En momentos en que urge atender la crisis de falta de viviendas, el Departamento de la Vivienda lleva a cabo un programa cuya meta es identificar unas 50,000 propiedades vacías que podrían ser reutilizadas para ese fin, mientras algunos alcaldes aseguran que ese paso está adelantado, ya que cuentan con un inventario de inmuebles abandonados.

El secretario de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, dijo que el análisis se hace junto con el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), organización sin fines de lucro enfocada en transformar propiedades abandonadas y deterioradas en proyectos de desarrollo comunitario.

“Cualquier entidad puede hacer ese análisis, como lo hacen algunas otras organizaciones. Pero sabemos que eso conlleva un costo significativo, así que nosotros estamos colaborando con los municipios para poder adelantarles ese trabajo”, indicó Rodríguez Rodríguez sobre el porqué la agencia realiza la gestión que generalmente ejecutan los municipios.

“Todos nuestros fondos están buscando atender particularmente las distintas necesidades de la vivienda (…) Estos fondos los estamos atendiendo por el tema de las propiedades vacantes, pero también estamos desarrollando viviendas nuevas”, indicó.

El secretario informó que la iniciativa, que inició en marzo de 2023 y que culminaría en marzo de 2025, cuenta con un presupuesto de poco más de $11 millones en fondos CDBG-DR y que se han identificado unas 25,000 propiedades vacantes.

Asimismo, detalló que la agencia actualmente trabaja en unos 16 proyectos de vivienda asequible, 10 de los cuales ya están en etapa de construcción.

“Al final del día, cuando recopilamos toda la data, esa data es entregada a cada uno de los municipios (…) Les corresponde a los municipios la toma de decisiones sobre si va a comenzar el proceso de adquisición de la propiedad mediante el proceso de estorbo público, según definido por el Código Municipal, o si va a hacer cualquier otra gestión”, añadió.

Aunque Rodríguez Rodríguez informó que los datos no se les han entregado a los municipios, explicó que, “una vez ellos adquieren esa propiedad a través de cualquiera de los mecanismos”, la administración municipal también tendría la alternativa de traspasar los inmuebles abandonados a Vivienda, para que la agencia los repare y los utilice en alguno de sus programas.

Adelantados los municipios

Alcaldes entrevistados por EL VOCERO indicaron que tienen un inventario de inmuebles abandonados, y recalcaron que el proceso de análisis que realiza Vivienda es una ayuda para aquellos municipios con menos recursos.

“Esto es un proceso costoso. Por lo menos en el municipio nosotros tenemos un programa robusto de identificación y de notificación, pero podría ser que haya municipios que no tengan eso”, indicó el vicealcalde de San Juan, Israel Alicea Luciano.

De acuerdo con Alicea Luciano, la administración capitalina se encargó de actualizar la ordenanza municipal en 2021 para mantener activo el programa de identificación de estos espacios, por lo que no tendrían que esperar por el análisis de Vivienda para acelerar los esfuerzos de buscar opciones de vivienda asequible.

“Nosotros no estamos esperando por ese ejercicio. Tenemos un programa que está corriendo. Ya tenemos identificadas propiedades que estamos en el proceso de notificación y declaración. Si el dueño no aparece y se declarara (estorbo público), nosotros tenemos fondos federales para reparar esas propiedades y meterlas en programas de vivienda asequible”, explicó.

“Tenemos otras propiedades que han sido declaradas (estorbo público) y las han comprado personas o entidades para propósito de estacionamientos, porque sabemos que en algunas áreas de San Juan tienes comercios que están utilizando las aceras o la misma calle para propósito de estacionarse”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, informó que previo a que el CRH colaborara con Vivienda, el municipio ya había trabajado con la organización para identificar estorbos públicos en algunos sectores del municipio, con el propósito de buscar más opciones de vivienda.

“La primera opción va a ser esa (vivienda). Si en esa primera opción no llega alguien que le interese, estaríamos evaluando otras opciones. Pero definitivamente, vamos a empujar para que sea una vivienda para una persona que no tiene vivienda”, indicó el también presidente de la Junta de Directores del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Aunque Colón Berlingeri indicó que se identificaron cerca de 300 estorbos públicos en Orocovis, dijo que actualmente solo quedan unos 80, porque los dueños de algunas de estas propiedades han reclamado los espacios para “ponerlos al día”.

Buscar alternativas más ligeras

Mientras, el director de la Oficina de Permisos de Caguas, el ingeniero Jaime Plaza, recordó que la identificación de un estorbo público no significa que la propiedad está disponible para su uso inmediato, sino que hay que seguir los procesos establecidos en el Código Municipal.

“Todas estas propiedades les asiste un derecho privado, son propiedades privadas. Por ley, se requiere seguir un proceso (…) y hay que garantizarle unos derechos a un titular que en realidad no ha aparecido”, señaló.

De acuerdo con el Código Municipal, “los municipios podrán adquirir por cualquier medio legal, incluyendo expropiación forzosa, los bienes y derechos o acciones sobre estos que sean necesarios, útiles o convenientes para su operación y funcionamiento o para el adecuado ejercicio de las funciones de su competencia y jurisdicción”.

No obstante, Plaza también manifestó que el norte de estos programas debe ser “hacer asequible la vivienda, en una época como la de hoy día, donde la disponibilidad de vivienda no es amplia”.

Mientras, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, sostuvo que se deben considerar otras alternativas para acelerar la entrega de vivienda a los ciudadanos que la necesitan.

“Lo que está haciendo Vivienda es loable, pero en muchos municipios ya ese trabajo está hecho”, expresó.

“En estos momentos, yo tengo muchos problemas de personas que ya tienen ‘voucher’ aprobado por Vivienda de CDBG-DR, pero que no consiguen propiedades. En Puerto Rico hay una crisis grande de acceso a vivienda. Aquí hay personas que tienen la capacidad adquisitiva de comprar, pero ahora mismo el inventario de propiedades disponible es casi inexistente”, manifestó el también presidente de la Asociación de Alcaldes.

“Lo que sugiero es que, si el Departamento de Vivienda ya tiene un inventario de propiedades de gente con ‘vouchers’ para comprar propiedades, que entonces ya les pida a los municipios un listado de las propiedades que ya ha levantado y adelantemos ese proceso”, añadió.

De acuerdo con Hernández Ortiz, en el municipio de Villalba se han identificado sobre 100 propiedades vacías, algunas de las cuales podrían servir como viviendas unifamiliares.

Fuente: El Vocero

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