Blanco describió como una ventaja que no exista una disputa por el monto global del presupuesto, que será de $13,062 millones
Pese a las objeciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al presupuesto recomendado por el Ejecutivo para el año fiscal que se inicia el 1 de julio, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, aseguró que la disponibilidad de fondos para las iniciativas promovidas en el documento no está en juego, toda vez que las partidas denegadas preliminarmente pasan a las reservas custodiadas por el gobierno.
La OGP debe someter hoy la versión revisada del documento, a raíz de las “violaciones” identificadas por el organismo que controla las finanzas públicas en una carta divulgada la semana pasada.
Según Blanco, al incluir las partidas denegadas para las operaciones de entidades como la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y los municipios, así como la implantación de programas como la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (Idear) y el Plan de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia, el presupuesto en desarrollo mantiene unos $292 millones “disponibles”.
“La línea de ‘reserve for budgetary considerations’ (reserva para consideraciones presupuestarias) está aproximadamente en $116 millones y la de ‘reserve for fiscal plan initiatives’ (reserva para iniciativas incluidas en el plan fiscal), en $176 millones. (Son) casi $300 millones”, comentó el jefe de OGP, al puntualizar que la revisión no supondrá “una competencia por fondos”.
Dentro de esos renglones, figuran asignaciones rechazadas preliminarmente, como los $102 millones que se solicitaron para la UPR por encima de la aportación base de $500 millones, otros $9.2 millones que no se autorizaron a la CEE, $21 millones para Idear y $20 millones para el plan que tiene como objetivo reducir los niveles de violencia. Ahí, también se encuentran $80 millones que el gobierno había pedido para cubrir la aportación que hacen los municipios al
Plan Vital, un asunto en controversia desde 2019.
“Nosotros no estamos en aras de litigio y de complicar la cosa”, declaró Blanco en torno a la controversia por la aportación municipal al plan de salud gubernamental. “Nuestra meta es continuar apoyando a los municipios y, siendo práctico, tenemos que buscar alternativas que hagan llegar los recursos a los municipios lo más rápido posible, de la manera más eficiente. Estamos mirando otras alternativas. Hemos asegurado algunos fondos, pero reconocemos que tenemos que seguir trabajando de manera creativa para sostener ese apoyo”, sentenció.
Fuente: El Nuevo Día
