El inicio de la segunda semana de la vista de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante la jueza federal Laura Taylor Swain estará enmarcado en los testimonios de los peritos de las partes que se oponen al acuerdo propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF).

En representación de los grupos ambientales que rechazan el plan, incluyendo el Comité Diálogo Ambiental, la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, el Sierra Club Puerto Rico y la Coalición de Organizaciones Anti Incineración, testificará el profesor universitario Agustín Irizarry Rivera.

Como parte del proceso de quiebra, Irizarry Rivera prestó una declaración que será utilizada como testimonio y en la cual indicó que el análisis de sostenibilidad del plan es defectuoso, debido a que no se tomaron en cuenta datos sobre el ritmo de adopción de fuentes renovables, al tiempo que se sobreestimó las ventas futuras de electricidad de la corporación pública.

“El 29 de enero de 2024, LUMA Energy sometió información actualizada que muestra que la red eléctrica de Puerto Rico tiene 110,496 sistemas de techos solares, que comprenden 765.13 megavatios, y 86,640 unidades de mantenimiento, que comprende 1,608 megavatios/hora. Debido a la ignorancia de estos datos, el PAD propuesto se basa en presunciones erróneas del ritmo actual de adopción de generación renovable distribuida, específicamente sistemas fotovoltaicos de energía solar en techos y sistemas de almacenamientos (baterías)”, advirtió el profesor de los departamentos de ingeniería eléctrica y de computadoras del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Asimismo, el investigador y autor de sobre 50 publicaciones señaló que los sobreestimados de las ventas de electricidad provista por la red provoca incertidumbre sobre la capacidad de recaudar la totalidad del dinero que se adeuda a bonistas y otros acreedores que se pretende pagar durante 35 años a través del PAD.

Objeciones

Sin embargo, los grupos de acreedores no asegurados representados por GoldenTree Asset Management, Syncora Guarantee Inc, Assured Guaranty Corp; el nuevo grupo de bonistas Ad Hoc y la U.S. Bank National Association -que también se opone a la confirmación del plan- objetaron varias de las declaraciones del testigo al plantear que se trata de información obtenida de terceros (hearsay, en inglés) o argumentos legales impropios.

Una de estas afirmaciones objetadas establece que “los bonistas están experimentando un cambio tecnológico que no previeron: mejoras significativas en el costo, disponibilidad y confiabilidad de sistemas de techos solares y almacenamiento. La falla en prevenir esto al momento de invertir no provoca que la garantía de los bonos cambie pese a que la reclamación esté asegurada o no”.

La representación legal de los grupos ambientales, liderada por William Santiago Sastre, recordó que esto es la opinión de un experto.

En otra manifestación objetada por los grupos de acreedores, Irizarry Rivera señala que “los bonistas compraron estos bonos asumiendo que los abonados cautivos serían forzados a continuar comprando electricidad a la AEE”.

El profesor universitario también criticó el que el cargo heredado que la junta fiscal propone agregar a la tarifa eléctrica para el pago de la deuda de la corporación pública fue diseñado como un gravamen a la energía solar producida en residencias que se mantengan conectadas a la red, penalizando así la medición neta.

“La política pública de un cambio a fuentes renovables podría ser afectada por este impuesto”, añadió. Recalcó que esto impediría que Puerto Rico alcance la independencia energética.

Sostuvo que, contrario a lo que supone el PAD, una salida significativa de la red de la AEE podría resultar de la implementación del cargo heredado, lo que inutilizaría el plan.

Plan no es factible

Una vez las partes concluyan con el contrainterrogatorio y redirecto a Irizarry Rivera, se sentará en el banquillo en representación del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) el economista y exprofesor del recinto de Río Piedras de la UPR, el doctor Ramón de Jesús Cao García, quien concluyó que el PAD no es factible.

Entre los motivos por los cuales el economista se opone a la confirmación figuran la falta de estimados de la demanda energética en la Isla, la elasticidad del precio estimado bajo proyecciones irrazonables y el hecho que no se tomó en cuenta el impacto -a nivel micro y macroeconómico- de la imposición del cargo heredado en un aumento en el precio de bienes y servicios.

El ICSE informó a la jueza Swain que, luego de conversar con otras partes que forman parte del proceso de quiebra, se optó por retirar el reporte de otro de sus peritos, el doctor Eric Ackerman, por lo que el experto no testificará en corte.

Las declaraciones ofrecidas por el expresidente del Senado Eduardo Bhatia y el exlegislador Ramón Luis Nieves serán admitidas como evidencia y ninguno será contrainterrogado, por lo que tampoco comparecerán al tribunal federal de Hato Rey, donde se realizan las vistas sobre la quiebra. La vista comenzará hoy con la conclusión del contrainterrogatorio al último testigo de la junta fiscal en favor del PAD, el doctor Glenn George, quien el pasado viernes explicó la metodología utilizada para determinar el cargo heredado.

Fuente: El Vocero

‍