“Nada de lo que se ha gastado se ha hecho fuera del marco de la ley”, fueron las declaraciones del director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega, en defensa del gasto por parte del gobierno de $30 millones que ha sido fuertemente cuestionado por la Junta Federal de Control Fiscal.

Luego de que la directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko, señalara que el gobierno estaba incurriendo en gastos no contemplados por el presupuesto aprobado para el año fiscal —que pretendían ser aprobados mediante 24 resoluciones conjuntas—, Sobrino explicó que la gran mayoría del dinero proviene de un fondo ajeno al Fondo General.

“De los $30 millones aproximados, la vasta mayoría proviene de resoluciones relacionadas al Fondo de Mejoras Municipales, que se nutre del IVU (Impuesto de Ventas y Usos)… Se ha creado una impresión errónea de que se está gastando dinero no autorizado por el presupuesto, que no está disponible o que se llevaron a cabo gastos que no corresponden a las mejores prácticas”, sostuvo el funcionario.

Sobrino detalló que .5% de los recaudos del IVU van destinados al Fondo de Administración Municipal (FAM) que, a su vez, se subcategoriza en los fondos de desarrollo, redención y mejoras. Indicó, además, que estas partidas no fueron vislumbradas en el presupuesto certificado y que nunca han aparecido en ningún presupuesto aprobado desde 2014.

“El fondo de mejoras constituye el .1% y por ley tiene que ser distribuido y asignado por la Legislatura mediante resolución conjunta porque así lo establece el ordenamiento constitucional. Nosotros sometimos esas resoluciones a la junta para que certificaran en cumplimiento con el plan fiscal y que el dinero no venía del Fondo General”, acotó el titular de Aafaf.

Aseguró, además, que “el dinero que se utiliza para estas asignaciones no proviene del Fondo General, ni está en las cuentas del Departamento de Hacienda. Está en una cuenta separada que originalmente estaba en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y ahora se mantiene en el Banco Popular”.

“Esta cuenta en Popular se abre para evitar que se perdiera el dinero con la crisis del BGF. Se ve en el informe de liquidez de las cuentas de banco que se publican mensualmente, hay visibilidad sobre el mismo”, agregó Sobrino.

Asimismo, recalcó que no están de acuerdo con la invalidación del gasto que ejecutó el ente reglamentador por entender que “no es correcto que, si el dinero no aparece en el presupuesto que certificaron, sea nulo”. No obstante, Sobrino alegó estar dispuesto a aceptar que la junta ejerza mayor control sobre el FAM.

“Si hay alguna duda para comprobar que lo que indicamos es cierto, con gusto se le va a proveer toda la información que necesiten, aunque todo está aprobado por ley. En términos de gastos no nos hemos excedido del presupuesto certificado… A nosotros nunca se nos ha pedido proveer un presupuesto para ese fondo. No requiere ningún control más allá de lo operacional, pero si ellos quieren ahora ejercer un mayor control sobre el mismo, lo pueden hacer”, puntualizó.

No han sometido acuerdo de AEE

Pese a que se había dicho que el acuerdo definitivo de reestructuración que alcanzó Aafaf con un grupo de tenedores de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sería sometido a la corte de Título III de la ley Promesa a principios de esta semana, Sobrino indicó que aún no han culminado los documentos necesarios para poder someterlo a la aprobación de la jueza federal Laura Taylor Swain.

Asimismo, sostuvo que a pesar de que el pacto cuenta con el aval del 51% de los acreedores de la AEE, necesitan más apoyo de las clases. “El acuerdo refleja una negociación fuerte y creo que se va a aprobar. Hay una serie de bonistas que no avalaron el mismo y eso es normal. Tenemos una masa crítica, pero no necesariamente el volumen que nos requiere la ley. Eso se va acumulando con el tiempo”, agregó.

En cuanto al nuevo presupuesto —que la junta debe certificar—, Sobrino alegó que no han recibido ningún borrador, pero anticipó que hay una serie de reformas y medidas que el gobierno no impondrá, como han hecho en los últimos dos años. “No hemos visto nada, pero se que tienen énfasis en las reformas estructurales”, dijo.

Por otro lado, sobre el plan de ajuste del gobierno central, indicó que es posible que se radique a finales de este año o a principios del próximo y que es posible que el gobierno central pueda salir de Título III en unos dos años aproximados. Ante la disposición de Jaresko de someterlo este mes, Sobrino contestó que “decir que se va a radicar un plan de ajuste este mes es demasiado optimista porque es un proceso bien complejo”.

Fuente: Sobrino Vega defiende gasto del gobierno

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