Para que Puerto Rico no tenga que devolver “ni un solo centavo” de la asignación federal de $8,285 millones para proyectos de mitigación (CDBG-MIT), “tenemos que ser muy ágiles en comenzar proyectos de construcción lo antes posible”.

Esto responde, según explicó el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, a que la isla tiene 12 años para utilizar el total, pero solo seis para desembolsar 50% de la asignación que mayormente irá a proyectos de envergadura que toman años.

Por ello, el titular adelantó que en agosto la agencia tendrá listos los programas de infraestructura, que cuentan con una asignación de $4,566 millones del total de $8,285 millones.

“Tienen que ser proyectos de alto impacto, enfocarnos en la pérdida repetitiva de propiedad e infraestructura. Queremos evitar que nos pase eso: que cada vez que venga un huracán se nos caiga un puente, nos quedemos sin comunicación o energía”, indicó el secretario Rodríguez sobre el objetivo último de las partidas de fondos CDBG-MIT.

Debido a la citada premura por cumplir con los plazos de mover fondos, “mientras más listo esté el proyecto, más arriba va en la determinación que hagamos en su momento”, recalcó Rodríguez.

Rodríguez, en compañía de la subsecretaria de Vivienda Shirley Birriel, proveyó la información ayer en un seminario de la Asociación de Constructores.

Los proyectos se escogerán por dos vías. La primera es por selección directa, en la que el equipo del gobernador Pedro Pierluisi “escoge según sus proyectos prioritarios”, y la segunda es por procesos de competencia, informó Rodríguez.

En el primer renglón, adelantó que ya está bajo evaluación la extensión de la carretera PR-10 de Utuado a Adjuntas, que se estima en $400 millones y “está bastante adelantado” por haber pasado por procesos que las guías federales exigen, como estimado de costo, evaluaciones ambientales y de costo-beneficio.

Sin este trabajo previo, un proyecto como este -que incluye erigir 20 puentes en un tramo montañoso de topografía complicada y varios cuerpos de agua- tomaría años en llegar a ese punto y no sería el mejor uso de la ventana de tiempo para movilizar los fondos CDBG-MIT.

A modo de contraste, la extensión de la PR-22 no está así de adelantada, aunque hay la esperanza de “trabajar una fase”, adelantó Rodríguez.

Mientras, en los proyectos que se escogerán en procesos de competencia, Rodríguez anticipó que “hay de todo”. Esto incluye construcción y mejoras sustanciales en embalses, acueductos, vías, hospitales, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos. Cada uno debe cumplir con el criterio de reducir algún riesgo actual o futuro, como inundaciones, huracanes y sismos, además de demostrar a qué población se servirá.

En ambos casos, la subsecretaria Birriel exhortó a los presentes a estar pendientes a cuando se publiquen las guías de cumplimiento de los programas este verano: “Van a ser la receta, la regla que todas las entidades deben cumplir”.

Bajo infraestructura, también habrá una partida de $628.8 millones que corresponde a la cartera de inversiones para desarrollo económico. En esta hay espacio para que organizaciones con fines de lucro sometan propuestas en las que demuestren beneficios a la población y qué amenaza reducen, expuso Birriel.

Además, hay separados $1,000 millones para proveer el pareo necesario en proyectos de infraestructura que se financien con fondos de FEMA.

Aunque los funcionarios centraron la presentación en los programas de infraestructura, explicaron que en la subvención CDBG-MIT $1,128 millones irán a iniciativas multisectoriales, $150 millones a las de planificación y $2,800 millones a programas adicionales de vivienda, que están en proceso de delineación.

Mientras esto sucede, Birriel instó a entidades públicas, privadas y del tercer sector a familiarizarse con el plan de acción publicado en el portal de fondos CDBG.

Puerto Rico está supuesto a recibir cerca de $20,000 millones en fondos CDBG, entre esta subvención de mitigación y las de recuperación de desastres (CDBG-DR), que están en proceso de desembolso.

Fuente: El Nuevo Día

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