La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain ordenó a los abogados que intervienen en el proceso de Título III de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que, en o antes del próximo 1 de abril, presenten sus respectivas conclusiones de hecho y derecho en torno al plan de pagos que reestructuraría sobre $10,000 millones en obligaciones de la corporación pública.

Asimismo, cinco días más tarde, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), así como el gobierno, y los acreedores podrían presentar las objeciones limitadas a las explicacions que den sus contrapartes al Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE).

El pedido serviría para redondear el proceso de análisis que la jueza Swain tiene a su cargo desde el pasado 18 de marzo, cuando concluyeron las vistas de confirmación del PDA-AEE.

En ese día, la jueza que ha presidido el proceso de bancarrota del gobierno puertorriqueño por los pasados siete años, aseguró que, a la hora de evaluar los méritos de la propuesta que pondría fin a la quiebra de la AEE, tendría presente las expresiones de los ciudadanos que participaron de la audiencia.

“Sus voces han sido escuchadas”, aseveró Swain.

Pero antes de que la jueza decida el futuro de la AEE, Swain tendrá que determinar si elimina del récord el testimonio y declaración del economista de la JSF, Andrew Wolfe y aquel del ejecutivo de McKinsey & Co., Ojas Shas, quienes –en síntesis- aseguran que el plan de pagos diseñado por el ente fiscal bajo la ley Promesa es más beneficioso para los acreedores que si estos buscan cobrar su parte mediante otro mecanismo como, por ejemplo, el nombramiento de un síndico en la AEE.

Los objetores piden excluir el testimonio del economista Andrew Wolfe

Este viernes, Swain hizo valer -por escrito- su determinación inicial en torno al testimonio de Shas.

Swain denegó eliminar el testimonio del ejecutivo del récord de la vista de confirmación como solicitaron los bonistas objetores, y estableció que aquilatará la suficiencia de la prueba admitida en el caso cuando dirima si el PDA-AEE es confirmable o no.

Wolfe, quien ha asesorado a la JSF desde el inicio de los casos de Título III, preparó el modelo econométrico que se empleó para determinar la demanda futura de electricidad en Puerto Rico y con esta, el cargo legado que los abonados de la AEE pagarían en su factura.

En una moción separada, Assured Guaranty, GoldenTree Asset Management, Syncora Gurantee, el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) y el fiduciario US Bank National Association reclamaron a la jueza Swain que no dé peso al trabajo de Wolfe y tampoco, al alegato de la JSF de que ha transcurrido el tiempo permitido en el proceso judicial para objetar el testimonio del economista. Ello, porque la moción –que en la jerga legal se conoce como la regla Daubert- para eliminar el testimonio de Wolfe, debió tramitarse antes de la vista de confirmación.

Según los objetores, no fue hasta el pasado 14 de marzo cuando el economista admitió en el tribunal que su modelo econométrico no es conocido ni ha sido aceptado por la comunidad macroeconómica.

En consecuencia, no invocar la regla de evidencia Daubert en el momento oportuno, no convierte el testimonio de un experto en admisible cuando no lo es, alegan los bonistas objetores.

Los objetores justificaron su reclamo en diversos precedentes judiciales, incluyendo disputas legales en Puerto Rico, que establecen que el tribunal “no puede, a sabiendas, admitir evidencia basada en una metodología poco confiable”.

Wolfe admitió en el contrainterrogatorio que el modelo de proyecciones económicas y de demanda eléctrica a largo plazo que sirvió de base al plan fiscal de la corporación pública y a su vez para el PDA-AEE, no había sido reconocido por la comunidad económica.

Sin embargo, el razonamiento de Wolfe se apoya en las circunstancias únicas de Puerto Rico y de la AEE.

Según Wolfe, el problema con Puerto Rico –y por ende, con la AEE- es que su economía no puede analizarse exactamente con otras economías. Guarda similitud con un estado de Estados Unidos, pero no lo es, tiene las características de un país, pero no es una economía soberana y ni siquiera es igual a otros territorios de Estados Unidos. Esas particularidades, según Wolfe, requieren un modelo econométrico particular, en lugar de aplicar otros modelos como el de Solow, que la JSF utilizó sus trabajos iniciales, hacia el 2017.

En cambio, los objetores exponen que, en lugar de utilizar el modelo de proyecciones de largo plazo Solow –creado por el nobel en Economía, Robert Solow-, la JSF se apegó al modelo diseñado por Wolfe, cuyas proyecciones son “absurdas”, pues -entre otras cosas- apuntan a que la economía de Puerto Rico irá tan mal en los siguientes años, que será “una isla desierta”.

La proyección macroeconómica utilizada por la JSF en el plan fiscal (de la AEE) es defectuosa, lo que hace defectuoso el análisis de asequibilidad (del PDA-AEE)”, señalaron los objetores.

Agregaron estos en su réplica a la jueza Swain, que, si las proyecciones económicas que utilizó la JSF para establecer la demanda eléctrica en Puerto Rico por los siguientes 35 años están erradas-, entonces el organismo “no puede probar que ha cumplido con su deber de evidenciar la asequibilidad del PDA-AEE” y por ende, que se hizo el máximo para que los acreedores recuperen su parte.

La disputa entre la JSF y los bonistas objetores de la AEE no se limita al despacho de la jueza Swain. En el Primer Circuito de Apelaciones pende un recurso radicaron por los bonistas objetores de la AEE, que busca demostrar que la jueza Swain se equivocó al no reconocer sus derechos como acreedores prioritarios de la corporación pública.

Fuente: El Nuevo Día

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