Tras llegar a un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para implementar de forma parcial un programa de retiro incentivado para servidores públicos, el gobierno identificó a 1,146 empleados no esenciales que trabajarán hasta el 31 de marzo del próximo año y, en abril, se retirarán.

El director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis Collazo, precisó que, tras la estipulación entre el gobierno y la JSF para dar paso a parte de la Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos (Ley 80 de 2020), esas plazas quedarán congeladas.

“Esos puestos no se pueden volver a llenar. Esos puestos quedan eliminados permanentemente, contrario a otras ventanas de retiro. El puesto de empleado no esencial es aquel puesto que se puede eliminar y que su eliminación no va a afectar la prestación de servicios a la ciudadanía”, explicó Collazo.

El 15 de septiembre, la JSF y el gobierno presentaron la estipulación parcial para implementar la Ley 80 de 2020 que, a petición del ente fiscal, fue anulada en mayo de 2022. La JSF argumentó, en ese momento, que la legislación aumentaba “sustancialmente los costos” sobre los mermados sistemas de retiro del gobierno “sin que haya ninguna solución sobre cómo pagarlos”.

Con el acuerdo, se podrían beneficiar unos 2,000 funcionarios, había estimado el gobernador Pedro Pierluisi en septiembre. Collazo detalló que las agencias y corporaciones públicas se dieron a la tarea de identificar los empleados no esenciales que pudiesen beneficiarse de la Ley 80. Inicialmente, identificaron 1,240 empleados.

“Pero, al final del día, solamente van a participar 1,146. Esa diferencia de 94 funcionarios surge del mismo proceso de implementación”, indicó el director ejecutivo.

De esos 94 empleados, expuso Collazo, algunos renunciaron, otros se jubilaron ya, y el resto desistió de acogerse al beneficio que ofrece la Ley 80 de 2020.

A partir del 15 de abril de 2024, el gobierno pagará a estos empleados cobijados por la Ley 80 una pensión equivalente al 50% de su salario. No recibirán un incentivo adicional y los beneficiados no tenían que cumplir con un mínimo de años de servicio o edad para acogerse al programa, solo debían ser clasificados por las respectivas agencias como empleados cuyas funciones no son esenciales, precisó Collazo.

Estimó en más de de $70 millones el ahorro que tendrá el gobierno con la implementación de la Ley 80 para los 1,146 empleados.

“Ahora, lo que procede, según la estipulación, es discutir esta información con la JSF para llegar a un acuerdo con los ahorros. El gobierno tiene unos ahorros estimados, pero no son finales porque están sujetos a discutirlos con la Junta, y no sabemos si la Junta va a querer utilizar algún otro vehículo o método para calcular el ahorro”, sostuvo Collazo.

¿Quiénes se jubilarán?

Entre los empleados que se acogerán a este programa de retiro incentivado y cuyas plazas se estarían eliminando, hay agentes compradores, analistas de administración, oficinistas, recaudadores, técnicos en seguros, conductores, contadores, electricistas, hojalateros, marinos de muelle y auxiliares de agrimensura.

“En el análisis de la autoridad nominadora, no se tomaron los años de servicio (como barómetro para determinar si es un empleado no esencial), sino el puesto a eliminar sin afectar los servicios”, enfatizó el director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno.

En promedio, los empleados a retirarse tienen19.75 años de servicio en el gobierno y la edad promedio es de 57 años, de acuerdo con información provista por la Administración de Retiro.

Los 1,146 empleados provienen de 51 agencias, como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Comisión de Servicio Público, Departamento de Salud, Oficina para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno, Oficina del Contralor, Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y Oficina del Procurador del Ciudadano, entre otras.

Los jefes de algunas de estas dependencias de gobierno, como la CEE, la Oficina del Contralor y la OEG, han denunciado públicamente que necesitan más empleados.

El acuerdo entre el gobierno y la JSF para la implementación de la Ley 80 de 2020, sometido ante el Tribunal Federal, establece que las agencias e instrumentalidades gubernamentales deben certificar que eliminar de manera permanente los puestos propuestos de los empleados elegibles para el retiro temprano no impactará adversamente la capacidad del gobierno de brindar servicios esenciales.

Cuestionado si el gobierno podría necesitar, en el futuro, alguno de los puestos que está eliminando, Collazo respondió que “cualquier necesidad futura, o que pueda surgir, será tema de discusión con la JSF”.

“Pero eso sería a manera de excepción, porque la Junta ha sido bien clara que, como único se da este programa de ahorros, es eliminando permanentemente esas posiciones. Para eso, los patronos tuvieron tres oportunidades para revisar los listados (de plazas a eliminar)”, declaró.

Añadió que, actualmente, redactan procedimientos para fiscalizar la Ley 80 y “están bastante adelantados”.

Fuente: El Nuevo Día

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