Aseguran limitaciones de pago se deben a fallas operativas y de facturación de la empresa, no del gobierno
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) presentó ayer una moción ante la jueza federal Laura Taylor Swain para puntualizar que el gobierno de Puerto Rico no le debe dinero al consorcio LUMA Energy.
En el escrito, la dependencia aclaró información que proveyó previamente a la corte como parte de una objeción a la reclamación por gastos administrativos presentada a bonistas y acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en la que informó que “debido a restricciones de liquidez financiera, la AEE no fue capaz de satisfacer por completo una solicitud de financiación de una cuenta de servicio de $726 millones presentada por LUMA y Genera PR y solo les proveyó $264 millones de la cantidad requerida”.
“El gobierno no ha reconocido en ningún momento la existencia de una ‘deuda’ con LUMA. La moción (en objeción) no incluye dicha admisión y simplemente establece que durante el ciclo de financiación de la cuenta de servicio de abril del 2025 la AEE fue incapaz de costear por completo la solicitud de $726 millones de LUMA y Genera para sus cuentas de servicio”, sostuvo Aafaf.
En ese sentido, la dependencia destacó que la única fuente de financiación de la corporación pública proviene de la recolección de ingresos por parte de LUMA Energy -por la venta de electricidad a los clientes de la red eléctrica de Puerto Rico- y el reembolso de proyectos financiados con fondos federales.
“La inhabilidad de la AEE de financiar la cantidad total solicitada (por los operadores de los componentes de la red) es el resultado directo del incumplimiento de LUMA con sus obligaciones contractuales, debido particularmente a sus prácticas inefectivas de facturación y cobro, retrasos al solicitar reembolsos federales y su mal manejo de flujo de efectivo operacional”, continuó.
Aafaf recalcó que fueron las fallas por parte de LUMA, y no del gobierno o la AEE, lo que provocó las limitaciones de liquidez financiera a la que se hizo referencia en la oposición presentada como parte del caso de la bancarrota de la corporación pública bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).
“El propósito de esta moción es asegurar que todas las partes -incluyendo la corte, la Junta de Control Fiscal, las agencias federales y el pueblo de Puerto Rico- estén completamente informados sobre las circunstancias factuales y contractuales que enmarcan la actual posición de liquidez de la AEE. La transparencia es esencial para mantener la confianza en los procesos del Título III (de la Ley Promesa) y la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico”, destacó Aafaf.
FUENTE: El Vocero
