El gobierno confirmó que ha estado activo en el proceso de negociación de la deuda pública de la isla y que encabeza la jueza federal de distrito, Bárbara J. Houser, pero no ofreció indicación alguna del curso de las negociaciones o si estas resultarán en un acuerdo con los acreedores sentados a la mesa.

Faltando alrededor de dos semanas para que venza el plazo impuesto por la jueza Laura Taylor Swain para conseguir un acuerdo con bonistas y otros acreedores, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) confirmó en declaraciones escritas que su director ejecutivo, Omar J. Marrero, ha sido parte de las conversaciones que lleva a cabo el Equipo de Mediación nombrado hace casi cuatro años por la jueza que preside los Casos de Título III de la isla.

Mientras, en una declaración separada y divulgada el pasado viernes, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aseguró que las negociaciones con los acreedores “continúan” y que espera lograr “un pacto consensual” con el mayor número de acreedores que sea posible.

“El gobierno de Puerto Rico ha participado activamente en el proceso de mediación. Sin embargo, no podemos entrar en detalles adicionales, pues lo que se discute en estos procesos de mediación es confidencial por órdenes de la jueza (Swain)”, señaló la Aafaf a preguntas de El Nuevo Día.

“Finiquitar la bancarrota es un paso crítico hacia la restauración del crecimiento económico y prosperidad de Puerto Rico, cumpliendo con el mandato de Promesa y terminando con la (JSF)”, señaló por su parte el organismo fiscal.

En una entrevista a Marrero, este diario reportó que las negociaciones se reanudaron el pasado 2 de diciembre. Como parte de dicho proceso, según documentos en corte y divulgaciones al mercado, los representantes legales y asesores financieros de la Junta de Supersivión Fiscal (JSF) y aquellos de grupos de acreedores como la Coalición de Deuda Legítima (CDL), el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Deuda Constitucional y el Grupo Ad Hoc de Bonistas de Obligaciones Generales al igual que aseguradoras municipales, entre otros, se han mantenido en conversaciones.

El año pasado, en su última reunión pública, la JSF acordó reanudar las negociaciones con los bonistas para buscar un recorte mayor al negociado hace un año.

Como parte del proceso de negociación y bajo el manto de confidencialidad que supone la mediación, la JSF se habría reunido con sindicatos que agrupan a empleados públicos, el Comité Oficial de Retirados (COR), el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés). Según documentos en el tribunal, las reuniones tendrían “el objetivo de establecer un marco de trabajo y un calendario para el desarrollo de una reestructuración de deuda consensual”.

Empero, el gobierno ni las diversas fuentes consultadas por este diario ofrecieron detalles de las ofertas que han intercambiado las partes. Tampoco hicieron expresiones en torno a la posibilidad de que se produzca un acuerdo.

Las fuentes coincidieron en que ha habido múltiples reuniones y en “la intensidad” de los procesos en curso, una referencia que también surge de un informe del oficial examinador de honorarios de los casos de Título III, Brady C. Williamson, radicado la semana pasada.

El año pasado, luego de su designación a la JSF, el cabildero y estratega de comunicaciones, Justin Peterson, abogó porque oficiales del gobierno fueran parte de las negociaciones, una dinámica que ya se llevaba a cabo en ciertas ocasiones, según fuentes de este diario.

Houser sienta la pauta

De acuerdo con un informe de la JSF y como sucedió en otros procesos como la reestructuración de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), ha sido la jueza Houser, actual presidenta del Instituto Americano de Bancarrota (ABI), quien ha decidido qué partes se reúnen, cuándo y los temas a discutirse.

Algunos directivos de la JSF y oficiales del organismo fiscal también han participado del proceso, pudo confirmar este diario.

“Independientemente del resultado de tales discusiones, la (JSF) radicará ante la corte, sea una hoja de términos detallando las condiciones de una reestructuración propuesta o, preferiblemente, un plan de ajuste enmendado y la correspondiente declaración informativa en o antes del 10 de febrero de 2021”, informó la JSF a Swain.

Fuente: El Nuevo Día

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