago del 100% de la deuda”, indicó Sobrino Vega en declaraciones escritas a este diario.

La semana pasada, la Aafaf junto a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentaron a la jueza Laura Taylor Swain -quien preside los casos de Título III- una moción para que ese foro judicial avale el RSA definitivo que suscribieron los acreedores dueños de entre el 47% y 48% de los bonos de la AEE. En dicha moción, tanto el gobierno como la JSF dijeron a Swain que aprobar el pacto beneficiaría a la economía de la isla y eliminaría la incertidumbre de varios procesos adversativos contra la corporación pública.

El pedido del gobierno y la JSF a Swain se produjo el pasado viernes al tiempo que el organismo fiscal pidió a la jueza desestimar el reclamo incoado por National Public Finance Guarantee, Assured Guaranty y Syncora Guarantee para designar un síndico en la AEE.

La JSF y la Aafaf pidieron a Swain que dirima el RSA de la AEE en la audiencia del próximo 12 de junio. Ayer, en cambio, la jueza emitió una orden para incluir en esa audiencia la moción relacionada al síndico de la AEE.

El RSA definitivo en la AEE establece que dos días antes de la fecha posible de la vista donde se vería el acuerdo, la JSF y el gobierno deben haber conseguido el respaldo del 60% de los tenedores de bonos de la corporación pública. Esa cifra debe aumentar a 67% para septiembre próximo.

“Anticipamos lograr los quórums necesarios a la fecha requerida”, dijo Sobrino Vega.

El RSA definitivo con el Ad Hoc-AEE y Assured es el evento más contundente al cabo de seis años de negociaciones y que resultaron en dos acuerdos previos en la AEE. Uno, bajo la dirección de AlixPartners cuando la firma actuaba como oficial de reestructuración de la corporación pública en el 2015 y otro, a mediados del 2017, que fue rechazado por la JSF por entender que encarecería el costo de la electricidad.

Como parte del acuerdo, los bonistas intercambiarían su acreencia aceptando un recorte inicial de 30% a su principal por nuevos bonos a ser emitidos por la Corporación para la Revitalización de la AEE, dueña en lo sucesivo, del cargo de transición. Dicho cargo se nutrirá de una parte del pago que efectúan los abonados y que arrancará en 2.8 centavos kilovatio hora (kvh) y aumentará escalonadamente hasta 4.55 centavos kvh hacia el 2043.

El Nuevo Día preguntó el porqué de la disposición en el RSA que eximiría a la entidad sucesora de la AEE, de cumplir con unas 16 leyes, incluyendo cumplir con la política pública energética recién convertida en ley por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. A ello, Sobrino Vega indicó que la premisa de la pregunta es incorrecta. “Como todo acuerdo de reestructuración, el mismo está sujeto a aprobación por la Aafaf, la JSF y el tribunal de Título III o VI”, se indicó.

El RSA, en su inciso I-B indica textualmente que habrá que legislar para asegurar que la corporación sucesora de la AEE, no le aplicarán 16 estatutos incluyendo la Ley de Ética Gubernamental y el estatuto que establece en 8% el máximo que el gobierno podría pagar a sus bonistas por concepto de tasa de interés.

Fuente: Sobrino asegura que no consumar el pacto en la AEE es un riesgo que no se debe de tomar

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