La Junta de Control Fiscal apuesta a que en 2024 esté implementado en todas las agencias gubernamentales un sistema automatizado de tiempo y asistencia que evitaría que se repita el fallo registrado en el Departamento de Educación, cuando se desembolsaron sobre $80 millones en pagos indebidos durante 13 años a empleados que habían renunciado, están retirados o fallecieron.

En entrevista con EL VOCERO, la directora de plan fiscal y presupuesto del gobierno en la junta, Ginorly Ortiz Maldonado, indicó que la iniciativa se ha implementado en cinco agencias -incluyendo Educación- y que los ahorros estimados anualizados del tiempo no registrado ascienden a $50 millones y, con la integración de otra entidad próximamente, se proyecta que se sumarían otros $8.5 millones, para un total de $58.5 millones.

“La iniciativa de tiempo y asistencia ya estaba en los planes fiscales desde 2019, específicamente para Educación. El departamento tenía un ausentismo crónico y sabemos que cuando tenemos salones de clases y no tenemos los maestros, eso produce un rezago en nuestros estudiantes… Pero, durante unas reuniones que tuvimos de implementación en el DE ahí nos enteramos que se habían hecho unos pagos indebidos”, mencionó.

La situación sobre pagos indebidos en Educación fue reportada por la junta fiscal en septiembre de 2020, luego que realizaran una auditoría a raíz de una solicitud que hizo la agencia para recibir más fondos para el pago de nómina.

La entonces directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, dijo entonces que se trataba de aproximadamente 17,000 personas, de las cuales unas 15,000 eran exempleados que cobraron a pesar de estar inactivos.

Ortiz Maldonado explicó que luego de advenir en conocimiento de esos pagos indebidos que transcurrieron desde 2007 hasta 2020, comenzó un esfuerzo interagencial junto a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), el Departamento de Hacienda y Educación para la implementación efectiva del proyecto de Tiempo, Asistencia y Licencia, conocido como T&A o TAL.

“Resulta irónico, pero el Departamento de Educación tenía un sistema de tiempo y asistencia, los relojes biométricos para que los empleados cuando llegaran a trabajar registraran su asistencia, pero ese sistema no estaba atado al sistema de nómina. Así que el empleado ponchaba o no ponchaba, no importaba, no hay consecuencia, porque como quiera recibía su pago”, indicó Ortiz Maldonado, al hablar sobre el avance de la iniciativa.

Añadió que el proyecto permite conectar la información que está en el sistema de asistencia con la nómina y que tras implementarse en Educación, donde ya hay 45,000 empleados registrando su asistencia, se puso en funcionamiento en el Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

Se añadirán más agencias

Próximamente, culminará el proceso en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), lo que equivaldría a $8.5 millones en ahorros por el tiempo no registrado. Además, están en proceso otras 12 agencias, las cuales incluyen el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Departamento de la Familia, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

A estas se sumarían, según dijo, otras entidades como la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), la Autoridad de Puertos, el Departamento de Vivienda, la Administración de Vivienda Pública, la Junta de Planificación, la Administración de los Sistemas de Retiro y la Corporación de las Artes Musicales (CAM). “Continuamos la expansión a todo el gobierno con los sobre 100,000 empleados”, afirmó.

Destacó que la meta es que haya transparencia, responsabilidad fiscal y que los recursos del gobierno se usen adecuadamente. “Son recursos limitados, así que queremos que se usen bien. Ese es el proyecto”, abundó Ortiz Maldonado. “Estamos hablando de millones de dólares y por eso es que queremos continuar el énfasis en la responsabilidad fiscal y la responsabilidad financiera del gobierno”, abundó.

Los retos

Al hablar de los retos encontrados al implementar este programa, Ortiz Maldonado indicó que como es un proyecto interagencial ha habido mucha “colaboración” y “disposición” del gobierno.

“Retos hay desde agencias que registran las acumulaciones de licencias en papel, con empleados que quieren saber qué balance tienen y no saben, porque todo se maneja a mano; y retos de que no tienen ni tan siquiera wifi para poder conectar los relojes y poder trabajar un sistema de tiempo y asistencia automatizado”, sostuvo.

Mencionó que mayormente se han topado con que aunque hay una herramienta para registrar el tiempo y asistencia, no están conectadas a la nómina. “Eso es un ‘issue’ que estamos atendiendo seriamente y con mucho compromiso para resolverlo”, añadió. “No ha habido ningún tipo de renuencia, sino todo lo contrario. Hay mucha colaboración para trabajar este proyecto y completarlo”, aseveró.

Casos activos para recobro de dinero

La iniciativa se implementa a pasos agigantados en las agencias -según destacó Ortiz Maldonado- en momentos en que Educación continúa trabajando para recobrar los millones por pagos indebidos.

“Ellos (Educación) están trabajando con un bufete (de abogados) para hacer el recobro. Entiendo que el Departamento de Justicia también va a estar envuelto en ese ejercicio de cobro”, puntualizó a preguntas de este medio.

Al ser cuestionada sobre si se han identificado otras agencias que tengan el mismo patrón registrado en Educación, respondió que en el caso de ASEM, no tuvo ninguna situación de pagos indebidos. “En el Departamento de Salud y Justicia no tengo esa información sobre pagos indebidos”, agregó Ortiz Maldonado, quien insistió que parte de la responsabilidad fiscal y financiera es velar porque los recursos del Estado se utilicen de una manera adecuada.

Fuente: El Vocero

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