Ante la amenaza de una reducción de $800 millones a las primas de Medicare Advantage en Puerto Rico, líderes del sector público y privado unen fuerzas en Washington para evitar el recorte y el efecto nocivo que tendría entre los puertorriqueños.

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, no descartó la posibilidad de que, en efecto, haya una reducción en las primas de Medicare Advantage aunque menor, al ser parte del recorte de todos los programas en Estados Unidos. Sin embargo, insistió que la reducción como está estipulada resultaría “catastrófica” para el País.

“Yo pensaría que sí (habría una reducción), pero tienen que entender que Puerto Rico es distinto, debido a que es la jurisdicción con más beneficiarios del programa”, indicó Mellado. En Puerto Rico, más del 80% de los pacientes están asegurados bajo plan Advantage.

No obstante, aunque los recortes no serán únicamente a Puerto Rico, hay una marcada disparidad entre lo que se pretende recortar en el resto de los estados que, promedian entre un 3% y 4%, versus el 12% que se le recortaría a la Isla, confirmó el titular de Salud.

De no concretarse un acuerdo, Mellado advirtió: “Yo no veo una forma de prepararnos, Puerto Rico no tiene el dinero, sería bien difícil para los puertorriqueños, tendríamos recortes en servicios de medicamentos, pudiéramos tener recortes en las tarifas de los hospitales, a los médicos, sería catastrófico. Por más que piense en ese escenario no tenemos forma de poder subsanarlo”.

Quedan nueve días para que finalice el plazo de comentarios, por lo que el secretario se encuentra desde Washington buscando frenar la reducción, teniendo reuniones con el Departamento de Salud federal; la directora adjunta para Puerto Rico y los Territorios en la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, Gretchen Sierra Zorita; y múltiples congresistas.

Asimismo, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, insistió que esta decisión administrativa fue sorpresiva y que tendría un mayor efecto contra miles de pacientes con enfermedades crónicas.

“Nosotros le resaltamos que esta cubierta en Puerto Rico atiende a casi 700,000 pacientes, eso no es un número que uno no pueda pasar desapercibido, y que las condiciones prevalentes en la Isla de diabetes y enfermedades crónicas del corazón hace esa población mucho más vulnerable, y esa sería la población que se afectaría”, indicó González a EL VOCERO.

Además, la comisionada anunció que estará radicando en las próximas semanas dos medidas bipartitas ante el nuevo Congreso, una para atajar la situación de Medicare Advantage y otra para atender el trato con los pacientes duales en la Isla.

Ante todo el movimiento de los sectores en Washington, González entiende que “añadirán presión” al secretario de Salud federal, para que se evalúen los comentarios de Puerto Rico y se hagan cambios a los recortes.

Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, envió este martes una carta al secretario del Departamento de Salud federal, Xavier Becerra, donde solicitó que se evalúe el impacto que tendrá esta reducción establecida para el año contractual 2024 y que se considere el Modelo de Puntuación de Riesgos en la Isla.

Otros que están cabildeando desde la capital federal son los miembros de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), quienes desde el pasado año 2022 han abogado para que se mantengan los fondos Medicaid.

Sin embargo, Cameron McKenzie, presidente de la CCPR, insistió en que ahora toca defender los fondos de Medicare Advantage, porque “hay una probabilidad altísima de que esto (la reducción) pase”, advirtió.

“Es una preocupación grande que tiene todo el sistema de salud, inclusive, tenemos representantes de la Cámara y distintos individuos del gremio ya en Washington, cabildeando para ver de qué manera se puede mitigar este golpe o que nos mantengamos como estamos”, expresó McKenzie.

Una reducción de tal magnitud, “casi $1,000 millones”, además de encarecer los costos de los servicios de salud en Puerto Rico, agudizará el éxodo de profesionales de la salud, reafirmó el presidente de la CCPR. A lo que añadió, que esta disminución representa “un shock para todos”, provocando un detrimento en la economía puertorriqueña.

Entretanto, el recién designado director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), Luis Dávila Pernas, destacó que es parte de una revisión anual que realizan los Centros para Medicaid y Medicare (CMS, en inglés) y que todavía no es algo concreto.

“Ellos están ahora en el proceso de recoger comentarios y eventualmente publicar la versión final del reglamento, que esperamos que sea la primera semana de abril”, informó Dávila Pernas.

Además, destacó que cuando el gobierno federal emitió la notificación preliminar no tomó en cuenta el impacto que tendría en Puerto Rico, por lo que en las conversaciones que ha tenido el gobierno local con el federal, este último se ha mostrado receptivo a los comentarios.

“Quizás podrían posponer la aplicación de esos cambios en cuanto a Puerto Rico, en la medida en que ellos entiendan que resultaría en la pérdida de fondos, como se ha dicho”, dijo el funcionario.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Carlos Díaz, recomendó que mientras no se logren los acuerdos hay que prepararse para el recorte presupuestario de $800 millones.

“En este momento hay que trabajar dentro del peor escenario, no podemos pensar que no va a pasar. Esto nos cogió de sorpresa la semana pasada y esto es una medida que hay que trabajarla con mucha fuerza todos los sectores del País”, indicó Díaz, quien a su vez catalogó esta reducción como un discrimen de parte del congreso.

Según información publicada en EL VOCERO por Roberto Pando Cintrón, presidente de la Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage (Mmapa), una de cada cinco personas en Puerto Rico es beneficiaria de Medicare Advantage, sumando un total de 640,000 personas.

Aun cuando Puerto Rico es la jurisdicción con más beneficiarios en Estados Unidos, recibe 41% menos de los fondos, al compararse con el promedio que reciben otros de Medicare a nivel nacional.

En tanto, según el presidente del Colegio de Médicos, de concretarse el recorte, las aseguradoras deben ajustar sus presupuestos de manera interna, sin afectar primeramente el pago a los proveedores de salud.

“Si es inminente este corte al Medicare, las aseguradoras van a tener que responder también cortándose todos esos beneficios y los gastos innecesarios que no son para la salud”, señaló Díaz.

Sobre estas declaraciones, Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese), aseguró que se trataría del recorte de fondos más grande en toda su historia, por lo que las aseguradoras quedarían sin “funding”, lo que las obligaría a reducir beneficios a este sector o a recortar las tarifas a los proveedores, lo que tampoco es favorable.

“Quedaríamos en una posición bien débil, sin recursos para poder atender las necesidades de esa población que es mucho mayor que en cualquier estado”, afirmó.

En torno a la posibilidad de que la determinación pueda ser retractada, Pernas entiende que “no es imposible, porque no se trata de una orden presidencial que requiera enmienda en el Congreso, sino una orden administrativa que se puede solucionar más fácilmente”, acotó la ejecutiva.

Fuente: El Vocero

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