La jueza federal Laura Taylor Swain comenzará hoy a escuchar los argumentos a favor y en contra de la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) en lo que representa la etapa crucial de la reestructuración de la quiebra del País.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero Díaz, confirmó a EL VOCERO que el gobierno apoyará activamente el acuerdo en el Tribunal federal de Hato Rey, a pesar de que mantiene una “objeción limitada” sobre el rol del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en la aplicación del “cargo heredado” que se pretende agregar a la tarifa del servicio eléctrico para el pago a bonistas, y la falta de precisión sobre las leyes estatales que quedarán anuladas de ser confirmado el PAD.

“Nuestra objeción se sostiene, pero reconocemos que tenemos que terminar este proceso lo más pronto posible para enfocarnos en la transformación del sistema eléctrico que no se va a lograr mientras la entidad siga inmersa en un proceso de quiebra”, comentó el también secretario del Departamento de Estado.

Marrero Díaz afirmó que el gobierno está “satisfecho” con la “reducción sustancial” de la deuda que la junta fiscal propuso en el PAD, la cual estimó en un 75 por ciento menor ($2,500 millones) de los $10,000 millones reclamados por bonitas y otros acreedores.

“Aunque reconocemos los elementos beneficiosos del Plan, es el Negociado quien tiene que determinar cómo se pagará el cargo heredado, porque son ellos los que saben las iniciativas a corto, mediano y largo plazo y pueden identificar ahorros de forma tal que se mitigue el impacto”, expresó el directivo.

Marrero Díaz reiteró que la AEE necesita lograr una deuda sostenible para poder transformarse en un “sistema mucho más resiliente que propicie el desarrollo económico y, en su día regrese, a un mercado de capital para financiar obras de capital”.

Una cuestión legal y jurídica

Por otro lado, el funcionario vaticinó que las manifestaciones convocadas durante el periodo de la vista de confirmación -que se extenderá hasta el 19 de marzo- y los comentarios públicos que presentarán mañana en sala una veintena de ciudadanos seleccionados mediante lotería, no tendrán un efecto en el dictamen final del caso.

“La jueza puede comprender y puede discernir en cuanto a lo que es un ejercicio válido y democrático de libertad de expresión de lo que tiene ante sí, que es una controversia jurídica sobre si este plan que se presenta y la orden que la acompaña cumple con los requisitos legales de Promesa (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) y los requisitos aplicables del Código de Quiebra”, abundó.

En ese sentido, Marrero Díaz señaló que el hecho de que se le brinde espacio al pueblo para expresarse en sala, y que varios sectores de la sociedad -como será el caso de varias organizaciones en favor del ambiente y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) – podrán argumentar en contra del PAD, servirá como testimonio a la corte de que “todo el pueblo de Puerto Rico está pendiente de este proceso”.

“Esto es un proceso bien importante porque no solamente se trata de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino que toda la economía de Puerto Rico está en juego. La jueza está consciente del impacto que va a tener esto en la sociedad, no solamente los abonados residenciales, sino también los comerciales e industriales. Ella está consciente de que esto es un servicio básico”, insistió el director ejecutivo.

Algo habrá que pagar

Sin embargo, Marrero Díaz advirtió que en ningún punto del proceso de bancarrota de la corporación pública se ha contemplado no pagar la deuda en su totalidad.

“Reconozco que puede haber sectores que todavía al día de hoy insisten en que no se pague nada y que la deuda no es pagable, pero eso nunca ha sido una realidad. Pretender que se entre en un proceso de reestructuración de deuda de unos bonos con una solución de un cero por ciento es irreal y no se ajusta a la ormative legal”, sostuvo.

Los bonistas están lejos de la realidad

Por otro lado, el funcionario adelantó que el perito de Aafaf, el catedrático del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, en inglés), Simon Johnson, jugará un rol importante en el turno de refutación de la prueba de los bonistas que se oponen a la confirmación del PAD, como los grupos de acreedores no asegurados representados por GoldenTree Asset Management, Syncora Guarantee Inc, Assured Guaranty Corp; el nuevo grupo de bonistas Ad Hoc y la U.S. Bank National Association.

“La posición de los bonistas no es real y está abstraída de la realidad legal y económica de Puerto Rico. Ya en el proceso de estimación (de reclamaciones contra la AEE) lo pudimos probar cuando demostramos que tenían una ausencia total de familiaridad con la realidad económica y legal de Puerto Rico”, sostuvo.

Marrero Díaz destacó que los opositores al PAD han insistido una y otra vez en que la AEE puede pagar más de $2,500 millones, obviando la disminución en la demanda del sistema eléctrico a causa de la baja poblacional de los pasados años y la instalación de más de 100,000 sistemas fotovoltaicos residenciales.

“Vamos a estar refutando la posición de los bonistas y presentando la evidencia clara que aquí seguimos teniendo ingresos promedios por debajo de toda la nación (estadounidense) y uno de los costos más altos de electricidad”, añadió.

Otras controversias en juego

Entretanto, Marrero Díaz destacó que la jueza Swain atenderá otros asuntos durante la vista de confirmación, incluyendo el reclamo de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) sobre el pedido de la junta fiscal para dejar sin efecto el convenio colectivo que el gremio pactó con la AEE.

“También hay varias objeciones, como por ejemplo, una presentada por GoldenTree sobre el proceso de votos; la apelación que tenemos sobre el gravamen de los bonos y la moción presentada para solicitar que se levantara la paralización automática y se nombre un síndico. Son muchos procesos interlocutorios legales que están corriendo junto a la confirmación, así que podemos esperar que, una vez culmine la vista, la jueza se tome su tiempo para tomar una determinación”, dijo Marrero Díaz.

El directivo de Aafaf se mostró esperanzado de que la jueza anunciará su fallo antes de finales de junio.

Fuente: El Vocero

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