La jueza federal Laura Taylor Swain accedió a escuchar el reclamo de Assured Guaranty Corp. y otros grupos de acreedores no asegurados y bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se oponen a la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), para que se reabra el récord del pleito de la quiebra.

Sin embargo, la magistrada advirtió a los reclamantes que “la corte considerará asuntos tales como la necesidad del deudor (AEE) de tener suficientes fondos para la continuación y mejoramiento de las operaciones y sus limitaciones prácticas a la hora de aumentar las tarifas”.

En su orden, Swain concurrió con el planteamiento de los bonistas con relación a que es necesario evaluar si el nuevo pronóstico de la demanda energética presentado por LUMA Energy el pasado 1 de abril con relación al Plan Integrado de Recursos (IRP, en inglés) debe ser considerado a la hora de determinar si el plan de ajuste propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) cumple con el requisito de ser “justo y equitativo”.

La corte dio a la junta y otras partes involucradas en el proceso de confirmación bajo el Título III de la Ley Promesa hasta el 10 de mayo para responder al pedido de los bonistas de reabrir el récord para que se puede añadir tanto el informe de LUMA Energy como una declaración y el testimonio suplementario de sus expertos enfocado únicamente en estos datos.

De igual manera, Swain les otorgó un plazo adicional de cuatro días a Assured Guaranty Corp. y el resto de los solicitantes para ripostar las respuestas y argumentos presentados con relación a su solicitud.

Entretanto, la jueza federal subrayó que, al momento, la corte no ha sido persuadida de que el argumento de que los acreedores tienen derecho a “todo lo que razonablemente esperan recibir bajo las circunstancias” sirve de base para que se ordene llegar al máximo de las tasas de ingreso de la corporación pública -recaudado a través de tarifas por el servicio-para beneficio de los acreedores.

De igual forma, la togada recalcó que el requisito de “justo y equitativo” no está regido por la regla de prioridad absoluta hacia el repago de bonistas y acreedores.

Bonistas reiteran que AEE puede pagar más

Por otro lado, los grupos opositores a la aprobación del PAD recordaron en su pedido a la corte que la interrogante de hasta dónde puede incrementar sus tarifas la corporación pública para recaudar dinero para abonar a su deuda fue uno de los asuntos más debatidos durante la vista de confirmación que se llevó a cabo a lo largo del mes de marzo.

“La junta fiscal argumentó en repetidas ocasiones, y sus expertos testificaron, que la AEE está pagando todo lo que puede y que siempre han buscado maximizar la recuperación de acreedores. Sin embargo, nuevos desarrollos desmienten estos reclamos”, plantearon los opositores.

Según estos grupos, las proyecciones de demanda de energía eléctrica presentadas por LUMA demuestran que será posible pagar más de los cerca de $2,500 millones que el PAD establece como la cantidad a saldar a bonistas y acreedores.

“Los bonistas de la AEE solicitaron a la junta fiscal ajustar el plan para que se tome en cuenta esta nueva información crítica, pero la junta no solo se rehusó a hacerlo, sino que ni tan siquiera consintieron a la solicitud de suplementar el récord de manera que se refleje esta actualización en las proyecciones”, estableció el licenciado Howard R. Hawkins, hijo, a nombre de Assured Guaranty.

En ese sentido, los bonistas indicaron que al integrar los números de LUMA al modelo propuesto por la junta fiscal para la imposición de un “cargo heredado” durante 35 años para recaudar el dinero destinado al pago de la deuda, representaría un incremento de $1,500 millones más que lo contemplado en recaudos dentro del PAD.

Este cálculo propuesto por los bonistas no toma en cuenta otros cambios o ajustes en el cómputo de los ingresos de la corporación y se circunscribe al pronóstico de carga neta de la AEE, aplicando solo algunas reducciones planteadas por Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) durante la vista de confirmación, según fue especificado por los bonistas.

Fuente: El Vocero