La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) indicó que para consumar el acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se necesita legislación y que trabaja en un documento a esos fines, pero la agencia destacó que, a la fecha, se trata de “documentos de trabajo que están sujetos a cambios”.

En un parte de prensa, la Aafaf indicó que una vez la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pactó con los bonistas organizados de la AEE, en mayo pasado, el gobierno ha realizado diversas gestiones para implementar el acuerdo, incluyendo la preparación de documentos de trabajo para “un posible proyecto de ley” y otros documentos que recogen los términos y las condiciones incluidas en el RSA.

“Es importante mencionar que en estos momentos no se ha presentado ningún proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, por lo que todos los documentos de trabajo están sujetos a cambios”, estableció la Aafaf.

Las declaraciones de la agencia responsable de implementar los planes fiscales certificados por la JSF en el contexto de la ley federal Promesa, surgieron este sábado, luego de que El Nuevo Día revelara dos borradores de ley -uno en español e inglés y otro en inglés- con lenguajes bastante similares acerca de la “Ley para la Implantación del Plan de Ajuste de la AEE”.

Según fuentes de este diario, ambos documentos son el punto de partida para el proyecto de ley que la administración de Wanda Vázquez Garced enviaría a la Legislatura la semana próxima.

La redacción del proyecto de ley ha estado en manos de O’Melveny y Myers (OMM), pero según varios correos electrónicos examinados por El Nuevo Día, los acreedores de la AEE y las aseguradoras municipales han participado de su redacción.

Los documentos se identifican como “confidenciales” y uno de ellos está identificado con una numeración y las siglas OMM, presumiblemente en referencia al bufete que asiste al gobierno en el proceso de reestructuración.

Según los correos electrónicos examinados por El Nuevo Día, el borrador del proyecto de ley para viabilizar el RSA ha sido discutido con abogados de las firmas Kramer Levin, Cadwalader, Weil Gotshal & Manges y Debevoise, entre otras. Estas firmas representan a los bonistas de la AEE y las aseguradoras Assured Guaranty, National Public Finance Guarantee y Syncora Guaranty, respectivamente, al igual que a ejecutivos de Citi y abogados de Proskauer, el asesor financiero y el asesor legal principal de la JSF.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anticipó ayer que no darán paso a ningún proyecto de ley que resulte en un aumento en la factura de electricidad.

¿Por qué los abogados de los bonistas y las aseguradoras municipales participan en la redacción de este documento?

“Como es de conocimiento general, los bonistas y las aseguradoras municipales son signatarios del RSA, que representan el 94% de los bonistas de la AEE. Como parte del proceso de elaborar un borrador de proyecto de ley que implemente dicho RSA, se consulta a las partes involucradas, incluyendo a los bonistas y JSF. Al igual que en otras restructuraciones como la de (Corporación del Fondo de Interés Apremiante) Cofina, tanto los bonistas como las aseguradoras municipales han participado del proceso”, estableció la Aafaf en declaraciones escritas.

La Aafaf explicó que toca a esa agencia implementar la renegociación de la deuda pública y a esos efectos, su principal asesor legal externo -OMM- trabaja la legislación. En el proyecto de ley también interviene Ankura Consulting, asesor financiero de la Aafaf, y King & Spalding, firma que asesora a la AEE en temas regulatorios, entre otros.

Según la Aafaf, aparte de Cofina, en el acuerdo del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo el Título VI de Promesa también se aprobaron iguales exenciones. Los borradores también establecen que la corporación que gestione la deuda renegociada de la AEE no podrá invocar nunca más el Título III de Promesa.

Según el gobierno y la JSF, el RSA de la AEE pactado el verano pasado es más beneficioso a Puerto Rico que el acuerdo que se suscribió en el 2015 bajo la dirección de la oficial de reestructuración y ejecutiva de Alix Partners, Lisa Donahue.

¿Qué dicen los borradores?

Entre otras cosas, los borradores del proyecto de ley establecen que la deuda renegociada de la AEE se maneje desde una corporación separada que estará exenta de cumplir con múltiples leyes estatales, incluyendo la Ley de Ética Gubernamental y aquella dirigida a uniformar los procesos de contratación en el gobierno.

Entre otras cosas, los borradores de lo que sería la ley para implementar el plan de ajuste para la AEE establecen que ningún abonado de la AEE podrá evadir del cargo de transición y que los clientes que tengan sistemas de generación propia, estarán obligados a instalar un contador que estos pagarán, para que la corporación pueda calcular el cargo que estos pagarán.

Tal y como anticipó este diario el año pasado, la legislación impondría el Cargo por Transición para pagar a los bonistas, pero también establecería tres cargos adicionales: uno por subsidios (lo que permitiría que la AEE cobre tarifas más bajas a abonados de bajos ingresos; un cargo para cubrir la deficiencia actuarial del plan de pensiones de la AEE y otro cargo de financiamiento.

A preguntas de El Nuevo Día sobre el cargo para el pago de las pensiones, la Aafaf sostuvo que los borradores son documentos de trabajo y que podrían tener cambios.

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